l PSOE ha decidido aplazar al próximo otoño el congreso federal, previsto para primavera. La situación sanitaria y la complejidad de abordar en estas circunstancias un proceso congresual han llevado a los dirigentes socialistas a posponer una cita en la que no se esperan sorpresas -Sánchez será reelegido secretario general-, pero que servirá para fijar el rumbo del PSOE para los próximos años, y que a medio plazo puede condicionar también la línea política del PSN en Navarra.
2021 es un año de transición para el PSOE. Han pasado casi cuatro desde que Pedro Sánchez arrolló a Susana Díaz en las primarias socialistas. Lo hizo con un mensaje renovador, social en lo económico y abierto en lo territorial que, con sus vaivenes e incoherencias, ha consolidado al Partido Socialista al frente del Gobierno central y en varias comunidades autónomas. Los socialistas han sido capaces de tejer alianzas amplias y diversas que le permiten gozar hoy de una posición política estratégica que puede tener largo recorrido. Y en la que solo queda por resolver la cuestión catalana, donde se asoma una alianza por la izquierda que puede dejar en un segundo plano un proceso soberanista con claros síntomas de agotamiento. Un pacto con ERC, acompañado por la paulatina excarcelación de los dirigentes soberanistas, cerraría el círculo territorial y daría estabilidad al Gobierno.
El escenario no es nada malo. La coalición con Podemos funciona. Con dificultades de cohesión y una guerra de guerrillas dentro del Consejo de Ministros. Algo no muy diferente a lo que pueda ocurrir en otros gobiernos de coalición, mientras navega en medio de una pandemia mundial que por ahora no parece desgastarle en exceso.
Más bien al contrario. En los últimos meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha logrado aprobar una nueva ley de Educación y una histórica ley de Eutanasia. Y ha sacado adelante unos presupuestos que le garantizan oxígeno prácticamente hasta el final de la legislatura. Con la llegada de los fondos europeos a la vuelta de la esquina -con la capacidad de inversión económica e influencia política todo ello implica- el horizonte ofrece motivos para el optimismo en La Moncloa.
Hay sin embargo una tendencia histórica en el PSOE, casi instintiva, a corregir la posición. La irrupción renovadora del primer Gabinete de Felipe González dio paso a años de reformas sociales y económicas de corte liberal. De la misma forma que la revolución cultural de la primera legislatura de Zapatero, con la salida de tropas de Irak o el matrimonio igualitario, acabó con una reforma de la Constitución y una enorme desmovilización en la base social de la izquierda como consecuencia de la crisis económica de 2008.
Contextos no tan diferentes al que encara ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, que en los próximos meses debe afrontar varios retos que van a condicionar la estrategia futura del PSOE, y por extensión, también la del PSN.
La propia coyuntura económica es la más inminente. El Gobierno central tiene pendientes reformas importantes en ámbitos como las pensiones, el mercado laboral o el salario mínimo. Cuestiones en las chocan el mensaje social con la realidad de las cuentas públicas, y una presión europea que reclama rigor financiero como contrapartida de los fondos europeos para la recuperación. Negociaciones que pueden enturbiar también la relaciones entre el ala económica del Gobierno, con Calviño a la cabeza, y su socio de coalición. Pero también con los sindicatos, que amenazan con salir a la calle este invierno si no se cumple lo firmado con Podemos en el acuerdo de legislatura.
Hay en el PSOE además una disputa pendiente. El liderazgo de Sánchez es incuestionable, pero los barones que trataron de evitar su llegada a Ferraz siguen en la retaguardia. Muchos de ellos, empezando por Susana Díaz, deben renovar este año su liderazgo regional. Es posible que surjan algunas batallas que pueden inclinar la balanza de poder dentro PSOE, donde hay soterrada una pugna estratégica entre los barones más jacobinos como García Page (Castilla-León), Fernández Díaz (Extremadura) o la propia Díaz, y la nueva corriente federalista que representan Puig (Valencia), Armengol (Baleares) o la propia Chivite.
Todo en cualquier caso queda supeditado a una cuestión de fondo, más tribial pero seguramente más determinante, como es la apuesta política y electoral. En España no hay ningún partido más de Estado que el socialista. Por su implantación en todo el territorio, por su papel en 1978 y por su tradición en el Gobierno central. Principios que chocan con algunas alianzas y medidas acordadas los últimos meses que los socialistas tienden a corregir.
El apoyo a los presupuestos de Pamplona es una forma de mitigar el coste político que puede tener el pacto presupuestario con EH Bildu. De la misma forma que la defensa de la monarquía y el rechazo a investigar en el Congreso las irregularidades del rey emérito sirven para compensar cualquier signo de radicalidad que puedan trasladar la presencia de Podemos en el Gobierno o los posibles indultos a los líderes del procés.
Equilibrios constantes en un partido habituado a una política pendular, y que desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se ha inclinado claramente hacia la izquierda. Pero que una vez consolidada la presencia en el Gobierno central y con un derecha radicalizada y dividida, vuelve a tener la tentación del giro a la centralidad. El lugar donde el PSOE aspiran a abarcarlo casi todo, aun a riesgo de tensionar las alianzas que le sostienen en la actualidad.
El cierre de filas del PSOE con la monarquía sirve para compensar cualquier signo de radicalidad por sus acuerdos de Gobierno
