abusos policiales entre 1978 y 1999

El Gobierno vasco abre en junio el plazo de las víctimas policiales

Inicia el periodo de solicitudes, y comenzará a analizarlas en julio cuando apruebe el decreto

09.02.2020 | 08:04
Jonan Fernández, con la directora de Derechos Humanos, Monika Hernando.

Bilbao - El Gobierno vasco ha decidido adelantar los plazos para que las personas que sufrieron abusos policiales entre 1978 y 1999 puedan solicitar cuanto antes una reparación. Según ha podido saber DEIA, la secretaría de Convivencia de Jonan Fernández abrirá el plazo para enviar solicitudes el próximo mes de junio. En sentido estricto, no se podrán atender esas peticiones hasta julio, porque será entonces cuando se redacte y se apruebe en Consejo de Gobierno el decreto que desarrolle la ley y las pautas de funcionamiento de la comisión de expertos que analizará los casos, pero adelantar a junio la recepción de las solicitudes de las víctimas es un gesto que va a permitir que se agilicen los trámites y se pueda ir avanzando lo máximo posible.

Este acelerón se produce en un escenario de seguridad jurídica. La ley se aprobó en un pleno parlamentario el pasado mes de abril, y recoge una serie de modificaciones que la refuerzan y que fueron pactadas con el Gobierno español de Pedro Sánchez a cambio de que retirase el recurso que planteó el expresidente Rajoy ante el Tribunal Constitucional. El recurso de Rajoy afectaba a la anterior ley, la de 2016, y la aprobación de la nueva norma pone fin al pleito y abre una nueva fase donde el gabinete de Urkullu tiene el camino despejado para poner remedio al agravio histórico que han sufrido las víctimas policiales. PP y Ciudadanos siguen estando en contra de esta nueva ley, pero solo el Gobierno español tiene la capacidad de congelarla de manera automática con el mero hecho de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Es muy previsible que Sánchez repita como presidente y, por lo tanto, no se prevé ningún problema con esta ley porque fue pactada con el propio socialista. Sindicatos policiales como el SUP batallan en paralelo para reactivar el conflicto, pero se han topado con los varapalos de la justicia ordinaria en el Tribunal Superior del País Vasco.

la comisión El Gobierno vasco abrirá en junio el plazo de solicitudes, y en julio aprobará el decreto que regulará el funcionamiento de la comisión de expertos encargada de evaluar los casos. Será a partir de entonces cuando se puedan evaluar de manera oficial las peticiones. La comisión la integran diez personas, y entre ellas se encuentra el prestigioso forense Paco Etxeberria. Participan, además de la directora de Derechos Humanos, Monika Hernando, tres personas nombradas por el Parlamento (los titulares son Paco Etxeberria, Juana Balmaseda y Eloína Mayo), tres sugeridas por Jonan Fernández (Jon Mirena Landa, Sabino Ormazabal y Luis Salas), y dos peritos y una psicóloga del Instituto Vasco de Medicina Legal (Benito Morentín, David del Valle y Mariam Elizegui).

La comisión llevará a cabo un procedimiento de reparación administrativa, centrado en reconocer a las víctimas y reparar su dolor, y no pretende entrometerse en la labor de los tribunales ni emular un proceso penal, buscar culpables o esclarecer hechos. La modificación de la ley también garantiza la protección de los datos de las fuerzas de seguridad, aunque los sindicatos policiales siguen insistiendo en que se pretende causar un daño reputacional.

Además del reconocimiento, la ley prevé una compensación económica para las víctimas que hayan sufrido daños permanentes (135.000 euros por fallecimiento, 390.000 por gran invalidez, 95.000 por incapacidad permanente absoluta, 45.000 por incapacidad permanente total, y 35.000 por incapacidad permanente parcial). El Gobierno vasco calcula que el número de personas que se pueden acoger se movería en una horquilla de entre 300 y 450. Entre ellas, se encontrarían los familiares de Lasa y Zabala, los jóvenes torturados y asesinados por los GAL; y Gladys del Estal, fallecida en una protesta antimilitarista.

La modificación de la ley se aprobó con el apoyo de PNV y PSE, las abstenciones de Bildu y Elkarrekin Podemos, y el rechazo del PP. La llegada del popular Pablo Casado a La Moncloa hubiera dejado en el alambre esta norma, porque hubiera tenido a su disposición el resorte de pedir la suspensión cautelar. El PP sigue oponiéndose, pero no puede suspenderla con su mero recurso. Por lo tanto, la ley seguiría vigente y, para cuando llegara una sentencia del Constitucional, que tiene unos plazos muy laxos para decidir, el proceso de reparación estaría concluido y el fallo judicial solo tendría valor declarativo y no práctico.