Todos los partidos políticos, excepto VOX que se abstuvo, dieron el sí al nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) que persigue frenar la pobreza en las familias e impulsar la inclusión laboral de estos colectivos y que irá desde una renta mínima de 461 euros hasta los 1.015 euros mensuales.
El Pleno del Congreso ha apoyado por casi unanimidad, la convalidación del Real Decreto-Ley que regula esta renta mínima y a la que finalmente el PP ha sumado sus votos positivos y VOX sus abstenciones.
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han coincidido en que se trata de una de las medidas con mayor capacidad de redistribución de rentas y que "dignifica el país".
Escrivá ha explicado que el ingreso mínimo ha sido calculado con precisión ya que se adaptará a las necesidades de cada solicitante, teniendo en cuenta la modalidad de familia, sus ingresos y su patrimonio.
"Las políticas públicas no pueden vivir de espaldas a la sociedad" ha dicho Escrivá tras puntualizar que el IMV no sólo luchará contra la pobreza sino que servirá de palanca para la inclusión social y laboral.
"Es un seguro colectivo que rescatará a las personas en cada momento que sufran carencias", ha señalado tras añadir que su coste de unos 3.000 millones de euros es "perfectamente asumible".
Por su parte, Iglesias ha defendido que es el momento de hacer políticas expansivas para afrontar la actual crisis generada por la pandemia y ha dicho que también ayudará a la recuperación económica, ya que la renta irá "directamente al consumo y ayudará a autónomos y empresas a seguir facturando".
La renta mínima ha recibido el apoyo de todos los partidos políticos, incluso de VOX que no votó en contra, aunque ha criticado que la medida no sea temporal y no esté condicionada a la búsqueda de empleo.
Ha considerado que es el "precio del pacto con el diablo firmado por Sánchez" para ser investido y ha reiterado que el IMV supone un efecto llamada a los inmigrantes y pone en riesgo el sistema de protección de la Seguridad Social.
La mayoría de los partidos ha felicitado una aprobación que era urgente, aunque algunas formaciones, como PP, Ciudadanos, ERC o JxCAT, han solicitado que se tramite como proyecto de Ley para recibir cambios.
El PP ha recordado que fue el presidente Mariano Rajoy el que impulsó la tarjeta social y ha criticado que el Gobierno se "apropie" de las competencias autonómicas y exceptúe a la CAV y a Navarra.
El PP ha considerado que lo razonable habría sido presentar un proyecto de ley pactado con CCAA, ayuntamientos, tercer sector y con la oposición y que tuviera una memoria económica y un informe del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social.
Ciudadanos ha abogado porque la prestación vaya ligada a un itinerario de inserción laboral desde la Ley para no esperar a su desarrollo reglamentario mientras que JxCAT ha apostado por analizar la compatibilidad de la renta con la prestación por hijo a cargo.
ERC ha considerado que la medida no debe ser reversible y ha incidido en que se debería modificar la condición de tener que acreditar un año entero de bajos ingresos y ha urgido extenderla a las personas en situación irregular.
Formaciones como el BNG o Más País han considerado que es insuficiente en cuanto a beneficiarios y cuantías mientras que otros partidos como UPN han pedido que sea gestionada por todas las Comunidades Autónomas. CC también ha pedido que sea compatible con las pensiones no contributivas
