Estrasburgo pondrá a examen la política penitenciaria del Gobierno de Sánchez

Fuentes jurídicas del entorno del ejecutivo no descartan que presente recurso contra una sentencia estimatoria a la acumulación de condenas a los presos de eta

07.02.2020 | 14:34
El presidente español, Pedro Sánchez, en un pleno anterior del Congreso de los Diputados. Fotos: Efe

pamplona - La previsible sentencia estimatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a los presos de ETA que han demandando que se les reconozcan los años de condena cumplidos en cárceles francesas en el cómputo para la liquidación de su pena en prisión pondrá a examen la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de dar un giro a la política penitenciaria del anterior Ejecutivo español de Mariano Rajoy, y será un termómetro para medir su capacidad de sacudirse el influjo y la asfixiante presión de PP y Ciudadanos, así como de algunas asociaciones de víctimas. A tenor de las filtraciones, el tribunal de Estrasburgo fallará mañana a favor de la puesta en libertad de una veintena larga de reclusos de la banda al estimar que a sus condenas se les debe restar el tiempo de pena que ya cumplieron en Francia y, por tanto, que el Reino de España ha cometido una vulneración de un derecho fundamental, en este caso contra estos internos de ETA.

Los demandantes son Kepa Pikabea, Santiago Arrospide, alias Santi Potros, Alberto Plazaola y Francisco Mujika Garmendia, también conocido como Pakito, y el fallo afectaría a otros casos pendientes con demandas similares de presos de ETA que han cumplido condena en Francia y ahora, tras su extradición, purgan en cárceles de España hasta el final de sus condenas. En estos casos, la Audiencia Nacional aceptó que la condena en Francia contabilizara en la pena máxima en España, pero posteriormente el Tribunal Supremo anuló esa decisión y el Constitucional rechazó sus recursos de amparo. Agotada la vía judicial en el Estado español, los demandantes recurrieron a la Corte europea. El primero en hacerlo fue Pikabea en diciembre de 2016, y el resto lo hizo meses después.

La oposición parlamentaria y las asociaciones de víctimas con más presencia mediática han elevado la presión contra el Gobierno español en las últimas semanas para exigirle que ponga todo tipo de trabas a la ejecución de la sentencia si, como parece, Estrasburgo da la razón a los presos de ETA. Incluso han llegado a pedir que no se acate la sentencia para evitar así una situación similar a lo que ocurrió en 2015 con la resolución sobre la derogación de la doctrina Parot. También entonces, la Corte europea dio un severo varapalo al Gobierno español liderado por Rajoy, y alrededor de medio centenar de reclusos de la banda abandonaron las prisiones en cuestión de pocos días.

PP, Ciudadanos y algunos colectivos de víctimas ya han puesto el grito en el cielo y han urgido al Gobierno de Sánchez a que obstaculice y frene esa salida masiva de presos. Algunos le han exigido que presenten alegaciones que retrasen la salida de prisión de los demandantes. En otros casos, directamente han exigido que no se acate la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Europeos. Y en algún caso han pedido que se haga presión diplomática sobre los jueces de la Corte europea para que la sentencia tenga un signo diferente al que parece que va a tener.

decisión de sánchez El Gobierno español ya ha avanzado a través de diferentes portavoces que acatará la sentencia europea, pero no se ha pronunciado sobre la posibilidad de presentar recurso como en su día ocurrió con el fallo de la doctrina Parot. Fuentes jurídicas cercanas al Gobierno español aseguran a este diario que "no creen que el Ejecutivo vaya a recurrir contra una sentencia estimatoria". En materia de política penitenciaria, Sánchez se comprometió nada más llegar a la Moncloa a flexibilizar la situación de los presos en clave de reinserción y siempre manteniendo informadas a las víctimas. En este caso, la situación le vendría impuesta como un mandato judicial.

Otras fuentes también jurídicas participadas en el caso no las tienen todas consigo, sobre todo después del bandazo y la marcha atrás de la Moncloa el pasado agosto con la cuestión de las devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera. "No lo veo del todo claro que el Gobierno no vaya a recurrir debido a las presiones que está recibiendo", señala un abogado que representa a algunos presos que están pendientes de la decisión que adopte la Corte europea.

En el origen de su demanda está la directiva europea de marzo de 2008 sobre acumulación de condenas que establece las condiciones en las que se deben tener cuenta las penas anteriores que cualquier preso que haya cumplido en otro Estado miembro de la UE.

La estrategia judicial de la izquierda abertzale pasaba en aquellos años en los que el presidente del Gobierno español era José Luis Rodríguez Zapatero por una solución "integral" del denominado conflicto en el que los presos de ETA eran una pieza más al servicio de una causa mayor. Ningún recluso de la banda extraditado de Francia a España pidió acogerse a esa directiva europea para intentar restar la condena francesa a lo que le queda en España.

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