El Parlamento foral aborda la nueva ley de víctimas de violencia ultra tras el veto del Constitucional

La proposición de ley, que parte con el consenso de los 26 votos del cambio y a la que a priori el PSN no se opondría, es la respuesta del Parlamento a la sentencia por la que el Tribunal Constitucional (TC), el pasado 19 de julio, suspendía casi en su totalidad la Ley foral 16/2015 -la anterior ley de reconocimiento a las víctimas de violencia ultra, aprobada en abril de 2015- tras un periplo de recursos, suspensiones temporales y denuncias formuladas desde las más altas instancias del PP a nivel nacional incluyendo el Gobierno de Rajoy, que consideraba que la norma era una humillación a las víctimas de ETA y a la policía y contra la que pleiteó tanto que impidió su aplicación.

Tras los recursos, el Alto Tribunal dio validez a la tesis de la Abogacía del Estado de que el artículo 3 de dicha norma, referido a la creación de una Comisión de reparación que dictaminaría quién era víctima y quién no, puenteaba al poder judicial al utilizar técnicas de la investigación penal. Algo que rechazaron cinco de los doce magistrados del Constitucional, quienes explicitaron en un voto discrepante que la ley navarra “no pretendía suplantar” a los tribunales.

nueva redacción Para evitar posibles recursos, el nuevo texto legislativo incide explícitamente en el carácter netamente administrativo de la norma. “La presente Ley foral no tiene, en ningún caso, finalidad punitiva, y respeta con plena garantía el deber de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales”, se precisa en el preámbulo de la ley. En el artículo 5, por su parte, se deja claro primero que la ley “está sujeta a la ausencia de finalidad punitiva” y que los expedientes derivados de esta ley “no podrán suponer, en ningún caso, vulneración ni afección alguna a las garantías jurídicas y constitucionales de terceras personas”. Es decir, que no se quieren buscar culpables ni castigar a nadie, sino simplemente documentar hechos concretos y reconocer y reparar en varios planos (social, económico, divulgativo...) a víctimas históricamente olvidadas.

Es algo en lo que se ha sido especialmente cuidadoso tras los recursos del PP al Constitucional y la reciente sentencia por la que el TSJN, asumiendo los argumentos del Constitucional, declaraba nula una subvención del Gobierno de Navarra por valor de 30.000 euros para documentar académicamente hechos violentos como las torturas o la muerte de Germán. Desde agosto, el cambio ha trabajado en la nueva ley fijándose en la norma de la CAV (que finalmente no fue suspendida por el TC) y extremando la claridad. El texto subraya en varias ocasiones el carácter administrativo de la ley, su similitud con otras normas forales y estatales y su encaje con las recomendaciones de la ONU o el Consejo de Europa en Derechos Humanos. A partir de ahora, la ley tiene mayor garantía jurídica.

La primera ley, en 2015. En abril de ese año, el pleno aprobó a iniciativa de I-E la Ley foral de reconocimiento a las víctimas de la extrema derecha y funcionarios públicos 16/2015 con los votos de I-E, PSN, Bildu, Aralar y Geroa Bai. Sólo UPN y PP se opusieron.

El PP la denuncia ante el TC. El PP inició entonces una particular persecución de la ley. El Gobierno de Rajoy presentó un recurso que propició la suspensión cautelar de la norma que dictó el Constitucional ya en diciembre de ese año para casi toda la norma, dejando sólo abierta la posibilidad de hacer un homenaje anónimo y la parte divulgativa-educativa sobre la cultura de paz.

Anulada en julio de 2018. Finalmente, el 19 de julio de 2018 el Constitucional declaró nulos la mayoría de los artículos de la ley, al considerar de la comisión de reconocimiento usurpaba al poder judicial. Cinco de los doce magistrados discreparon y el cambio se puso a trabajar en la nueva ley en agosto.

Fomento de la paz y actos. Al margen del núcleo de la ley, que es lo que depende de la comisión de reconocimiento, el texto incide también en el necesario fomento de la cultura de la paz (artículo 6.1.c) y el reconocimiento público de las víctimas mediante actos y símbolos (artículo 7.2). En cuanto a la reparación (artículo 8), se establece que comprende una compensación económica acorde con lo estipulado en la Ley foral 9/2010 de ayuda a las víctimas del terrorismo (artículo 12.2). Y en materia de sensibilización, el Gobierno foral pondrá en marcha “ciclos, cursos, seminarios o congresos” para concienciar sobre la gravedad de conculcar derechos (artículo 21).

EL COMUNICADO DEL CUATRIPARTITO En un comunicado conjunto, los cuatro socios de Gobierno han recordado este jueves que el Tribunal Constitucional "suspendió cautelarmente y posteriormente anuló a finales de julio de 2018 la anterior ley foral de reconocimiento y reparación a las víctimas de actos violentos de motivación política de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos, aprobada en el Parlamento de Navarra en marzo de 2015".

Los cuatro grupos han rechazado "rotundamente" la decisión y han criticado que la sentencia "dejaba a estas víctimas absolutamente desamparadas y que, aun reconociendo su derecho a la reparación y reconocimiento, la sentencia, de facto, negaba el derecho a la verdad".

"Partiendo de esa base y de las dificultades jurídicas existentes, los cuatro grupos parlamentarios nos comprometimos a analizar todas las vías posibles para hacer efectivos sus derechos. Con ese objetivo, hemos estado trabajando intensamente durante los últimos meses, habiendo constatado los obstáculos impuestos por la sentencia del TC, pero con el firme compromiso de intentar sortearlos para que estas víctimas, que a día de hoy no ostentan oficialmente la condición de víctima ni son titulares de derecho alguno, puedan acceder al reconocimiemto y reparación que les corresponde con mayor seguridad jurídica", ha expuesto el cuatripartito.

Según han indicado los socios del Ejecutivo, la nueva proposición de ley es "el resultado del consenso alcanzado a lo largo de estos meses". Y han afirmado que son "conscientes" de que "el texto nace con una carencia fundamental, que es la impuesta por la doctrina del Constitucional, que impide avanzar en el derecho a la verdad y la asunción de responsabilidades".

"Una doctrina y un impulso político al que también responde", en su opinión, "la anulación por parte del TSJN de la subvención del Gobierno de Navarra a equipos universitarios para realizar estudios e informes sobre las torturas y otros hechos violentos provocados por grupos de ultraderecha o funcionarios públicos".

Para el cuatripartito, "en este contexto donde las limitaciones para sacar a la luz la existencia de este tipo de hechos y de estas víctimas son cada vez mayores, es más necesario que nunca dar un paso adelante y abrir un camino para intentar superar los obstáculos impuestos".