La Unión Europea se reserva el derecho a vetar partes del acuerdo comercial con Reino Unido que regula su relación a partir del 1 de enero por si este último incurra en casos de competencia desleal. El documento que recoge el acuerdo y que fue presentado ayer contempla un mecanismo de vigilancia y represalias en caso de esta mala práctica, ya sea por ayudas públicas o por políticas sociales, laborales o medioambientales. Este procedimiento, sobre el que insistieron especialmente los negociadores de la Unión Europea, es reflejo de un cierto grado de desconfianza entre ambas partes.

Ahora que Bruselas ha firmado las condiciones en las que el Reino Unido recuperará una autonomía legislativa en materias de alta sensibilidad como la lucha contra el cambio climático o las relaciones laborales, la preocupación en el seno de la Unión Europea reside en que determinadas modificaciones o bajada de los estándares pactados puedan crear un impacto que genere competencia desleal entre las partes.

En el caso de que esto ocurriera, el acuerdo incluye un instrumento que permitirá a la Comisión Europea abrir un período de 15 días de consulta con Reino Unido y, de no acabar en un pacto satisfactorio, en cinco días más quedarían sin efecto algunos apartados del acuerdo firmado en Nochebuena. Estos afectarían directamente a los beneficios que tendrá Reino Unido como socio privilegiado y libre de aranceles para comerciar con la Unión Europea.

Es decir, en 20 días, Reino Unido podría tener que asumir el pago de aranceles o seguir las líneas estipuladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC). En virtud de lo pactado, Reino Unido seguirá disfrutando del privilegio de la exención de aranceles y de cuotas en sus intensos intercambios comerciales con otros países de la UE, algo único para un país tercero.

El año pasado, las exportaciones de la UE al Reino Unido fueron de casi 300.000 millones de euros, y al contrario se acercaron a los 190.000 millones de euros. Pese a parecer surgido de una negociación infinita, se ha alcanzado en 10 meses, todo un récord en comparación con otros grandes acuerdos comerciales. El Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá llevó unos siete años hasta su entrada en vigor en 2017. Más del doble, exactamente 20 años, llevó negociar el acuerdo comercial con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), pactado en 2019 y que aún no ha sido ratificado.

De este modo, aunque el acuerdo del brexit todavía es de mínimos, se aproxima bastante a la idea que el primer ministro británico, Boris Johnson, tenía al empezar a negociarlo y puede servir como punto de partida para ampliar la relación en el futuro.

El Gobierno británico ha vendido el pacto como la consecución de sus objetivos: mantener una zona de libre comercio sin aranceles ni cuotas al tiempo que libera al país de las regulaciones de la Unión Europea y de la jurisdicción de los tribunales comunitarios.

A cambio, el precio que paga es muy alto. Johnson sabía bien que la UE no iba a negociar una relación que le permitiese conservar los derechos que desease mientras abandonaba el club comunitario. ¿Es un brexit duro? En gran medida sí. Pero la elección era entre susto o muerte.

Sin aranceles. El acuerdo prevé el libre intercambio de bienes y servicios sin tarifas (aranceles) y sin cuotas (volumen máximo de cada producto), aunque el resultado implica más restricciones que las normas vigentes actualmente durante el período de transición que se concedieron ambos bloques mientras negociaban el acuerdo.

Gobernanza dividida. Para dar la máxima seguridad jurídica a las empresas, los consumidores y los ciudadanos, un capítulo dedicado a la gobernanza proporciona claridad sobre la forma en que se operará y controlará el acuerdo. Las empresas de la UE y el Reino Unido compiten en igualdad de condiciones y evitarán que cualquiera de las partes utilice su autonomía normativa para conceder subvenciones injustas o distorsionar la competencia. Ambas partes pueden tomar represalias intersectoriales.

Pesca con periodo transitorio. Habrá nuevas disposiciones para asegurar una gestión sostenible de las reservas pesqueras compartidas. El acuerdo establece un periodo transitorio de cinco años y medio en el que estará garantizado el acceso recíproco a las aguas respectivas, con un recorte gradual del 25% de las cuotas de la UE en esas aguas.

Transporte fluido. El acuerdo prevé una conectividad continua y sostenible por aire, carretera, ferrocarril y mar, aunque el acceso al mercado está por debajo de lo que ofrece el Mercado Único.

Controles fronterizos y colas. A partir de 1 de enero se impondrán controles aduaneros con el Reino Unido, con lo que se da por hecho que seguirán viéndose largas colas de camiones de mercancías en puertos como el francés de Calais y o el británico de Dover.

Ciudadanía para residentes. Quienes antes del ‘brexit’ ya vivían al otro lado tienen sus derechos protegidos, incluyendo la seguridad social, en virtud del acuerdo de salida de 2019.

Johnson celebra la “soberanía” del Reino Unido “en asociación” con la UE

Boris Johnson se muestra satisfecho con el acuerdo del brexit. Ni siquiera las voces críticas que han surgido por las concesiones británicas en pesca apagan la euforia que predomina en las filas gubernamentales. “Hemos cumplido con todos los compromisos de nuestro programa: control del dinero, las fronteras, las leyes, el pescado y todo lo demás. Pero aún más importante: ahora tenemos una base para la amistad y la asociación a largo plazo con la UE como iguales soberanos”, destacó.

El propio Gobierno británico ya calculó que un acuerdo como el alcanzado en Nochebuena tendrá un impacto sobre el PIB de un 5% menos en los próximos 15 años que si se continuase en la UE.

Bruselas ya le dejó claro en 2017 a la entonces primera ministra británica, Theresa May, que su estrategia de “escoge el pastel y cómelo” nunca iba a funcionar: dejar la UE tiene que acarrear fuertes contrapartidas si se quieren evitar nuevas veleidades.

Sin embargo, el pragmatismo y la presión de las empresas también obligaba a los Veintisiete a perturbar lo menos posible los intercambios comerciales.

No en vano, países como Irlanda exportan más del 10% de sus mercancías al Reino Unido. Para España esas ventas representaron el 6,4% del total de sus exportaciones en los siete primeros meses de 2020.