PAMPLONA. Tanto Barcina como del propio Gobierno foral, cuyo portavoz siempre se ha referido a la Junta de Fundadores, han equiparado la Junta con la Permanente alegando que ambos "están judicializados". Ha sido uno de sus principales argumentos de defensa ante la opinión pública. Hasta el punto de que cuando Miguel Sanz anunció la devolución de las cantidades percibidas en la Permanente, Barcina redobló la apuesta para reintegrar también lo percibido en la Junta. Un gesto que replicaron sus más cercanos colaboradores afectados por el escándalo, el consejero José Iribas y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la concejal Ana Elizalde.

Es la conocida como estrategia del ventilador. Un intento de salpicar al conjunto de la clase política -fueran o no compañeros de partido- en el abuso del cobro de dietas y sobresueldos que, de alguna manera, mitigara los efectos que el escándalo pudiera tener en su propia persona.

De hecho, buena parte de la polémica ha coincidido con el congreso que UPN celebró el pasado 17 de marzo, y en el que Barcina acabó imponiéndose por apenas 76 votos de diferencia. Las informaciones conocidas esos días influyeron de forma directa en una disputa interna que la presidenta llegó incluso a vincular con un interés oculto contra su candidatura.

La devolución de todas las dietas, y no solo las de la cuestionada Permanente, con el argumento de que en todas hubo duplicidad de reuniones dejó en una comprometida situación a su rival, Alberto Catalán, miembro de la Junta de Fundadores, que tuvo que emplear los últimos días de la campaña interna para explicar los motivos por los que no devolvía las dietas.

La confusión estaba ya instalada en una parte importante de la sociedad, que sin llegar a distinguir entre la Junta y su Permanente, volvía a caer en la generalización. Un esfuerzo por compartir responsabilidades que ha afectado varios compañeros de partido y la propia marca electoral, y que ha acabado por romper los puentes con el PSN. Este discurso sin embargo no ha sido compartido por la juez, que desde el principio ha trazado una clara línea divisoria entre la Junta -órgano público y con aval estatutario- de su Permanente -opaca y sin sustento reglamentario-. Y que ha vuelto a quedar en evidencia con la imputación exclusiva de tres de sus cuatro miembros. Todos menos la aforada Yolanda Barcina, cuyas palabras los últimos años suenan hoy con más cinismo que nunca.