pamplona - Que Navarra recupere sus responsabilidades como autoridad competente en sus vías y carreteras depende ya tan solo de un informe del Gobierno de España que detalle cuánto cuesta, a cuánta gente afecta y si se está de acuerdo. No parece sencillo, pero aparentemente se trata de un mero trámite, un documento que está siendo redactado en estos momentos en Madrid. Así, según explicó ayer la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, pocas veces en medio siglo habían llegado a este punto tan avanzado las negociaciones. Fue el pasado 31 de octubre, cuando la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, acordaron acometer la transferencia definitiva de Tráfico y seguridad vial a la Comunidad a través de su Policía Foral, recuperación histórica de una facultad de nuestro autogobierno -arrebatada en el año 1962- y que aunque no se concretó fecha para la firma, se indicó que tendría lugar en la actual legislatura que acaba en mayo. Desde entonces, y en los meses siguientes, se han sucedido una extensa retahíla de dimes y diretes, declaraciones, entrevistas, y se han publicado líneas y líneas en estas mismas páginas que especulaban sobre cuándo se pasaría de las palabras a los hechos. Ayer mismo, fue la consejera de Interior, María José Beaumont, quien puso fin a estas conjeturas y detalló cómo han sido los contactos con el Gobierno de España hasta ahora. Beaumont explicó que el Ejecutivo foral está a la espera de que el Ministerio del Interior elabore una documentación sobre el coste de los medios materiales y humanos para la transferencia de la competencia, a merced del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tráfico (DGT).
La consejera, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento, explicó que el Gobierno de Navarra presentó un borrador de acuerdo en materia de tráfico que se remitió a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y al secretario de Estado en esta materia, José Ignacio Sánchez Amor, y se pidió además una reunión para la primera quincena de enero para tratar este tema. El pasado 14 enero, Beaumont se volvió a dirigir a la ministra y se reunió finalmente con ella el día 30 enero. En ese encuentro, según señaló la consejera, se le dijo que la razón del retraso estaba en que no se había recibido aún de la DGT la información solicitada. Motivo principal del retraso en las gestiones. Una vez recibida esa información, agregó, se recabará el criterio de la Hacienda del Estado sobre la forma en que afecta el traspaso al Convenio Económico y después se contactará con el Gobierno de Navarra para recibir su conformidad o discrepancia al respecto. Si bien la consejera explicó que este es “un procedimiento complejo, en el que intervienen tres departamentos ministeriales. No debería alargarse más en el tiempo” y que lo lógico y lo razonable es “que pueda culminar muy próximamente”.
En lo que respecta a la junta de transferencias, el director general de cooperación autonómica y local, José María Pérez Medina, le comunicó el día 18 de enero, que valorando la mayor operatividad, “la designación de los representantes de la Administración del Estado es flexible y se adapta los temas a tratar en cada ocasión. El Estado da cuenta de la composición de su delegación de forma puntual al inicio de cada sesión”.
La consejera Beaumont también narró cómo el pasado 22 de enero con motivo de la reunión del pleno del Consejo Nacional de Protección Civil celebrada en Madrid, tuvo oportunidad de confirmar con el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en persona los detalles de los “numerosos correos electrónicos y comunicaciones cruzadas” que habían intercambiado y éste le confirmó “los compromisos adquiridos entre el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, y la presidenta del Gobierno de Navarra, la señora Barkos”. Igualmente también lo relacionado con la competencia de sanidad en los centros penitenciarios.
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez, que había formulado la pregunta, valoró positivamente estos pasos ya que “jamás en los últimos 40 o 50 años hemos estado en condiciones de recuperar la competencia de Tráfico, que nos fue sustraída”. Y defendió que “aquello que gestionamos nosotros lo gestionamos mejor, damos un mejor servicio a la ciudadanía” y animó a los grupos parlamentarios a darle “un empujón unánime” a este tema. - D. Burgui
