pamplona - El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, destacó ayer la necesidad de analizar de forma individualizada las peticiones de reclusos de ETA y la kale borroka para modificar su situación en prisión, dado que la disolución de la banda el pasado mes de mayo no prueba por sí sola la “desvinculación” de los reclusos de los objetivos de la organización, ni que haya desaparecido su potencial “peligrosidad”.

Este es uno de los argumentos que utilizan la izquierda abertzale y los presos del colectivo oficial EPPK en las solicitudes para pedir el cambio de grado penitenciario. De los casi 250 presos de ETA que purgan sus condenas en el Estado español la mayoría están en primer grado o régimen cerrado -el más duro- y no llegan a la veintena los que están en segundo grado que da acceso a algunos beneficios penitenciarios. Otros dos, ya desvinculados de la banda tras renunciar a la violencia, lo están en tercer grado y recientemente han sido trasladados a la prisión de Basauri.

El juez de Vigilancia Penitenciaria se refirió a las solicitudes que han presentado desde principios de año alrededor de un centenar de presos de ETA para mejorar su situación penitenciaria a través de una progresión de grado, la mayoría de las cuales han sido rechazadas. El juez afirmó que estas peticiones evidencian un cambio “total” en la actitud de los presos de ETA, que históricamente han mantenido una postura “silente u omisiva” y no planteaban, “de forma consciente”, peticiones que afectasen a la ejecución de sus penas privativas de libertad.

De Castro añadió que ante las solicitudes que plantean ahora los presos de la banda para acceder a una progresión de grado, las juntas de tratamiento de las prisiones han de adoptar decisiones “ajustadas” a la situación de cada interno.

El magistrado recordó que el sistema penitenciario español se rige por el principio de “individualización”, y no ampara a “grupos determinados”. Según señaló, en el caso de los presos de ETA se ha de atender a la situación “personal” de cada uno de ellos, teniendo en cuenta cuestiones como que hayan asumido “los hechos delictivos” cometidos, y que hayan mostrado signos inequívocos de abandonar los “fines terroristas”.

También subrayó que el adiós de ETA no significa que haya desaparecido su potencial “peligrosidad”, en la que se basa la decisión de intervenir sus comunicaciones.

De Castro planteó ayer esta reflexión en una intervención grabada en el seminario Víctimas y Política Penitenciaria de la Fundación Fernando Buesa, que se celebra entre ayer y hoy en Vitoria. El juez de la Audiencia Nacional, cuya presencia en este foro había sido anunciada por la organización, no pudo acudir finalmente al acto, aunque remitió un vídeo con su punto de vista respecto a la situación actual de la política penitenciaria en el Estado español.

El magistrado subrayó la importancia de que los presos de ETA “asuman el hecho delictivo y las consecuencias del mismo”. Además, manifestó que también es necesario que “abandonen los fines de la organización terrorista y asuman valores de naturaleza democrática”. - D.N.