pamplona - Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid seleccionado para el juicio del espionaje político a ex altos cargos del PP de Madrid declaró ayer la inocencia de los seis acusados por un delito de malversación de caudales públicos. El portavoz del tribunal del jurado declaró no culpables de los hechos delictivos sobre los que fueron acusados al exdirector de Seguridad Sergio Gamón; a Miguel Castaño, a José Oreja, a José Antonio Coronado y a José Manuel Pinto.

El jurado del caso ha determinado que no se pueden dar como probados los seguimientos aludiendo a la declaración de Enrique Barón y de Alfredo Prada, entre otros. El primero afirmó en su testifical que no se pudo determinar tal extremo, mientras que Prada sostuvo que sus escoltas no detectaron nada raro. Además, no han dado validez a los posicionamientos telefónicos ni tampoco a las pruebas caligráficas de los partes de seguimiento. Sobre la malversación de causales, los ciudadanos que componen el tribunal han concluido que no se han detectado “gastos irregulares”.

Con el veredicto, se pone fin a un procedimiento judicial que nunca ha llegado a “la verdad”, según varios de los acusados. Pese a la retirada de los seguidos, Alfredo Prada y Manuel Cobo, rivales de la entonces presidenta Esperanza Aguirre, el juicio siguió adelante con las acusaciones del PSOE y de la Comunidad de Madrid, en cuyas conclusiones afirmaron que los hechos habían quedado acreditados con la práctica de la prueba en la vista oral.

querella a moix En su alegato final, cuatro de los acusados atribuyeron la acusación a “un sucio montaje político, periodístico y policial” en el que han sido “víctimas de la corrupción política” y “del sistema” al ser vendidos como “carnaza” para “ocultar la verdad” que hay detrás de “detectives” que habrían sido contratos por “los dos grandes partidos políticos”. Tres de los absueltos anunciaron acciones legales contra los que durante 10 años han dicho “barbaridades” contra sus personas. El letrado Javier Vasallo presentará una querella contra los investigadores de la UDEF que llevaron el atestado y contra el exfiscal Manuel Moix a raíz de las declaraciones del excomisario Jaime Barrado, quien admitió que se prevaricó en la investigación. - D.N.