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La justicia concluye que la ley del Gobierno de Barcina impide devolver el IRPF por maternidad

Da la razón al Ejecutivo de Barkos y desestima las seis demandas de las madres
La sentencia subraya que UPN, PSN y PP excluyeron estas prestaciones “de forma consciente” cuando aprobaron la ley en diciembre de 2012

10.02.2020 | 07:01
Madres que piden la devolución del IRPF por maternidad, concentradas el pasado sábado delante del Gobierno foral.

Da la razón al Ejecutivo de Barkos y desestima las seis demandas de las madres.

pamplona - El Gobierno de Uxue Barkos recibió ayer un espaldarazo desde la Justicia, con la resolución de la magistrada encargada de resolver las seis demandas que reclamaban la devolución del IRPF pagado por las prestaciones públicas por maternidad en Navarra, que desestima los recursos de las madres y da la razón al Ejecutivo anterior, que desde el primer momento sostuvo que la ley aprobada en diciembre de 2012 con los votos de UPN, PSN y PP impedía este pago.

La sentencia, hecha pública ayer, no concede espacios a la duda. La jueza deja claro que "el legislador navarro" - en este caso el Ejecutivo de Yolanda Barcina- "excluyó de forma consciente dichas prestaciones". Asimismo, considera que el fallo del Tribunal Supremo favorable al reintegro de lo tributado a las madres en el resto de Estado "no es aplicable debido a la autonomía tributaria de la Comunidad Foral".

En la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en relación con esta sentencia, se explica que la juez rechaza las seis demandas interpuestas para la devolución del IRPF por maternidad y entiende que el Gobierno que presidió Barkos estaba en lo correcto cuando optó por no hacer extensiva a Navarra la sentencia del Supremo.

cabe recurso Estas sentencias pueden ser recurridas en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

No obstante, la magistrada entiende que la doctrina que fijó el Tribunal Supremo para el resto de España no es aplicable en la Comunidad Foral debido a su autonomía tributaria reconocida en la Constitución, así como que las dos normas que regulan el impuesto "a la estatal y la navarra" no son homólogas.

Estas sentencias han sido dictadas por la misma juez, la magistrada Mª Jesús Azcona Labiano, en los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona debido a la abstención de sus titulares al estar en una situación análoga a la de los recurrentes.

El fallo da respuesta a los recursos presentados por seis madres y padres contra sendas resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra, que desestimó las reclamaciones económico administrativas formuladas contra Hacienda por la tributación del IRPF de 2016.

el origen del conflicto El conflicto desatado tiene su origen en la sentencia del Supremo que, el 3 de octubre de 2018, estableció que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del IRPF. Lo hizo interpretando un artículo de la ley estatal de IRPF que, al igual que ocurre en la norma foral que regula este impuesto, no incluye la maternidad entre las prestaciones exentas de tributación.

un coste de 45 millones Fue entonces cuando UPN, PSN y PP, que habían aprobado la retirada de estas bonificaciones fiscales seis años antes, exigieron al Gobierno foral que devolviera lo que ellos habían quitado por ley, pese a la inseguridad jurídica que entrañaba, además de que tenía un coste estimado de 45 millones de euros.

Sin detenerse en valorar esta confrontación política, la jueza explica que a ella solo le compete examinar la cuestión a la luz de la normativa foral vigente, de forma ajena a las pretensiones de índole política o social.

La magistrada añade que el Supremo "ha sentado doctrina legal respecto al precepto homólogo en la legislación estatal, en sentido favorable a las tesis de las demandantes al considerar que en la expresión prestaciones por nacimiento se incluye también la prestación por maternidad".

Y lo hace, continúa la jueza, vía interpretativa, considerando tres criterios: el primero, el de la valoración de la exposición de motivos de la ley estatal, que tiene una dicción distinta a la de la ley foral; el segundo, gramatical; y el tercero, sistemático.

A tenor del examen de estos criterios, la jueza concluye que el legislador navarro ha querido excluir como exentas del IRPF las prestaciones por maternidad.

"Todas las madres españolas, incluidas las navarras, tienen derecho a la prestación por maternidad, claro, esto no se discute, pero otra cosa es el tratamiento fiscal o tributario, que puede ser diferente en el Estado y en Navarra", asegura la juez, que añade que hay otras prestaciones, por ejemplo el subsidio por desempleo, que es renta no exenta y, aunque es de ámbito nacional, tiene un tratamiento tributario propio.

En definitiva, en esta sentencia también tiene su peso el autogobierno de Navarra, que permite a la Comunidad Foral contar con un sistema fiscal propio que en algunos aspectos puede resultar favorable al contribuyente y en otros no.

no hay trato discriminatorio Precisamente sobre el trato discriminatorio, la magistrada señala en primer lugar que, aunque nadie ha planteado la constitucionalidad de la ley foral, al hilo de las alegaciones sobre la pretendida discriminación práctica se ha de recordar la competencia de la Comunidad Foral de Navarra para regular de manera autónoma el IRPF a partir de un régimen fiscal propio, así como del convenio establecido sobre la base de la disposición adicional primera de la Constitución.

Esto impide, apostilla la sentencia, considerar en situaciones homólogas a quienes estén sometidos a los regímenes tributarios forales o al régimen común.

El principio de igualdad no puede ser entendido como uniformidad en materia financiera o en cualquier otra, ya que acabaría con el principio de autonomía. Sin embargo, sí actúa como garantía de que las posiciones jurídicas fundamentales y básicas de los ciudadanos -en el momento de recibir servicios o al contribuir a los gastos públicos- "no deben ser diferentes dependiendo de su localización".

Por todo ello, la juez rechaza la supuesta discriminación alegada por los demandantes sobre una discriminación a las madres y padres navarros.

El resultado, en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo analizada, podrá sugerir a los interesados una suerte de trato discriminatorio, "pero no lo es desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico constitucional como ha quedado expuesto".

También, la jueza opina que "no se puede trasladar un problema de política legislativa al ámbito judicial". Por ello, entiende que "se deben desestimar de plano todas las argumentaciones de tipo político que puedan contener las demandas, que siendo las mismas muy respetables, son ajenas a un proceso judicial contencioso administrativo que trata, como ya se ha dicho hasta la saciedad, exclusivamente del control jurídico de la actuación administrativa, es decir, si se ajusta o no al ordenamiento jurídico".

las claves