MADRID. El exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha acusado este lunes al exconseller de Interior Joaquim Forn y a la cúpula de los Mossos d'Esquadra de mostrarse reacios a cumplir con el mandato tanto de la Fiscalía como del TSJ de Cataluña para impedir el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Según Nieto, desde la cúpula de Interior se percibió con "preocupación" la respuesta que dio Forn a una carta enviada el día 22 de septiembre por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, informando del refuerzo policial de unos 6.000 agentes movilizados para cumplir con la instrucción 2/2017, de 8 de septiembre, de la Fiscalía Superior de Cataluña.

"La percepción que tenía la Generalitat era absolutamente distinta a la nuestra. Decía que no se reconocía la interpretación legal en la que se amparaba la orden, que no era necesario porque la capacidad de los Mossos era suficiente", ha explicado Nieto en alusión a la instrucción de la Fiscalía tras las 'leyes de desconexión' y la convocatoria del 1-O.

"Nos sorprendió especialmente que nos dijera que no había habido ningún tipo de concentración tumultuosa y que habían sido pacíficas y familiares", ha relatado Nieto, recordando los hechos "violentos" del 20 de septiembre en el registro de la Consejería de Economía también por mandato judicial.

Nieto ha explicado que, de acuerdo a la información posterior, Interior supo que las movilizaciones de grupos afines al independentismo "no eran espontáneas". Ha culpado de ello a los CDR, cuya "estructura sólida" permitió una coordinación que, con ayuda de medios de comunicación, llamaba a movilizaciones "en actitud violenta o que facilitaba que se produjeran actitudes violentas".

Al ser preguntado por el fiscal Javier Zaragoza si en esas movilizaciones intervino la ANC, Nieto ha contestado que sí, que "en prácticamente en todas". Y lo mismo al ser cuestionado por el papel de Omnium Cultural.

El exsecretario de Estado ha afirmado que la "alineación" del mayor Josep Lluis Trapero con el Govern era "total", aunque confiaron en que los demás mandos de los Mossos d'Esquadra no darían la "espalda" a la orden de impedir el 1-O, aunque "desgraciadamente no fue así". Ha señalado que tras la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017 la confianza del Gobierno con los Mossos d'Esquadra "ya era mínima".

Nieto ha indicado que el Gobierno partía con la idea de "confiar" en los Mossos d'Esquadra y que la Policía Nacional y la Guardia Civil auxiliarían a la policía autonómica para cumplir las resoluciones judiciales para impedir el referéndum, aunque progresivamente empezaron a "dudar" de esta confianza.

Entre los hechos que les llevaron a dudar de los Mossos, Nieto ha puesto como ejemplo que durante la Junta de Seguridad del 28 de septiembre le preguntó a Trapero si vería necesario el uso de la fuerza el 1-O en el caso de que sus agentes que fueran a cerrar los colegios se viesen rodeados por activistas a favor del referéndum.

"Si hay niños y personas mayores, no", le contestó Trapero, según ha sostenido Nieto, que ha subrayado que tuvo "claro" que se trató de una "excusa" para finalmente no tener que intervenir.

Nieto ha resaltado que los responsables del Ministerio del Interior entendieron que por parte del mayor Trapero -actualmente pendiente de juicio por rebelión en la Audiencia Nacional-, su "alineación" con el gobierno de Carles Puigdemont "era total" en vísperas del 1-O.

No obstante, confiaban en que en la cúpula de los Mossos, la Prefectura, prevaleciera entre los demás comisarios "lo que nunca puede dejar de prevalecer: jamás se puede poner un cuerpo policial de espaldas o de canto ante un mandato judicial".

"Los Mossos tienen grandísimos profesionales y entendíamos que finalmente se iba a imponer ese criterio (no dar las espalda a la justicia), pero desgraciadamente no fue así", ha lamentado Nieto.

Ha confesado además que la Junta de Seguridad fue "bastante compleja de manejar" y llegó a ser "surrealista" dado que el Gobierno intentaba debatir cómo impedir el referéndum con quienes lo habían impulsado.

"Estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar el 1-O con quienes habían convocado el 1-O", ha señalado.

Según ha dicho, en aquella junta ni Puigdemont ni el exconseller de Interior Joaquim Forn ni Trapero trasladaron al Gobierno "nada que tuviese que ver con un plan operativo" dirigido a impedir la celebración del referéndum sino más bien "excusas que justificaran que no se iba a hacer".

Por parte del Govern de Puigdemont se les dijo -según ha explicado Nieto- que habría personas "que entendieran" que la ley "era lo que se había aprobado en el Parlament (la ley del referéndum) y no las decisiones posteriores del Tribunal Constitucional y la Fiscalía".

"Algo que resulta absurdo", en opinión de Nieto, puesto que la obligación de todos los presentes en esa reunión era "cumplir y hacer cumplir la ley".

Mientras Puigdemont sostenía que "el bien supremo a proteger" era la convivencia ciudadana, desde el Gobierno se les trasladó que "lo sustantivo" era cumplir con un mandato judicial "muy claro" y "con una serie de garantías, como la proporcionalidad".