Pamplona - En medio del ruido electoral en Madrid y la tensión política en Catalunya, el Gobierno de Navarra avanza en la elaboración de los presupuestos del próximo año. Serán los primeros de la legislatura, y la primera prueba de verdad para un Ejecutivo que durante todo el verano ha mantenido un cómodo equilibrio entre el buenismo y la centralidad que ofrece una oposición repartida en los dos extremos del arco parlamentario. Pero que debe empezar a tomar decisiones que van a probar tanto su fortaleza como la dirección que adquiere la nueva etapa política.

De momento, aprobado ya el techo de gasto para 2020, el Departamento de Hacienda negocia con los consejeros el reparto de fondos para el próximo año. La línea general es continuista, pero la nueva estructura, más amplia que los cuatro años anteriores, y la voluntad de acometer iniciativas novedosas -algunas ya avanzadas en sede parlamentaria- requieren retoques importantes que será necesario consensuar dentro del propio Ejecutivo foral.

A la consejera Elma Saiz le toca el papel mediador entre las aspiraciones de los tres partidos representados en el Gabinete de María Chivite -PSN, Geroa Bai y Podemos- a la hora de repartir los 212 millones adicionales que tendrá el presupuesto del próximo año. Y no será fácil convencer a los socios de que el principal incremento de gasto debe ir para las áreas dirigidas por los socialistas, partido de cuya dirección forma parte la consejera de Hacienda.

El acuerdo debe incluir también la política fiscal del próximo año. Pese a la ralentización económica Hacienda prevé aumentar los ingresos, pero también ha anunciado medidas que pueden lastrar la capacidad de inversión. Tanto Podemos como I-E rechazan la supresión del impuesto al patrimonio empresarial. Mientras que la devolución del IRPF de la maternidad, -una promesa electoral del PSN que el Gobierno se ha comprometido a solventar antes de final de año pese a las dudas de los técnicos de Hacienda-, va a su poner un desembolso adicional que ni los consejeros de Geroa Bai ni el de Podemos van a querer asumir con cargo a su departamento, aunque los 45 millones puedan repartir en varios ejercicios diferentes.

En busca de la mayoría La negociación presupuestaria va a servir así para medir la cohesión y confianza entre los firmantes del acuerdo programático, que en cualquier caso acabarán pactando un proyecto que el Gobierno prevé llevar al Parlamento a mediados de diciembre para su aprobación a finales de enero o principios de febrero. Lo que va a requerir algo más que la voluntad expresada de pactar “con todos”.

De momento, el Gobierno ha decidido que no va a buscar el consenso antes de aprobar el anteproyecto, descartando así una mesa a cinco con EH Bildu como reclamaban Izquierda-Ezkerra y la propia formación soberanista. Algo que tiene lógica política y parlamentaria, y que evita al PSN la tensión añadida de una foto indeseada en plena campaña electoral. Pero que también puede complicar la aprobación del presupuesto si EH Bildu, donde todavía escuece su exclusión en las negociaciones en verano, apuesta por una posición de fuerza con una enmienda a la totalidad bajo el argumento de que siempre será mejor prorrogar unas cuentas aprobadas hace un año con sus votos que un nuevo proyecto, lo que podría dar al traste con el primer presupuesto.

Hay sin embargo confianza en el Gobierno en que eso no se va a producir, y que las posturas de firmeza se volverán pragmáticas durante el trámite parlamentario, al que prevé acudir con voluntad real de negociación. Porque si bien el rechazo de las cuentas sería un golpe para el Ejecutivo, la prórroga no le impediría seguir gestionando sin mayores problemas. Y tampoco sería fácil de justificar una pinza entre dos antagonistas políticos como EH Bildu y Navarra Suma que a medio plazo puede reforzar a los socios de Gobierno.

El debate presupuestario va por lo tanto más allá de la mera aprobación de las cuentas públicas. Medirá también la cohesión interna del nuevo cuatripartito, su capacidad de acuerdo en el Parlamento y dibujará la senda por la que va a transitar una legislatura que todavía ofrece muchas incógnitas. Entre ellas lo que ocurra en Madrid después de las elecciones del 10 de noviembre.

La advertencia lanzada el pasado viernes en Pamplona por Pablo Casado vinculando cualquier acuerdo con el PSOE a la ruptura del Gobierno foral añade presión en medio de una campaña en la que Navarra va a seguir estando muy presente en el debate estatal. Sobre todo si al final, como vaticinan algunas encuestas, solo la suma de PP y PSOE puede garantizar una mayoría en el Congreso. Y aunque pese algunas excepciones en el PSN se tiene clara su apuesta en Navarra, la coincidencia de la negociación del Gobierno en Madrid con el debate presupuestario supondrá un elemento distorsionador añadido a una situación ya de por sí compleja. El otoño asoma ya en el Palacio de Navarra.