Republicanismo

Un test es un derecho civil y una obligación sanitaria

03.05.2020 | 01:23
Un test es un derecho civil y una obligación sanitaria

La anterior pandemia que nos tuvo en vilo fue la del VIH, el virus que causa el sida. Su historia se inició en el año 1981. Se trataba de un patógeno completamente nuevo que se transmitía por vía parenteral. Durante los primeros meses se trabajó en intentar entender qué causaba el sida y cómo se propagaba. Se hablaba de "grupos de riesgo" (inicialmente, homosexuales varones, haitianos y hemofílicos, que eran las poblaciones más afectadas), pero pronto se abandonó esa expresión al evidenciarse que cualquier persona podía contagiarse, todos estábamos en riesgo. Es cuando se empezaron a establecer políticas de salud pública tendentes a aumentar la responsabilidad personal en relación con la propagación de la enfermedad. Se hicieron campañas que informaban cuáles eran las prácticas de riesgo, y cómo protegerse. El consenso científico proponía entonces –y propone hoy– la protección con preservativo en las relaciones sexuales que no sean completamente confiables, y ésta ha sido la principal apelación de prácticamente todas las autoridades sanitarias del mundo para frenar la aparición de nuevos casos de sida. También en el plano de la responsabilidad personal, se ha generalizado otra medida que a día de hoy es especialmente útil: ofrecer la posibilidad de realizarse un test. La prueba del VIH te la pueden hacer en un momento en una farmacia, sin receta y con solo pedirla, y también en los centros de salud. Si repasamos las campañas que se reinician todos los años el 1 de diciembre (Día Mundial del Sida), comprobaremos que desde hace mucho tiempo se insiste casi exclusivamente en este punto: hazte la prueba. Está asentada la idea de que es bueno que cualquier ciudadano pueda saber si está infectado y conozca su potencial transmisor. Con la prueba hecha, sea positiva o negativa, se podrá actuar con responsabilidad, especialmente en las relaciones sexuales, que son hoy la principal fuente de contagios. Hacerse un test para comportarse responsablemente. Simple.

Hoy es el día en el que cualquiera de nosotros puede hacerse un test del sida en una farmacia, por unos 30 euros, o gratuitamente en un centro de salud, o incluso en casa con un kit comprado por internet. Pero no podemos hacernos un test de coronavirus, que es lo que más nos preocupa actualmente. Los test para el SARS-CoV-2 están intervenidos por el Gobierno, que emitió una orden presuntamente amparada en la declaración del estado de alarma según la cual los centros que realizan los test pasan a estar bajo la dependencia de las autoridades sanitarias, han de informar de todos los que hacen, y éstos sólo pueden realizarse tras receta facultativa. Sin eufemismos, se ha nacionalizado por completo la realización de pruebas diagnósticas. Podrá decirse que se hace para distribuir mejor la escasez de estos instrumentos, pero entonces la pregunta es por qué tal escasez. A mediados de marzo, hace ya seis semanas, el ministro Illa, y sin que nadie se lo preguntara, anunció la compra de un millón de test rápidos que decía estaban a punto de llegar. Parecía que la estrategia española era congruente con la que proponía la OMS, resumida en aquel lema de "test, test, test". Pero una cosa es querer hacer algo y otra saber hacerlo. Los pocos test que aparecieron tuvieron que devolverse por defectuosos. Uno de los mayores fracasos de esta crisis ha sido justamente esto. El Ministerio, quién sabe por qué, se ha dedicado a buscarlos exclusivamente por China, donde la calidad de los dispositivos diagnósticos es la peor, y además no ha permitido a las comunidades autónomas aprovisionarse por su cuenta. En Alemania se han preocupado por producir sus propios kits diagnósticos, y otros países han buscado proveedores más confiables. La consecuencia es que vamos hacia una desescalada prospectiva, a ver qué pasa, sin el instrumento principal que hubiera permitido a las personas aportar lo más necesario para frenar la epidemia: su propia responsabilidad, basada en el conocimiento de su estatus inmunológico. Pero además no deberíamos olvidar que hacerse un test es un derecho civil. A cualquiera de nosotros nos asiste el derecho a saber si tenemos anticuerpos contra un patógeno que nos afecte, tan básico como saber si tenemos el colesterol alto. Un derecho que ha sido expropiado, en el peor momento, por un gobierno que incluso ha creado una Vicepresidencia con el enfático título de Derechos Sociales.