La amenaza de una repetición electoral el próximo 10 de noviembre por la falta de un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez esta próxima semana ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de designación del presidente del Gobierno español. El enquistamiento que se había vivido hasta ahora en la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos, sumado a la negativa del PP y Ciudadanos a facilitar la investidura siquiera con una abstención, ha amenazado durante varios días con provocar un bloqueo que podía conducir a nuevas elecciones, en las que nada hace pensar que se darán unos resultados muy distintos a los registrados en las generales del pasado 28 de abril.
Si se llegara a una repetición electoral el 10 de noviembre, serían 196 días sin un gobierno a pleno rendimiento -el gobierno en funciones tiene muy limitadas sus facultades-, a los que habría que añadir los que se necesiten para las negociaciones de cara a formar el nuevo ejecutivo, ya a comienzos del 2020. En el mejor de los casos, llevaría alrededor de tres meses más, lo que elevaría a unos trescientos días el lapso de tiempo sin un ejecutivo en plenas facultades. Muy cerca de los 314 sin gobierno que vivió el Estado español entre 2015 y 2016 debido a los vetos mutuos entre los partidos que bloquearon la investidura de Mariano Rajoy.
La fragmentación política actual derivada del fin del bipartidismo PP-PSOE y la irrupción potente de Podemos y Ciudadanos está provocando dificultades notables para la investidura de Pedro Sánchez. La falta de cultura de pactos ha amenazado con impedir un acuerdo para la formación de un gobierno la próxima semana. Los pactos de coalición que tantos sarpullidos levantan en el Estado español son moneda corriente en Euskadi, donde en las últimas décadas han propiciado gobiernos plurales de distinto color en los diferentes planos institucionales, ya sea en el Gobierno vasco, en las diputaciones forales o en los ayuntamientos.
A sabiendas de que llegan tarde y que sería imposible aplicarlo ya, en los últimos días los dirigentes políticos han barajado diferentes fórmulas para desencallar la situación de bloqueo. Estas alternativas antibloqueo requieren reformas de calado y consensos amplios imposibles de cerrar en el corto plazo. El primero en hacerlo fue el propio Sánchez, que se ha referido a la fórmula que ya funciona en Euskadi, donde pueden presentarse varios candidatos a lehendakari y es elegido simplemente el que obtenga el mayor número de apoyos. El voto es nominal, al candidato, de modo que, si en una primera votación el aspirante tiene mayoría absoluta (38 apoyos sobre un total de 75 en el Parlamento Vasco), es investido lehendakari; si no, en una segunda votación, el candidato más votado será designado para el cargo. No valen votos en contra, solo síes o abstención, lo que garantiza una investidura.
Proyectando este sistema al Congreso de los Diputados en la investidura de Sánchez, permitiría a Sánchez salir investido con los 123 votos de los diputados socialistas, siempre y cuando el candidato alternativo, si lo hubiera, no superase ese número de votos. El vasco es un modelo similar al que se sigue en Asturias y se necesitaría la reforma del artículo 99 de la Constitución española que establece que el candidato a presidente del Gobierno español propuesto por el rey debe ser elegido en primera votación por mayoría absoluta en el Congreso (176 apoyos sobre un total de 350 diputados) y por mayoría simple (más síes que noes) en una segunda votación 48 horas después. Esta propuesta obligaría a replantear el papel del rey, que actualmente hace una única propuesta por investidura al Congreso, y para ello sería necesario abrir el melón constitucional. La reforma necesitaría un consenso amplio porque debería contar con el apoyo de 3/5 partes de la Cámara baja.
También la vía para la designación de los alcaldes ofrecería una salida a situaciones de bloqueo como la que vive el Estado español actualmente. El artículo 196 de la Ley Electoral (LOREG) establece que, si ninguno de los aspirantes a la alcaldía obtiene la mayoría absoluta durante el pleno de constitución de la corporación, será proclamado regidor el candidato de la lista más votada en las elecciones. En caso de empate, se solventa por sorteo, con una moneda al aire. Este es el modelo que se sigue en Castilla-La Mancha y hasta no hace mucho también en Navarra, ya que, si pasados dos meses desde la sesión de investidura ningún candidato lograse la mayoría absoluta para ser presidente, quedaría proclamado automáticamente el aspirante del partido con más escaños en el parlamento.
La esperpéntica situación vivida el pasado 10 de julio en el Parlamento de la Comunidad de Madrid no concede mucho crédito al modelo de investidura que permite la legislación autonómica madrileña, pero también ofrece algún resquicio para desbloquear un proceso de investidura. La ley electoral autonómica fija un plazo para el primer pleno de investidura, incluso aunque no haya candidato, como ocurrió en la Comunidad de Madrid. De modo que la investidura no se puede alargar demasiado en el tiempo y se pone en funcionamiento el reloj para una repetición electoral.
El modelo más exótico esgrimido en los últimos días ha sido el de Grecia. El PP lo ha puesto sobre la mesa como fórmula antibloqueo, aunque no ofrece todas las garantías para lograrlo. En Grecia, donde este mismo mes se han celebrado elecciones generales con la victoria del conservador Mitsotakis derrotando a Tsipras, el partido más votado en las elecciones se lleva una prima de 50 diputados más a añadir a los que haya conseguido en las urnas. Esto le da un mayor margen para acercarse a una mayoría holgada que le permita salvar la investidura, aunque no necesariamente puede ser un salvoconducto. Si aun con ese medio centenar de diputados extra, no alcanza el listón necesario para la investidura, el bloqueo persistirá.
