- Al contrario que el grueso de los líderes soberanistas catalanes, que todavía permanecen en prisión, quien fuera mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, podría eludir la cárcel si finalmente solo se le aplica un delito de desobediencia y su correspondiente inhabilitación. Así lo sugirió ayer la Fiscalía después de anunciar que pedía para él 10 años por sedición tras su implicación en el proceso independentista, y serle rebajada la petición inicial de 11 años por rebelión. Fue el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo quien comunicó que ofrecían la opción de la desobediencia, que solo lleva a aparejada una pena de inhabilitación, concretamente de un año y ocho meses, como policía o cargo público.

La Fiscalía solicita la misma pena para otros dos acusados, sus inmediatos superiores, el ex director de los Mossos, Pere Soler, y el que fuera segundo en Interior, César Puig. En los tres casos se establecería asimismo una multa de 60.000 euros. Para su subordinada, Teresa Laplana, plantea cuatro años de cárcel por el delito de sedición. En su caso, la alternativa de desobediencia sería de una inhabilitación de un año y 30.000 euros de multa.

Las defensas anunciarán sus conclusiones definitivas el próximo lunes si bien la abogada de Trapero y Laplana, Olga Tubau, adelantó que solicitará la libre absolución de sus defendidos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha cambiado levemente su escrito de acusación para hacer referencia en él a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019, en la que condenó por sedición a nueve de los 12 líderes independentistas. Eso sí, sigue manteniendo que Trapero, como máximo responsable de los Mossos, “diseñó unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes pudieran cumplir con las instrucciones dadas por el Ministerio Fiscal, como con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”.

Respecto de las concentraciones en la Conselleria de Economía el 20-S, el fiscal mantiene que los Mossos “cooperaron de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos” por las instituciones catalanas y por las asociaciones ANC y Òmnium, “impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial”, que había sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para que la Guardia Civil procediera a registrar en busca de pruebas sobre la organización del 1-O.

Concretamente, el fiscal acusa a Trapero de diseñar un “plan operativo fraudulento” para permitir el 1-O. Como muestra de su servicio al procés, la Fiscalía subraya su “contumaz oposición” a que Diego Pérez de los Cobos, hoy en el ojo del huracán por su destitución por parte del ministro Fernando Grande-Marlaska, liderara la coordinación entre los tres cuerpos policiales. Además, le acusa de filtrar al Govern las instrucciones recibidas por Fiscalía y TSJC para que éstos conocieran los planes para evitar la votación. En el escrito de conclusiones matiza el comportamiento de los votantes, para así rebajar el delito a sedición, y apunta a que en general la actitud no era agresiva “pero sí de fuerte resistencia física y firme oposición”.

Según la letrada Olga Tubau, esta rebaja supone una “buena noticia” que revela que la Fiscalía tiene “serias dudas” de que el tribunal condene por sedición porque a lo largo del juicio no ha aportado los “elementos suficientes” que prueben ese delito. La abogada avisó, no obstante, de que el de desobediencia que la Fiscalía pone como alternativa supone un “reproche gravísimo” para unos mandos policiales y lleva aparejado una pena de inhabilitación que “tampoco se puede menospreciar”, dado que les impediría seguir ejerciendo.

Por su parte, Vox cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esta detrás de la rebaja y le acusa, en el actual contexto, de buscar “aligerar el peso criminal” de un “traidor a España” -por Trapero-, mientras cesa a un “hombre de honor”, como Pérez de los Cobos.