Registran la casa del abogado de Puigdemont, acusado de 'blanqueo de dinero'

La operación no tiene que ver con el expresident sino con blanqueo vinculado al narcotraficante Sito Miñanco

10.02.2020 | 08:55
Comin y Puigdemont, junto al abogado Gonzalo Boye.

La operación no tiene que ver con el expresident sino con blanqueo vinculado al narcotraficante Sito Miñanco

MADRID. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar el próximo miércoles, 23 de octubre, al abogado Gonzalo Boye y a dos supuestos testaferros en el marco de la investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha ordenado la comparecencia de los tres en calidad de investigados después de los registros practicados desde primera hora de esta mañana en Madrid, tanto en el domicilio del letrado como en otras dos propiedades de los dos supuestos testaferros, todas en Madrid.

Boye, que defiende al 'narco' gallego y en la actualidad es coordinador de la defensa jurídica del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha estado presente en el registro, que han practicado agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y no ha concluido en ninguna detención.

Esta investigación y los registros practicados, según detallan las fuentes consultadas, no tienen nada que ver con la defensa jurídica que presta Boye a Puigdemont, contra quien se ha vuelto a emitir una orden europea de detención a consecuencia de la sentencia del 'procés' que ahora tiene que resolver la Justicia belga.

Sito Miñanco fue detenido por orden de la Audiencia Nacional en febrero de 2018 en un gran operativo que incluyó varias ciudades españolas, causa en la que continúa investigado. Esta instrucción, que comenzó la precedesora de Tardón en el juzgado, Carmen Lamela, es la que ha llevado a los registros de este lunes.

Paralelamente, el narcotraficante fue juzgado a principios de este año por la Audiencia Provincial de Pontevedra por blanqueo de capitales, vista en la que estuvo representado por Gonzalo Boye. Fue condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una multa de seis millones de euros.

CUMPLIÓ CONDENA POR COLABORAR CON ETA La investigación de la Audiencia Nacional es la que ha llevado a los registros de este lunes, pero no es la primera vez que este tribunal investiga a Boye: en 1996 fue condenado a 14 años de prisión por colaborar con la banda terrorista ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Salió en libertad en 2002.

Durante su tiempo en la cárcel completó la licenciatura de Derecho y desde su salida ha participado en algunas de las causas más conocidas, como el juicio por los atentados del 11-M en Madrid, ejerciendo de letrado de una de las víctimas.

Gonzalo Boye, chileno de nacimiento, también ha destacado como abogado en algunos casos contra el Estado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

En 2014 se incorporó al equipo jurídico que defiende a Edward Snowden, antiguo empleado de la CIA y de la NSA acusado por el Gobierno de Estados Unidos de revelación de secretos y actualmente huido en Rusia, mientras que a finales de 2017, pasó a formar parte de la defensa de Carles Puigdemont, cuando éste ya se encontraba en Bélgica fugado de la Justicia española. Otro de sus clientes es el rapero Valtònyc, quien también se fugó a ese país.

"INTIMIDACIÓN" Los abogados belgas que asisten a Carles Puigdemont en Bélgica señalaron este lunes a Efe que el registro al domicilio del letrado Gonzalo Boye en una operación contra el narcotráfico no afecta a su trabajo en relación con la euroorden cursada contra el líder independentista pero sospechan de un intento de "intimidación".

"No es un obstáculo en absoluto para nuestro trabajo en Bélgica como tal", declaró a Efe Simon Bekaert, abogado que junto con su padre, Paul Bekaert, gestiona la defensa ante la Justicia belga del expresidente de la Generalitat en lo relativo a su petición de entrega a España a través de una Orden Europea de Detención y Entrega.

Bekaert, no obstante, subrayó que la coincidencia en el tiempo de esa operación con el caso en Bélgica de Puigdemont, que debe comparecer el próximo 29 de octubre en una vista en un juzgado de primera instancia, podría ocultar un intento de intimidación.

"Sospecho que lo hacen para intimidar", agregó el abogado.

Puigdemont, por su parte, ha relacionado la operación con su situación jurídica en un comentario difundido a través de las redes sociales.

"'Lawfare' (guerra jurídica) a todo trapo. Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embestir sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Gonzalo Boye le pretenden dificultar su trabajo. No lo conseguirán", señaló en Twitter el expresidente autonómico huido a Bélgica en 2017.