BARCELONA. Según han informado fuentes jurídicas, un director de proyectos de la empresa informática IBM ha declarado este martes como testigo ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret, en la causa que investiga a Josep Maria Jové, ex número dos de Oriol Junqueras en la consellería de Economía, por organizar el 1-O.

En esa misma causa, el fiscal ha pedido que se investigue también al exsecretario de Hacienda y diputado de ERC en el Parlament Lluís Salvadó, uno de los cargos que fue detenido por la Guardia Civil en la operación del 20S contra la organización del referéndum unilateral del 1-O.

El ministerio público sostiene que Salvadó desempeñó un papel clave en el desarrollo de las estructuras de Estado para una Cataluña independiente, con la implantación del sistema e-Spriu en la Agencia Tributaria Catalana.

El directivo de la empresa informática, que desarrolló dos módulos para la Agencia Catalana, ha precisado que el sistema e-Spriu no se creó con la intención de sustituir a la Hacienda española, aunque sí se podría adaptado para acabar recaudando todos los impuestos de los catalanes.

Eso sí, ha puntualizado el testigo, en septiembre de 2017, antes del referéndum del 1-O, la aplicación seguían sin estar preparada para funcionar como una Hacienda propia de Cataluña en la recaudación de los impuestos, ya que ello requeriría dos años de desarrollo informático.

El testigo ha sido preguntado también por dos gastos de la consellería de Economía reseñados en los informes de la Guardia Civil: uno de 551.270 euros para una aplicación informática destinada a recaudar de forma voluntaria los impuestos de los contribuyentes y otro de 241.383 para un módulo destinado a cobrar el IRPF y de las cotizaciones sociales de las empresas públicas.

En el caso de la primera aplicación, el directivo ha señalado que IBM se encargó de su mantenimiento hasta que en 2016 se desactivó por su escaso éxito.

El segundo módulo, que se cerró con la activación del artículo 155 en octubre de 2017, se lo encargó el Govern a la empresa informática con el fin de optimizar los recursos de la Generalitat, al agrupar las recaudaciones de las empresas y organismos de su sector público, ha añadido el testigo.

Ante la juez han declarado también como testigos varios agentes de la Guardia Civil que investigaron los preparativos del 1-O, por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, entre ellos el teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial del instituto armado y máximo responsable de las pesquisas.

Los agentes han ratificado los informes que presentaron al juez, en los que concluyen que el Govern malversó fondos públicos en el referéndum del 1-O, al pagar gastos como los del Diplocat o la distribución postal de las papeletas.

Además, los responsables de la investigación han señalado el papel clave de Jové en la aprobación de los gastos destinados a la financiación del 1-O, según las mismas fuentes.