bruselas - La Justicia belga ha recibido la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont después de la sentencia a los líderes del procés. Sin embargo, la Fiscalía de Bruselas no puede empezar a examinar el caso, que requiere un “análisis legal exhaustivo”, porque ha recibido toda la documentación solo en castellano. El manual de uso de la euroorden publicado por la Comisión Europea indica que el mandato debería haber sido cursado en francés, neerlandés o alemán. Según el ministerio fiscal, las autoridades judiciales españolas han comunicado que no tendrán el texto traducido hasta la semana que viene.

El fiscal de Bruselas no empezará a estudiar la nueva orden dictada contra Puigdemont hasta que no reciba la documentación y todos sus anexos traducidos. En un comunicado, el ministerio fiscal ha explicado que “el país solicitante debe proporcionar la traducción de este mando en uno de los tres idiomas nacionales”, aunque también la admitirá en inglés. “Contactada”, prosigue la nota, “la justicia española afirmó que proporcionará la traducción en el transcurso de la semana que viene”. El ministerio fiscal de la capital belga explica en la nota que “dada la complejidad del caso” y “las dos órdenes de detención europeas emitidas previamente” contra Puigdemont, el caso necesita un “examen legal exhaustivo”. Según fuentes del Supremo consultadas por Europa Press, el tribunal está traduciendo ya el mandato al neerlandés.

Una vez la Fiscalía tenga toda la documentación en una de esas cuatro lenguas procederá a realizar una serie de verificaciones. Entre ellas, la identidad y nacionalidad de la persona buscada; los datos de la autoridad judicial emisora; la existencia de una sentencia ejecutoria o una orden de arresto; la naturaleza y calificación legal del delito; las circunstancias en las que presuntamente se cometió; la sentencia impuesta, y, si es posible, las consecuencias del delito.

La Fiscalía advierte de que también le corresponde “verificar si el hecho en el que se basa la orden de detención europea constituye un delito según la ley belga”. “Si se cumplen las condiciones anteriores, el abogado del rey requiere que un juez de instrucción decida si la orden es válida o no y, por lo tanto, si coloca a la persona buscada bajo orden de arresto o no”, concluye el comunicado. - D.N.