PAMPLONA. El Circuito Navarra de Velocidad de Los Arcos, inaugurado el pasado sábado con unos fastos que costaron 95.500 euros al erario público, no es precisamente una obra modélica, ni mucho menos un ejemplo a seguir en el futuro. Al menos así lo interpreta la Cámara de Comptos en el informe que hizo ayer público, en el que critica la "falta de definición previa" en el proyecto y una forma de actuar por parte de la Administración foral en esta polémica infraestructura que "dista mucho de la tradicional".
Entre las conclusiones del órgano fiscalizador navarro destaca que el grupo empresarial Samaniego, que inició este proyecto con un 55% del capital pero que ahora sólo posee el 5%, ha resultado favorecido por muchas de las decisiones tomadas por el Gobierno foral. En concreto, precisa que la constructora "ha obtenido ventajas" al adquirir las unidades de aprovechamiento (UA) a la empresa Circuito de Los Arcos SL "y en el reparto de los gastos de urbanización". Por su parte la Administración, que entró en el proyecto a través de la sociedad pública Sprin con el 45% del accionariado, posee ahora el 95%.
Este hecho no pasa inadvertido para Comptos, que cuestiona que el Ejecutivo navarro decidiera sumarse a un proyecto de iniciativa privado con "una participación minoritaria" de dinero público. "Esta forma de actuar", dice el informe, "dista mucho de la tradicional de la Administración", y añade que "no existe documento alguno que explique la decisión de participar en este proyecto con un inversor privado".
LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS Comptos tampoco pasa por alto que Samaniego obtuvo la adjudicación de las obras tan sólo "17 días antes de que la Administración pasara a controlar la empresa".
Otro dato que llama la atención es el relativo a la adquisición de los terrenos. Comptos advierte que en la transmisión de las unidades de aprovechamiento (UA) de la empresa del circuito a favor de Samaniego se hizo por un precio "significativamente más bajo" que el que se deriva de los estudios del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) y "del resto de transacciones realizadas". El informe observa además que "no está bien definida la propiedad de 6.477 UA" y que el reparto de los gastos de urbanización "tampoco se corresponde con el de los aprovechamientos, puesto que la empresa Circuito de Los Arcos asume un porcentaje superior al de sus aprovechamientos".
IMPOSIBLE CALCULAR EL BENEFICIO Con respecto al beneficio que haya podido obtener el constructor, el informe admite "que no es posible calcularlo" por tratarse de una contabilidad privada a la que Comptos no tiene acceso. No obstante, sí enumera que Samaniego ha cobrado a Circuito de Los Arcos SL 31 millones por certificaciones de obra hasta finales de enero de 2010 y otros 2,4 millones por gastos anteriores a la creación de la empresa, además de que tiene un derecho de opción de compra sobre las participaciones, mientras que ha desembolsado un millón por el 5% del capital de Circuito de Los Arcos y 661.000 euros por la adquisición de las UA al Ayuntamiento, a Circuito de Los Arcos y a otros propietarios.
La viabilidad económica del circuito también está cuestionada en la auditoría, que vaticina que los resultados de explotación serán "negativos" en todos los ejercicios del periodo 2010-2013. Además, prevé que la incidencia que esta infraestructura pueda tener en la zona probablemente repercuta de forma positiva en Pamplona y Logroño, pero no en el área de Los Arcos, debido a que los servicios que tiene "no son suficientes", por lo que el "resultado social" se repartirá entre dos comunidades.
La auditoria, realizada antes de que finalizaran las obras del circuito que ha costado unos 52 millones de euros según Comptos, cifra que el Gobierno foral rebaja a 43 millones, hace una serie de recomendaciones. Entre ellas plantea que, como norma general, se determine un marco para estas "nuevas formas de actuación" desde la Administración foral, a la que insta a que en iniciativas de esta naturaleza sea ella la que tenga el control desde el principio, y que el socio privado sea elegido a través de algún sistema "con concurrencia".
También incide en la conveniencia de soportar este tipo de inversiones importantes con "documentos que incluyan objetivos, indicadores que permitan analizar el cumplimiento de los objetivos, y un plan de viabilidad".
