pamplona - El batacazo electoral del PP el pasado 28 de abril no solo tiene consecuencias políticas sino también económicas. Al reducir su presencia en el Congreso a 66 diputados, tenían 137, los populares perderán 8,5 millones de euros en subvenciones y sólo ingresará unos 10,5 millones por los resultados obtenidos frente a los 19 millones que cosechó Rajoy en 2016. Esta caída de los ingresos ha provocado los primeros conflictos laborales en el PP, que, además, han dejado en evidencia las malas prácticas laborales del partido.

El Congreso de los Diputados ha dejado en manos de los grupos las relaciones con su personal contratado por tratarse de una actuación que realizan en el ejercicio de su “autonomía organizativa y funcional” dentro de la Cámara, según la resolución de un informe solicitado por el PP. El grupo popular realizó el pasado 16 de mayo esta consulta administrativa a la Mesa del Congreso, tras acabar la pasada legislatura, para “definir la naturaleza jurídica de los grupos” en relación con las relaciones contractuales que puedan realizar, como las laborales.

Según informó ayer la Cadena Ser, el PP ha empezado a despedir a sus trabajadores en el Congreso y el Senado, en concreto a seis que estarían siendo considerados como “eventuales” pese a tener contrato fijo, y a alguno de ellos no se le ha permitido la entrada en la Cámara Baja. Los, al menos, 6 trabajadores afectados (2 en el Congreso y 4 en el Senado) son trabajadores fijos del PP con más de 30 años de antigüedad que trabajan en el Grupo Parlamentario. Cuando les contrató, reconocía por carta (que obra en poder de la Ser) que se les “reserva la plaza, categoría, nivel, trienios y demás derechos” -literalmente. Ahora, el PP asegura que son “eventuales” y les ha comunicado su despido con 12 días de indemnización por año trabajado y limitando a 4 años su antigüedad, los que dura la legislatura. Todos ellos disponen de contratos fijos firmados en los años 80 por los entonces responsables del partido Loyola de Palacio, Francisco Álvarez Cascos -secretario general- o el entonces tesorero Álvaro Lapuerta Quintero. El PP, sin embargo, les cataloga ahora como “eventuales” de la XII Legislatura que acaba de concluir.

La implicación para el PP es evidente, según explicaba la Ser: se ahorra pagar indemnizaciones por despido, por antigüedad. Según los contratos, al PP le corresponde abonar casi un millón de euros en indemnizaciones a sus trabajadores “fijos” con tres décadas de antigüedad. Si les considera eventuales, apenas tendría que abonarles 37.000. En total, se ahorra el 96,5% de indemnizaciones que la ley le obliga a pagar.

notificación El PP -que ya ha comunicado el despido a los trabajadores- dice literalmente que “ante las dudas de que se encontraran real y legalmente en situación de excedencia forzosa, se ha pedido informe a los servicios jurídicos de los grupos. En estos momentos, estamos a la espera de dicho informe y se actuará en consecuencia”, dice el Partido. Según los trabajadores, no se ha esperado a dicho informe sino que ya han recibido la notificación de despido de la Seguridad Social y algo más: el PP ha dado orden a los ujieres del Congreso de “no dejarles entrar en la cámara”.

La emisora dispone de un escrito en el que uno de los ujieres del Congreso hacen constar por escrito que “el pasado 23 de mayo al llegar a trabajar -leemos literalmente- en mi turno de mañana encontré una nota manuscrita indicando que les impidiera el acceso (...) por instrucción de dos responsables populares”, algo que los ujieres denuncian puesto que ha de ser el Portero Mayor el que dé ese tipo de instrucciones tras pasar por los órganos pertinentes de Congreso y Senado, nunca el partido directamente.

Los especialistas en derecho laboral consultados por la Ser aseguran que el personal fijo no puede ser transformado en “eventual” en virtud del destino al que se les manda y califican de “fraudulento” todo el procedimiento, así como el informe solicitado a los letrados del Congreso. “No se puede firmar nada contra la ley o los derechos laborales”, afirman. Algunos de los trabajadores tenían previsto llevarán este despido a los tribunales.

El PP asegura que “no se les ha despedido” y ha explicado que son trabajadores que se encontraban en excedencia y quieren su reincorporación al grupo popular. Al estar en esta situación no pueden acceder al puesto de trabajo, ya que no están dados de alta en la Seguridad Social, especificaron fuentes del partido.

Por su parte, la respuesta de los servicios jurídicos de la Cámara Baja es que ésta “es ajena a las relaciones de los grupos y el personal contratado por los mismos”, por tratarse de “una contratación celebrada por el grupo en ejercicio de su autonomía organizativa y funcional, que la Cámara ni conoce ni controla”. El informe fue solicitado antes de esta legislatura y fue presentado ayer en la Mesa del Congreso aunque no analizó el contenido, según explicó la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior.

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor (PP) se limitó a señalar que le corresponde al grupo realizar los comentarios al respecto una vez que analice el contenido. - D.N.

Garrido. La dirección nacional del PP no vetaría al expresidente de la Comunidad de Madrid y exdirigente popular,Ángel Garrido para presidir la Asamblea regional si Ciudadanos lo propone, todo ello pese al enfado que produjo en las filas del PP su fichaje por Ciudadanos en plena campaña electoral de las generales.