pamplona - El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha delimitado en nuevos autos las distintas piezas separadas en las que ha dividido la Púnica. Si este martes era conocido el escrito de la pieza relativa a la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid y de sus dirigentes, por la que ha resultado imputada la ex presidenta Esperanza Aguirre entre otros representantes de este partido, ahora han trascendido otros por los que se centra la investigación en distintas partes del procedimiento.
Uno de ellos es el relativo a las relaciones de la trama para la construcción de colegios concertados en las comunidades de Madrid y Murcia. El juez concluye que la supuesta organización criminal estafó 15 millones de euros a profesores que formaban cooperativas para impulsar la construcción de 7 de estos centros entre 2002 y 2014. Según el escrito judicial, el exconsejero y exsecretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, utilizaba su influencia para que los ayuntamientos cedieran suelo a bajo precio para edificar los colegios concertados, según informó la Cadena Ser.
La organización se concertó con la empresa gestora de cooperativas de profesores Alfedel, para la construcción de los centros. Esta sociedad inflaba los costes de edificación y pagaba comisiones a los políticos, camuflando ambos conceptos como servicios inexistentes a empresas instrumentales de David Marjaliza, supuesto socio de Granados en la trama criminal.
El juez dice que todos estos gastos eran soportados, sin saberlo, por los profesores cooperativistas. En muchos casos, tuvieron que pedir préstamos personales para poder afrontar los pagos. Las comisiones ilícitas pagadas en metálico a los políticos y contabilizadas por el juzgado ascienden a 2.200.000 euros aunque hay varias más. Granados cobró 660.000 euros por ejercer su influencia en Valdemoro y Majadahonda. El alcalde de Aranjuez percibió 400.000; el alcalde de Torrejón de Velasco 200.000; un total de 939.000 euros cobró el socio de Marjaliza, José Antonio Alonso Conesa; mientras que están por determinar las mordidas percibidas por el exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno; el alcalde de Sevilla La Nueva, Mario Utrilla; o representantes municipales de los municipios de Cartagena (Murcia), Valdeluz y Yebes (Guadalajara).
El juez también ha hecho públicos los autos por los que delimita la investigación por las adjudicaciones a la empresa Cofely, con un total de 56 personas físicas imputadas, que en su mayoría son exalcaldes del PP; y por los supuestos negocios de Granados con el metro de Madrid, que supusieron el pago de “comisiones millonarias” y supondrá la imputación de relevantes constructoras como Azvi, Begar o San José.
La trama Púnica también encontró un filón en la sanidad madrileña. García-Castellón apunta a que entre 2004 y 2007 se produjo un desfalco de más de tres millones de euros en hospitales y centros de salud de la comunidad. Con Manuel Lamela como consejero de Sanidad, los investigadores sostienen que el PP de Madrid impuso la cláusula del 1% a toda empresa que quisiera conseguir los contratos de construcción o explotación, porcentaje que permitió nutrir las arcas del partido, dopar las campañas electorales o enriquecer a los responsables de las adjudicaciones: 27 hospitales y centros de salud se convirtieron así en una de las ramas más lucrativas de la red corrupta, según informó elconfidencial.com.
El desfalco se remonta a la puesta en marcha del denominado ‘Plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007’ desde la Consejería de Sanidad, que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud en la comunidad. De cara al público, se vendía la idea de modernizar el sector, pero el proyecto “confirió la cobertura oportuna para introducir [...] la cláusula ideada indiciariamente por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, en connivencia con los altos mandatarios del PPCM, que obligaría a cada contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del presupuesto de cada contrato, como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del partido”, explica el juez en el auto que emitió este lunes.
Bajo la promesa de destinar fondos a publicidad, la trama desvió más de tres millones de dinero público. - D.N.
