barcelona - El Govern ha anunciado que preparará una “respuesta combativa” a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las esteladas de edificios públicos, mientras desde el Gobierno y otros partidos han advertido a la Generalitat de que debe cumplir el mandato. La Generalitat tiene hasta hoy por la tarde para cumplir con la retirada de los lazos y las esteladas, porque el lunes la JEC le dio 48 horas para hacerlo.

Pero el Govern tiene intención de presentar alegaciones a esta decisión que la portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, calificó de “ridícula”. “No puede ser que se interfiera de este modo en nuestra forma de vivir y hacer política”, dijo Artadi, quien rechazó la tesis de la JEC de que éstos son símbolos partidistas. Pero desde el lado constitucionalista fueron muchas las voces que instaron al Govern a cumplir con el mandato de la Junta Electoral. Incluso, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió de que si el Govern no obedece a la orden de la JEC “el Estado tiene instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones”. Borrell defendió la decisión de la JEC, “muy atinada” en su opinión, como también lo han hecho otros dirigentes políticos como la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, que considera la orden “de sentido común”. “Las plazas y las calles son de todos”, dijo. Y la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, avisó a Torra de que las decisiones de la Junta no son “simbólicas” sino “algo muy serio” que “no puede tomarse a broma”.

El president y otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a multas de 300 a 3.000 euros e incluso a una denuncia por desobediencia en Fiscalía si no cumplen la orden de la JEC. Con esa resolución, el máximo órgano arbitral acepta una petición registrada por Ciudadanos, que se quejaba de la exhibición en Catalunya de símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos en periodo electoral, algo prohibido por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

sanción Fuentes de la Junta Electoral Central admiten que este procedimiento abrirá un largo camino de denuncias, alegaciones y recursos que se irán resolviendo caso por caso en la instancia donde corresponda, sea provincial o estatal, y sea por la vía administrativa o por la judicial. De entrada, el primer señalado es el president Torra, que aparece citado expresamente en la resolución de la JEC porque fue él quien presentó las alegaciones de la Generalitat ante la denuncia inicial de Ciudadanos, en lugar de delegar en la Consejería de Presidencia, que es donde la Junta Electoral había remitido el escrito. Una vez que acabe el ultimátum de 48 horas, tanto el partido denunciante, Ciudadanos, como las juntas electorales provinciales, a quienes la JEC remitió su resolución, podrán hacer un seguimiento y denunciar los incumplimientos en cada edificio.

Las juntas provinciales podrán abrir después un expediente, dando a la Generalitat la oportunidad de presentar alegaciones, y finalmente podrá concluir con una sanción que va de 300 a 3.000 euros en el caso de mandatarios públicos. Y, además de esta sanción administrativa por infracción electoral, una junta electoral puede acordar también la remisión del expediente a la Fiscalía al entender que se ha producido un delito de desobediencia.

Por un hecho similar, la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera estelada colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.

En la resolución de la JEC se recuerda que, tanto el lazo amarillo por los presos del proceso independentista, como la bandera estelada de los independentistas “son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones”. - D.N.