La Memoria Histórica de Navarra ha sido elevada a rango institucional para dignificar a las víctimas del 36

El Gobierno ha aumentado el 30% el presupuesto para cumplir y desarrollar la ley - Rescatar víctimas, documentar y transmitir la historia, y eliminar símbolos franquistas son los objetivos

09.02.2020 | 09:38
El Gobierno del cambio celebró el 1er homenaje a las víctimas del 36 reconociendo a los funcionarios asesinados. Ricard Mula, junto a Uxue Barkos, descubre la placa en el Palacio de Navarra.

El Gobierno de Navarra ha aumentado el 30 % el presupuesto para cumplir y desarrollar la legislación

pamplona - El Gobierno de Navarra, de la mano de las asociaciones memorialistas y tras recoger el testigo de las actuaciones emprendidas por ellas y las familias de los asesinados tras la muerte del dictador, ha liderado por primera vez las acciones en favor de la memoria histórica y el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del alzamiento franquista de 1936 y de sus familiares y entornos.

Por primera vez, esta materia se ha estructurado dentro de la Administración foral en una dirección general, lo que ha permitido hacer más operativas las actuaciones y disponer de presupuesto ad hoc, que ha ido aumentando cada año. Si en 2016 la aportación pública a la memoria histórica rondó los 600.000 euros, el presupuesto para este año 2019 asciende a 1.939.951 euros (en estas cuantías se incluyen los gastos de personal y en el último año una previsión de 500.000 euros para adecuación de los locales en los que ubicar el Instituto Navarro de la Memoria Histórica previsiblemente en el Palacio de Rozalejo). Ha crecido un 30% en los 4 años.

Teniendo en cuenta que en años precedentes la inversión pública se limitó a subvenciones a las asociaciones memorialistas para acometer algunas exhumaciones, ayuda de 12.000 euros/año para el parque de Sartaguda (cuando la hubo), la encomienda a la empresa pública Tracasa de la elaboración del Mapa de Fosas y a la UPNA el Fondo Documental, y poco más, la apuesta ahora es destacada cualitativa y cuantitativamente.

Las acciones en esta legislatura se han centrado en dignificar a las víctimas y sus familias. Precisamente la búsqueda de restos humanos que aún quedan en campos y cunetas, las exhumaciones e identificación con las analíticas en el Banco de ADN (tras su creación en 2017), unido a las acciones para la democratización de espacios públicos, declaración de lugares de memoria o el programa de Escuelas con Memoria en el que han participado ya más de 5.000 escolares son los principales pilares que han sustentado la acción del Gobierno foral.

El primer gran hito de la institucionalización lo constituye la creación del Instituto Navarro de la Memoria al suponer un empuje a estas políticas que han recuperado el espacio que nunca debieron perder. El segundo gran hito se ha producido hace unos días con la asunción por parte del Gobierno de la gestión del parque de la Memoria de Sartaguda, un espacio impulsado por los vecinos y arropado por quienes han tomado conciencia de la represión del 36.

treinta años de parón En Navarra no hubo frente de guerra al uso pero hubo asesinatos al amparo del alzamiento. Se estima que el bando golpista pudo dar muerte en Navarra a 3.267 personas, cuyos restos fueron enterrados mayormente en lugares ocultos para escarnio de sus familias y de la ciudadanía que defendía el régimen republicano instaurado en las urnas. Este pasado sigue ahí, y aunque es prácticamente imposible saber a ciencia cierta cuántos cadáveres quedan por localizar, tras las exhumaciones tempranas iniciadas después de la muerte de Franco -las anteriores en los años sesenta fueron escasas y clandestinas-, y las que se han ido realizando estos últimos años, podrían ser aún cientos de asesinados en Navarra con paradero desconocido. El parón de treinta años por la inacción de los gobiernos estatal y navarro, supuestamente amedrentados por el intento golpista del 1981 y otras amenazas de la ultraderecha, se ha llevado consigo la vida de muchos testigos de primera fila que en estos años podían haber colaborado en el hallazgo de estas víctimas. Madrid aprobó la ley estatal en 2007, pero los incumplimientos y recortes presupuestarios los últimos años han contribuido poco o nada a su desarrollo.

de terror a paz y convivencia El Gobierno de Navarra en esta legislatura ha centrado su acción en dos ámbitos de trabajo: la Memoria histórica (1936-1975) con la Guerra Civil y el franquismo como ejes, y la Memoria reciente (1960-actualidad), cuyos programas se insertan en la dirección general de Paz y Convivencia, hecho que lo dice todo. Como ejemplo de la filosofía que priman en las acciones referidas al 36, cabe recordar que desde hace unos días Navarra cuenta con seis lugares de memoria histórica ya declarados oficialmente -a los que en breve se sumarán otros siete- que quedarán señalizados, serán visitables y cuya catalogación al amparo de la nueva ley "va a permitir transformar unos espacios que fueron de terror con el golpe de Estado de 1936 en lugares de recuerdo y de transmisión de valores de paz y convivencia", destaca la consejera Ana Ollo de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, del que depende la política de memoria histórica.

