pamplona - El Gobierno ha puesto finalmente fecha, el 10 de junio, a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su inhumación en El Pardo, y ha tomado esta decisión sin saber si el Tribunal Supremo detiene el proceso como medida cautelar mientras resuelve el recurso de la familia. Si el alto tribunal deja seguir el procedimiento, el traslado de los restos de Franco tendrá lugar casi un año después de que Pedro Sánchez se comprometiera a hacerlo, y será además en una nueva legislatura, aunque no se sabe si para entonces se habrá formado nuevo Gobierno.

El Ejecutivo ha defendido la fecha elegida precisamente por ser después de los dos procesos electorales que se van a celebrar, las elecciones generales del 28 de abril y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y así lo argumentó en la rueda de prensa posterior al Consejo la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Calvo, además, advirtió de que gobierne quien gobierne para entonces debe cumplir la ley vigente y por tanto ejecutar la exhumación y el traslado de los restos del dictador al lugar elegido por el Ejecutivo, el panteón de Mingorrubio en el cementerio de El Pardo. “Esta decisión la tiene que cumplir cualquier Gobierno mientras sea legal” y sólo podrá dejar de hacerlo si se modifica la norma vigente, ha insistido la vicepresidenta.

No se puede en cualquier caso vaticinar si para esa fecha habría un nuevo Gobierno que revocase la decisión cambiando la ley. Los plazos hacen pensar que es difícil que así sea, porque las Cortes se constituyen el 21 de mayo, después tienen que pasar las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y no se espera que sea hasta días posteriores cuando el Congreso celebre la investidura del presidente del Gobierno.

Si un nuevo Gobierno quisiese revocar esta ley a contrarreloj tendría que hacerlo con un Real Decreto Ley que convalidase las nuevas Cortes. Además, para entonces el Gobierno espera que el Supremo haya resuelto si toma medidas cautelares que comporten detener la exhumación.

Fuentes del Ejecutivo confían en cualquier caso en que el alto tribunal no paralizará el proceso, porque creen que el expediente es “impecable”. Y en cualquier caso señalan que el daño no es irreversible porque si el Supremo diese finalmente la razón a la familia, los restos de Franco podrían ser devuelto a la basílica en la que se encuentran.

Calvo explicó en la comparecencia cómo quiere el Gobierno llevar a cabo la exhumación. Será un acto privado para respetar la intimidad de la familia, que puede estar en la exhumación y en el entierro de El Pardo, y el “decoro” que el Gobierno, subrayó, ha prometido en todo momento. Y será privado también, sin imágenes, ni comunicación ni convocatoria pública del traslado de los restos, porque no se trata de un “espectáculo”, apostilló la vicepresidenta.

Para el Ejecutivo, el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde ya está enterrada la esposa de Franco, Carmen Polo, permite “garantizar tanto las condiciones de dignidad y respeto como la digna sepultura exigidas”, aunque no sean el lugar que reclamaba la familia, la catedral de La Almudena, que el Gobierno rechazó por cuestiones de seguridad.

Calvo también insistió en su convencimiento de que no habrá problemas con la Iglesia para acometer la exhumación. Recordó en este sentido que la Iglesia ya ha dicho que no iba a obstaculizar la decisión que tome la autoridad competente. Y dicha autoridad, subrayó, es el Consejo de Ministros que ayer decidió la fecha.

Casi un año después de que Sánchez anunciase su intención de cumplir el mandato del Congreso y exhumar los restos de Franco, Carmen Calvo insistió en que esta promesa se habría cumplido mucho antes si la familia hubiese asumido la decisión sin intentar pararla con todos los instrumentos que ha tenido a su alcance. En cualquier caso alabó la forma de proceder del Gobierno en todo este tiempo, siguiendo los pasos preceptivos dentro de sus competencias y respetando a la justicia. Y defendió que el Gobierno no haya esperado a la decisión del Supremo para poner una fecha, porque según dijo cumple con sus competencias con rigor jurídico.

Fuentes del Ejecutivo recalcan que ya solo el Supremo puede parar este procedimiento, porque por ejemplo, advierten, no se necesita licencia de obras para la exhumación, según la Ley del Suelo.

En cuanto al futuro del Valle de los Caídos, Carmen Calvo apuntó que “lo urgente” ahora es el traslado de los restos de Franco. Después, aclaró, se deberán dar los pasos para que convertirlo en un lugar de “respeto, reposo y recuerdo” para las más de 30.000 víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil allí enterradas.

Podemos criticó la “tomadura de pelo” que supone, a su juicio, el “enésimo” anuncio del Gobierno en relación a la exhumación. El líder del partido morado, Pablo Iglesias, criticó en concreto el hecho de que a pesar de que Sánchez se comprometió a exhumar a Franco, ahora diga “que el próximo Gobierno a lo mejor lo hace. El Gobierno se comprometió con nosotros a quitarle la medalla al torturador Pacheco alias Billy el niño. No lo hizo. Se comprometieron después a sacar al dictador de Los Caídos. Ahora dicen que el próximo Gobierno a lo mejor lo hace. Algo hemos aprendido: Ciertas cosas sólo ocurrirán si Unidas Podemos gobierna”.

La presidenta del Congreso, la dirigente del PP Ana Pastor, enmarcó el anuncio en la proximidad de las elecciones. “En campaña electoral o en precampaña unos se dedican a unas cosas y otros a hablar del empleo, de las mujeres, de sus problemas, de la mejora de la educación o de las listas de espera”. Vox, por su parte, acusó al Gobierno de “mentir” al anunciar la exhumación. “No se atreverá a profanar una sepultura”, dijo. El partido de Santiago Abascal sostuvo que Franco “solo saldrá del Valle de los Caídos si así lo decide el Supremo”. - D.N.

El Gobierno pide aparta al juez Yusty

Criticas a la memoria. Sobre la licencia urbanística para levantar la lápida bajo la que se encuentra Franco, que fue suspendida por un juzgado de lo contencioso-administrativo, fuentes del Gobierno recordaron ayer que el asunto fue estudiado por 17 jueces y solo uno de ellos la ha aceptado. Por ello, la Abogacía del Estado va a solicitar que se acumulen todas las causas, lo que debe hacer ante el primer juez que resolvió el asunto y ha pedido apartar al que paralizó la licencia, José Yusty Bastarreche, por sus críticas a la Memoria Histórica, definida por el juez como “el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro”.