- La junta militar golpista busca dar la puntilla a la oposición política con la disolución de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el exitoso partido de la depuesta líder Aung San Suu Kyi, mientras se intensifica el acoso judicial contra la premio Nobel de la Paz.

La Comisión Electoral, nombrada por la junta militar, anunció este viernes que disolverá a la LND por haber cometido "fraude electoral" durante los comicios del pasado noviembre, la justificación original usada por el Ejército para dar el golpe de Estado del 1 de febrero que destituyó al Gobierno democrático de Aung San Suu Kyi.

La formación que gobernaba la Nobel desde 2015 volvió a arrasar en la últimas elecciones en Birmania y humilló al Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), vinculado a los militares, que consiguió 24 escaños frente a los 368 del partido de Suu Kyi.

Los medios oficialistas llevan semanas publicando a diario listas de las supuestas pruebas presentadas sobre la manipulación de más de 10 millones de votos cometidos por la LND en las pasadas elecciones.

La Red Asiática para unas Elecciones Libres (ANFREL, en sus siglas en inglés), que participó en esos comicios como observadores internacionales, rechazó las alegaciones de fraude al presentar el pasado lunes su informe final sobre las elecciones birmanas.

"No hemos encontrado pruebas de que los comicios fueran manipulados; por el contrario, creemos que los resultados son una amplia representación de la voluntad del pueblo birmano", señaló el observador Chung Lun.

Durante el levantamiento militar, los militares cancelaron el Parlamento elegido en las urnas y detuvieron a parte del Gobierno, incluida a Suu Kyi, que desde entonces se encuentra en arresto domiciliario.

Como parte del acoso judicial contra Suu Kyi, el Tribunal Supremo de Birmania decidió juzgar a la líder democrática por violar la Ley de Secretos Oficiales, lo que podría suponer una condena de hasta 14 años de cárcel.

Suu Kyi, de 75 años, se enfrenta además en otro tribunal de Naipyidó a cinco cargos, incluidos la supuesta importación ilegal de dispositivos electrónicos, vulnerar las normas sobre la covid-19 y provocar la alarma e incitar a que se cometan ofensas contra el Estado y el orden público.

El proceso contra Suu Kyi y otros miembros del Gobierno electo se celebra mientras continúan las protestas y la desobediencia civil contra la junta militar que están siendo reprimidos brutalmente por las fuerzas de seguridad, que han matado al menos a 810 personas y detenido a más de 5.000.