pamplona - El ministro Fernando Grande Marlaska intervino ayer en la Comisión de Interior en el Congreso para, entre otros asuntos, explicarse sobre su gestión en materia de traslado de presos de ETA y sobre la transferencia a la CAV de la competencia de prisiones, que finalmente no se materializará tras el adelanto de las generales. Ante las críticas del PP y de Ciudadanos, Grande Marlaska insistió en que no ha concedido ningún trato de favor a los reclusos de la banda en los últimos ocho meses, sino que se ha limitado a cumplir el reglamento penitenciario. “Que cumplan la pena cerca de su entorno no es un beneficio penitenciario”, aseguró.

En este sentido, el titular de Interior explicó que la política de dispersión, “cuando las organizaciones terroristas están activas”, ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero “cuando han sido derrotadas” pierde su razón de ser. “Ahora tenemos un nuevo escenario al que debe adaptarse la política penitenciaria, siempre dentro del marco de la ley”, defendió, antes de recordar que los gobiernos del PP también trasladaron internos de ETA cuando consideraron oportuno, “incluso con la banda terrorista en activo”.

El ministro se refirió también al traspaso de la competencia de prisiones a la CAV, que está incluida en el calendario pactado entre los Ejecutivos vasco y español, y que quedará en papel mojado debido al final de legislatura. Según Grande Marlaska, se trata de “dar cumplimiento al Estatuto de Gernika”. Recordó además que la transferencia no influiría en materia penitenciaria: “La decisión está relacionada con edificios y funcionarios, la política penitenciaria corresponde al Estado”.

El tono en las intervenciones de Ciudadanos y PP, que interpelaron al ministro sobre la dispersión y las transferencias, fue muy duro. El diputado de la formación naranja, Miguel Gutiérrez, le acusó de seguir “la hoja de ruta de los terroristas” y de estar “más preocupado por cumplir los anhelos de ETA” que por estar junto a las víctimas. En la misma línea, Gutiérrez calificó de “indecente” que el Ejecutivo español retirara el recurso a la ley vasca de abusos policiales y anticipó “un tribunal elegido por afines a ETA que dictaminará qué policías torturaron a etarras”. El popular José Alberto Martín-Toledano se pronunció en términos similares y lamentó que el PSOE “ha dejado el Gobierno en manos de los enemigos de la Constitución y de España”.

Respecto a las formaciones vascas que intervinieron en el debate, PNV y EH Bildu coincidieron en reclamar que se cumplan los derechos de los presos. Según defendió el diputado jeltzale Mikel Legarda, “los derechos no quedan al albur del poder ejecutivo y el judicial, si es un derecho hay que cumplirlo”. Por ello, considera que no hay excusa para evitar que los reclusos cumplan su pena en un centro próximo a su domicilio. Por su parte, Marian Beitialarrangoitia dudó de la “sinceridad” de las palabras del ministro y le acusó de mantener una política penitenciaria “inhumana”.