pamplona - La devolución del IRPF pagado por las prestaciones públicas recibidas por maternidad se convirtió en uno de los debates más electoralistas del final de la pasada legislatura.
La polémica surgió cuando, el 3 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo resolvió que estas cantidades quedaban exentas del pago del IRPF. El problema residía en que en Navarra, el Gobierno de UPN, con el apoyo de PSN y PP, había sacado adelante una ley en diciembre de 2012 que imposibilitaba la devolución de lo tributado por este concepto desde el 1 de enero de 2013.
El Ejecutivo de Uxue Barkos, con el correspondiente asesoramiento jurídico, tuvo claro desde el primer momento que no era legal esta devolución y así lo sostuvo, pese a ser consciente de que hubiera sido más efectivo, desde el punto de vista electoral, haberlo pagado. El coste aproximado era de unos 45 millones.
“Con la legislación vigente no es posible llevar a cabo la devolución del IRPF por los permisos de maternidad”, repetía hace ocho días la expresidenta del Gobierno foral y actual portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos. Y sobre la posibilidad de aprobar una ley que implique la devolución con efectos retroactivos una vez que las sentencias son contrarias, Barkos se mostraba dispuesta a valorar la propuesta que haga el Gobierno, pero subrayó que en ese caso “habrá que explicar bien cuál es la solución con una seguridad jurídica real. Las diferencias las tasaremos en su momento, pero la pregunta es con qué garantía jurídica se lleva a cabo una ley retroactiva en materia fiscal”, defendió.
La posición de Barkos fue la que mantuvo también el resto de formaciones del cuatripartito (EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra), frente a las interesadas críticas de quienes formaban la oposición (UPN, PSN y PP), que precisamente fueron quienes eliminaron estas bonificaciones fiscales.
favorece a las rentas altas La sentencia del Supremo coincidió además con un momento en el que el cuatripartito se había puesto ya a trabajar en una ley para favorecer fiscalmente la maternidad, pero de una manera progresiva.
De hecho, aprobó una ley, vigente desde el pasado 1 de enero, que contempla deducciones fiscales por maternidad que serán visibles en la declaración de la renta que realicen en la primavera de 2020. Una norma sensiblemente distinta a las exenciones que benefician a las rentas más altas, puesto que no se declara nada por lo recibido por este concepto.
La actual reclamación de las madres es pare recuperar las cantidades retenidas a través del IRPF de las prestaciones recibidas por maternidad desde 2014, ya que el 2013 está prescrito.
De acuerdo con los cálculos establecidos por técnicos de Hacienda, de las aproximadamente 17.737 personas -17.109 madres y 628 padres- que recibieron prestaciones, solo unas 3.200 se beneficiarían. Todas ellas son las que gozan de los salarios más elevados, ya que quienes declararon ingresos inferiores a 18.400 euros no recuperarían nada, ya que no tributaron por este concepto ni se les realizaron retenciones. - J.E.
