- Aitor Esteban y la vicepresidenta primera Carmen Calvo cerraron ayer el acuerdo entre ambas partes al que luego se sumó ERC a cambio de la abstención que prácticamente asegura al Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación de la sexta y, seguramente, última prórroga del estado de alarma en la votación del próximo miércoles en el Congreso de los Diputados. La negociación se prolongó durante toda la jornada y quedó resuelta ya por la noche.
¿En qué consiste el acuerdo?
-En la fase 3 la aplicación de las medidas de desescalada, su modulación e incluso su supresión si fuera conveniente está única y exclusivamente en manos del presidente de la comunidad autónoma.
¿Necesitará el presidente de la CCAA autorización del Gobierno español?
-No necesitará ninguna autorización del Gobierno español o del presidente Sánchez. Lo único que queda en manos del Gobierno español es el control sobre la libertad de circulación hacia fuera de la comunidad autónoma.
¿Esto supone que prácticamente se vuelve a la situación anterior al estado de alarma?
-En caso de que las medidas antes acordadas incurran en contradicción con lo que establezca el Gobierno autonómico, prevalecerá la decisión del presidente de la comunidad, que recupera el control absoluto de la situación, con la salvedad de la movilidad hacia fuera de la CCAA. En el caso de la CAV, se ha recuperado todo el autogobierno vasco porque al Estado solo le queda el control de la frontera exterior a la CAV.
¿Es el fin definitivo del mando único?
-Esto supone la devolución competencial a las comunidades autónomas y por lo tanto las medidas y decisiones serán adoptadas unilateralmente por el presidente de la comunidad autónoma.
Esta semana también han arrancado al Gobierno español que la gestión del Ingreso Mínimo Vital la asuman la CAV y Navarra. ¿Qué valor tiene el acuerdo? En cualquier caso iba a venir esa gestión tarde o temprano.
-Desde luego en Madrid no tenían ninguna intención de que viniera a la CAV y a Navarra. Lo puedo asegurar rotundamente. Y menos aún por parte de Podemos. A Pablo Iglesias no le he escuchado ninguna declaración al respecto, nunca ha dicho una sola palabra sobre que fueran los vascos y los navarros los que tuvieran que gestionar el IMV. Hemos tenido que superar muchas resistencias.
¿El PNV hubiera roto los puentes con Sánchez si se hubiera negado el traspaso?
-Si esto no se hubiera arreglado habría supuesto un verdadero problema político, hubiera supuesto un antes y un después en nuestras relaciones con el Gobierno español.
¿Un antes y un después significa retirarle el apoyo en votaciones clave en el Congreso?
-No me refiero a retirarle el apoyo en una votación concreta o en la próxima prórroga del estado de alarma, estoy hablando de algo mucho más profundo, se hubiera quebrado totalmente la confianza. Hubiera supuesto un problema de relación política a largo plazo de partido a partido y del PNV hacia el Gobierno español. Podía haber sido un problema de campeonato. Al final ha sido positivo también para el Gobierno español porque muchos de los esquemas implantados por la CAV en la RGI se van a a ver reflejados. Al principio, esto no era así, no tenía nada que ver con nuestro modelo. Ha habido resistencias.
Al extender el acuerdo a Navarra, ¿ha intervenido el PNV en los asuntos navarros, como dicen la derecha y los regionalistas?
-Tenemos consejeros en el Gobierno navarro y, por tanto, el PNV forma parte del Ejecutivo navarro y además el presidente del Parlamento foral es del PNV. Esto es una evidencia. El PNV hace las cosas que tenemos que hacer pero que teóricamente otros también debieran hacerlas y no las hacen. ¿Dónde ha estado UPN a la hora de conseguir que la gestión del IMV recalara en Navarra? ¿Ha presionado o influido en algo?
¿Ha presionado el PNV a Sánchez para que le concediese este traspaso tras el acuerdo del Gobierno español con Bildu sobre la derogación de la reforma legal?
-Esto no se negocia en tres días, veníamos negociando mucho tiempo antes y lo teníamos prácticamente cerrado antes del acuerdo sobre la reforma laboral. El Gobierno español sabía de la gravedad de no llegar a un acuerdo en este tema, pero no tiene nada que ver este acuerdo del IMV con el que cerró con Bildu sobre la derogación genérica de la reforma laboral. El de la IMV ha sido un acuerdo con el Gobierno español que además tiene la potestad ejecutiva para ponerlo en marcha de inmediato. A diferencia de otros, nosotros no anunciamos los acuerdos hasta que están completamente cerrados.
¿Fue una puñalada que Sánchez no le avisara del pacto con Bildu, habiendo el PNV apoyado la investidura?
-Nos molestó que Sánchez no nos comunicara lo que iba a hacer. PSOE y Podemos tienen firmado un acuerdo de investidura con el PNV y en ese acuerdo se dice que todos los proyectos legislativos y acuerdos o movimientos que vaya a realizar se comunicarán previamente al PNV. Ha sido un incumplimiento del acuerdo.
¿Qué recorrido le augura a ese acuerdo después de que la vicepresidenta Calviño se rebelara y que la ministra de Trabajo lo enfriara?
-La derogación es un acuerdo viejo, al que ya habíamos llegado la legislatura anterior una serie de partidos, entre ellos nosotros. Nosotros no votamos a favor de la reforma laboral de Rajoy, fuimos muy críticos, pero hay que tener una alternativa, no se puede proceder a una derogación en blanco, porque dejaría un vacío legal que crearía más problemas que soluciones. Por lo tanto, su derogación hay que trabajarla y concretarla y buscar unas mayorías. Hay que ir en esa dirección, desde luego, pero hay seguir ahondando en el diálogo con sindicatos y patronal.
Sánchez dice que el PNV es socio prioritario. ¿Le creen?
-Eso es lo de menos, lo importante es hacer política y buscar acuerdos. Nosotros queremos fundamentar esos acuerdos en buscar el bienestar de la ciudadanía y en el mantenimiento y ampliación del autogobierno vasco. En la medida que eso se haga así mantendremos una buena relación y seremos unos buenos socios.
