El fiscal rechaza el permiso laboral a Junqueras porque ve primordial "reeducarle"

Así lo sostiene el ministerio público en un escrito en que se opone a la decisión de la junta de tratamiento de la cárcel barcelonesa de Lledoners (Barcelona) de aplicar el 100.2 a Junqueras, que desde el pasado 3 de marzo sale los lunes, martes y jueves de prisión, entre las 11.30 y las 16.30 horas, para trabajar como docente en la Universidad de Manresa, donde imparte un curso sobre raíces del pensamiento contemporáneo y occidental.

En su escrito, la Fiscalía denuncia que Junqueras no cumple los requisitos para disfrutar de esta flexibilización y resalta que el líder de ERC "justifica su actividad delictiva", por la que fue condenado a trece años por sedición y malversación, y no ha asumido los hechos cometidos ni se ha arrepentido, elementos "clave" en el proceso de reinserción.

Es más, según la Fiscalía, en el caso de Junqueras lo prioritario no es su reinserción social, puesto que ya está plenamente adaptado a la vida social, sino que "lo primordial" en el cumplimiento de su pena es cubrir "otra finalidad", como la "reeducación" a través de "un adecuado programa de tratamiento cuyo objetivo sea la necesidad de interiorización del respeto a la ley".

También apunta que Junqueras no presenta ninguna carencia en el ámbito laboral y subraya que antes de cometer el delito por el que fue condenado ya ejerció como docente, y ello no impidió que acabara perpetrando el delito.

Según la Fiscalía, mediante el artículo 100.2 se ha otorgado a Junqueras una situación "equivalente" al tercer grado que no produce ningún efecto en su tratamiento, por lo que no ve justificado que se le aplique una flexibilización que debería ser "excepcional" y más si aún no ha cumplido una cuarta parte de su condena.

Sostiene también el ministerio público que si se autorizan las salidas laborales de Junqueras de prisión se desvirtúa otro de los fines de la condena, como es la "intimidación" al conjunto de la sociedad y al propio delincuente" para disuadir mediante ella de la comisión de nuevos delitos, ante lo que se evidenciaría que la justicia no sería igual para todos.

Como ya ha hecho la Fiscalía en los otros cuatro recursos que había interpuesto hasta el momento contra la aplicación del 100.2 a los presos del "procés", el ministerio público denuncia un "plan" por parte del Govern para otorgar de forma "generalizada" un régimen de semilibertad a los condenados por el Supremo.

Hasta el momento, la Fiscalía ha recurrido contra la concesión del 100.2, del que ya disfrutan los nueve presos del procés, al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y a la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa -en ambos casos ya han sido avalados por el juez de vigilancia penitenciaria-, así como contra los del exconseller de Interior Joaquim Forn y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez.

Precisamente, en otro escrito remitido al juzgado de vigilancia penitenciara, la Fiscalía se opone a que se amplíe otros dos días a la semana -para que sea de lunes a viernes y no sólo tres días como hasta ahora- las salida de prisión de la exconsellera Bassa para cuidar de su madre, ante un agravamiento de su estado de salud, una vez ha sido ingresada en la cárcel de Girona.

Según la Fiscalía, no existe ninguna "excepcionalidad" que justifique su ampliación, acordada por la cárcel de Lledoners, ya que "lo único excepcional es que a una interna condenada a la pena de 12 años de prisión y que todavía no ha cumplido la cuarta parte de la condena, se le conceda dicho régimen, lo que provoca el efecto de que dicha aplicación supone una quiebra del principio de igualdad entre todos los internos".