Elecciones generales el 28 de abril

El PP agita ahora su reforma para pedir cárcel por el referéndum

Presiona a Sánchez en el Congreso y el Senado en la precampaña, también con los traspasos

08.02.2020 | 20:11
Teodoro García Egea y Pablo Casado, ayer ante la prensa.Foto: Efe

bilbao - Pedro Sánchez ha tomado una decisión que puede ser un arma de doble filo. Ha convocado las elecciones generales para el 28 de abril, lo que supone que el Congreso y el Senado van a permanecer abiertos dos semanas más antes de su disolución y, aunque este plazo le da margen para vender los proyectos que le hubiera gustado tramitar, no tendrá margen para aprobar ninguno y se expondrá además al desgaste del PP, que va a presentar iniciativas para que se retrate. Hoy mismo, el Congreso va a debatir a petición del PP la admisión a trámite de la reforma del Código Penal para castigar con cárcel la convocatoria de un referéndum, una iniciativa ante la que el PSOE mantiene un perfil muy bajo y las fuentes consultadas ayer por este periódico evitaron concretar su sentido de voto. El PP pretende erosionar el mensaje del socialismo cuando trata de proyectar que ha roto con los nacionalistas catalanes, uno de los pilares de la precampaña de Sánchez. Por otro lado, en el Senado, el PP pedirá al PSOE que rechace el traspaso de competencias a suelo vasco. Ahora va más allá y pide también hacer valer y defender la aplicación de la legislación básica.

El PP ha dejado para este momento el debate de la reforma del Código Penal. En sentido estricto, la Junta de Portavoces decidió el martes de la semana pasada incluirla en el pleno de hoy, de manera que no se conocía oficialmente el adelanto electoral, aunque sí sonaba con fuerza. Solo se votará la admisión a trámite y no dará tiempo para nada más en esta legislatura porque las cámaras se disuelven el 5 de marzo. Será únicamente un debate para marcar posiciones. Esta iniciativa lleva coleando desde septiembre, y el PP quiere recuperarla ahora para volver a instaurar la ofensiva legal que desplegó Aznar contra Ibarretxe. Casado quiere condenar los referendos con penas de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un periodo superior. No se libran los interventores, con prisión de seis meses a un año, o multa.

Es muy previsible que el PSOE se ponga de perfil con el argumento de que la ley vigente basta y que la cúpula del procés está ahora mismo sentada en el banquillo del Supremo. El PP lo utilizará para negar que se haya alejado de los independentistas catalanes pese a su divorcio en la negociación presupuestaria. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, aseguró ayer en un acto del fórum de Nueva Economía que "el adelanto electoral es el primer acto de la pantomima con la que el Gobierno intentará vender su no negociación con el secesionismo".

En paralelo, el grupo del PP en el Senado pedirá al Gobierno español a través de una moción que se debatirá hoy que no acepte el catálogo de transferencias, "que responde a una lectura exclusivamente nacionalista del Estatuto". Además, le piden que reactive los conflictos judiciales para defender las competencias estatales. "Cuando se trate de competencias concurrentes en materias sobre las que tiene competencia el Estado, defiendan su obligación de ejercerlas, de acuerdo con las diferentes resoluciones del Tribunal Constitucional en esta materia", zanjan. En una iniciativa firmada por Ignacio Cosidó, se pide también que se haga "cumplir" la legislación básica.