UPN y PP no apoyaron la ley Las actuaciones desarrolladas entre 2015 y 2019 suponen, explica Josemi Gastón, director del Instituto de la Memoria), cumplir y desarrollar la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de Reconocimiento y Reparación Moral de las ciudadanas/os navarros asesinados y Víctimas de la Represión a raíz del golpe militar de 1936. Esta ley tiene sus precedentes en 2003, cuando el Parlamento aprobó (con la abstención de UPN) una declaración institucional, impulsada por Affna36, en favor del recuerdo, reconocimiento y reparación de represaliados en la Guerra Civil en Navarra.

A esta iniciativa siguió la Ley Foral de Símbolos que fijó un año para que las autoridades procedieran a la retirada de la simbología franquista. Ante su incumplimiento, Nafarroa Bai presentó en 2008 una moción para exigir al Gobierno de Navarra un plan para eliminar dicha simbología que fue aprobada por unanimidad. Este acuerdo también incumplido culminó con la presentación la legislatura pasada, desde Izquierda-Ezkerra y con respaldo del resto de la entonces oposición, de la ley de memoria histórica. Ésta fue aprobada el 26 de noviembre de 2013 y lamentablemente no alcanzó la unanimidad al abstenerse UPN y votar en contra el PP.

principales inversiones

Presupuesto: Aumenta un 30,9% en la legislatura. Por primera vez, esta materia se estructura en una dirección general que ha permitido hacer más operativas las actuaciones y disponer de presupuesto que ha ido en aumento cada año. En 2016 la aportación pública a la memoria histórica rondó los 600.000 €, el presupuesto para 2019 asciende a 1.939.951 € (incluye gasto de personal y previsión de 500.000 € para adecuar los locales del Instituto de la Memoria).

Exhumaciones. El convenio con la Sociedad Aranzadi (100.000 € al año) ha rescatado los restos de 64 personas en más de 12 exhumaciones (Ibero, Olabe, Otsoportillo, Gaztelu, Usetxi, Ursasun, Burutain, Linzoain, Anozibar, Urdaniz, Artaiz, Etxalaz entre otras).

víctimas

3.441

Nombres de personas figuran en el muro del parque de la Memoria de Sartaguda. Son 2.700 vecinos fusilados en sus pueblos, 567 que murieron en el Fuerte San Cristóbal, los navarros muertos en el campo de concentración de Mauthausen (Alemania) y los que perdieron la vida en los trabajos forzados impuestos por la dictadura militar franquista.

Identificaciones. La creación en 2016 del Banco de ADN (empresa pública Nasertic e inversión de 170.000 € en 2016-19) ha identificado 24 cuerpos y tomado muestras de ADN a 144 familiares.

Mapa de fosas. Encargado a Tracasa la legislatura pasada, el arranque del mapa fue en 2012 con 221 lugares. Se ha mantenido la labor y la inversión en dicha empresa pública ronda 58.000€ en esta legislatura.

Documentación. El Gobierno del cambio ha consolidado el convenio con la UPNA para proseguir el Fondo Documental de víctimas del 36 (lo aprobó el Parlamento en 2009), al que ha destinado 320.000 € esta legislatura. El Instituto de la Memoria puso en marcha en 2017 el Fondo Documental con archivos, grabaciones de testimonios, publicaciones, etc al que se le han asignado 170.000 € para investigaciones.

Lugares de Memoria. Para la adecuación y señalización de estos lugares se ha destinado 110.000 € (2018-19) y 130.000 € a subvencionar a entidades locales para lugares de memoria y retirada de simbología franquista.

Escuelas con Memoria y actos de sensibilización. Al programa de Escuelas con Memoria se destinan unos 20.000 €/año y para las actividades de sensibilización (exposiciones, charlas, etc), un total de 195.000 € en los cuatro años.