pamplona - El veto del Parlamento Europeo a Carles Puigdemont y Toni Comín se extendió ayer a todos los eurodiputados españoles que fueron elegidos el 26-M, en una decisión del presidente de la Cámara, Antonio Tajani, a petición de los grupos del PP, PSOE y Ciudadanos, que ha perturbando de forma notable el inicio de la legislatura en Bruselas. La presencia de los dos candidatos de Junts per Catalunya, que están pendientes de jurar la Constitución y recoger su acta en Madrid tras resultar electos el pasado domingo, ha acabado por afectar al normal funcionamiento de las instituciones europeas, en el afán por cortarles el paso por su condición de huidos de la Justicia.

Este portazo se visualizó de forma explícita el pasado miércoles cuando, por orden del secretario general del Parlamento Europeo, Klaus Welle, se impidió el acceso al expresident de la Generalitat y el exconseller cuando trataban de iniciar los trámites para ejercer de eurodiputados. Los dirigentes soberanistas pretendían recoger una acreditación temporal para facilitar su acceso al Parlamento, como ya habían hecho cargos electos de otros partidos como la esposa de Raül Romeva, Diana Riba (ERC). La Eurocámara ya incurrió entonces en un exceso de celo porque no podía exigirles haber jurado la Carta Magna y recogido su acta, un procedimiento que tampoco ha llevado a cabo con los diputados que ya cuentan con un pase temporal.

Quizás por ello, el presidente del Parlamento Europeo en persona, Antonio Tajani, optó ayer por una decisión salomónica y dio instrucciones para que se suspendan las acreditaciones temporales a todos los eurodiputados españoles, y que se anulen también las ya emitidas. Esta medida permanecerá en vigor hasta que las autoridades españolas envíen una lista oficial de los electos. Entre los que sí habían podido recoger su pase en la Eurocámara se encuentran José Ramón Bauzá, de Ciudadanos, Juan Ignacio Zoido (PP) y Pernando Barrena (EH Bildu). Ahora, sin embargo, han visto suspendida su acreditación temporal hasta nueva orden.

La taxativa resolución adoptada por Tajani respondió a una petición expresa trasladada por los actuales jefes de las delegaciones del PP, el PSOE y Cs, Esteban González-Pons, Iratxe García y Javier Nart, respectivamente. El máximo responsable del Parlamento Europeo explicó en su respuesta que, según le informaron los tres portavoces españoles, “esta práctica administrativa” de conceder acreditaciones temporales “puede causar perturbaciones políticas en España, donde los resultados electorales aún no son definitivos y el recuento continúa”. De este modo, las suspende “para evitar cualquier tipo de interferencia en un procedimiento nacional”, asumiendo las tesis de PP, PSOE y Cs.

Tajani agrega que la acreditación solo es definitiva una vez llega la lista oficial de los elegidos y que “corresponde a las autoridades nacionales y no al Parlamento Europeo declarar los resultados finales de las elecciones”. Insiste en que la acreditación temporal “no tiene efectos legales y no da lugar a ninguno de los derechos que tiene un parlamentario”, y que su único fin es facilitar a los nuevos electos la asunción de sus nuevas tareas y que puedan estar operativos a tiempo de la sesión constitutiva de la Eurocámara, el 2 de julio.

Queja formal Antes de que saliera a la luz esta resolución de la Cámara, Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín enviaron una carta a Antonio Tajani y otra a Klaus Welle en la que presentaban una queja formal por el “trato discriminatorio” que sufrieron al impedirles la entrada en el Parlamento Europeo el pasado miércoles. Reclamaban la “documentación donde conste la prohibición”, así como “acceder a la grabación de las cámaras de seguridad que prueban todo lo que pasó”, al tiempo que enviaron otra carta en el mismo sentido a la Defensora del Pueblo, Emily O’Reilly.