n una muestra más del tipo de oposición por el que ha apostado la derecha en Navarra, la parlamentaria Marta Álvarez ha registrado en el Parlamento una pregunta para que el Gobierno detalle “el menú de cada una de las comidas” de María Chivite en el Palacio de Navarra. No es porque esté preocupada por la dieta de la presidenta. Simplemente confía en encontrar algo con lo que poder hacer ruido y atizar al Gobierno aprovechando el malestar del sector hostelero.
La polémica viene a cuenta de la comida de trabajo que la presidenta mantuvo en octubre en el Palacio de Navarra con directivos de Acciona, en un contexto de cierre de establecimientos hosteleros y limitación de encuentros solo a convivientes. Según explicó después el Gobierno, durante las restricciones se han celebrado cuatro encuentros de este tipo (con el presidente de la CEN, el rector de la UN y la delegación de un Gobierno extranjero) y nunca se han superado los seis comensales. Nada que no entre en las responsabilidades de la presidenta, que pese a la pandemia sigue siendo la principal representante institucional de la comunidad, por mucho que le moleste a UPN.
Pero esos detalles no son suficientes para la formación de Javier Esparza, que ahora quiere saber cuándo, cómo, con quién y para qué se reúne la presidenta. También los ingredientes de cada una de sus comidas y, por su puesto, su precio. No hay ninguna sospecha firme, solo un intento de lanzar las redes a ver si cae algo de interés y, de paso, sembrar la duda de la sospecha. La polémica como único recurso parlamentario.
Transparencia Ocurre sin embargo que la agenda de la presidenta no es pública. Lo es en algunos países, pero no aquí, donde se permite cierta discreción no exenta de control parlamentario, y cuya publicidad no es obligatoria. ¿Debería difundir el Gobierno con quién se reúne la presidenta? ¿Es interés público o mero cotilleo? ¿La trasparencia atañe solo al Gobierno o también al líder de la oposición?
Es desde luego un debate interesante en torno a la transparencia y a la confidencialidad en la gestión pública. Las reuniones privadas no son un detalle menor en un cargo como el de la jefatura del Ejecutivo. Pueden aportar información sobre los intereses o las estrategias reales del Gobierno, sus simpatías y pleitesías. Y en ocasiones contradecir el mensaje oficial, lo que desde el punto de vista de la credibilidad resulta relevante. Pero su publicidad tiene también algunos inconvenientes. Hay actuaciones que requieren discreción, puede que los interlocutores no quieran dar a conocer un encuentro de este tipo, o que su difusión imposibilite, por ejemplo, un acuerdo futuro con algún inversor.
El todo vale Evidentemente, ese no es el debate que plantea Navarra Suma. Sumida en una estrategia de oposición frontal en la que todo vale con tal de desgastar al Gobierno, la derecha ha renunciado a cualquier iniciativa propositiva en el Parlamento. Solo el pasado año, el Gobierno de Navarra atendió un millar solicitudes de información del Parlamento, la inmensa mayoría (916) a instancias de Navarra Suma. Se pide de todo y a peso, muchas veces sin un objetivo claro, de forma genérica o sin concreción. A ver qué sale.
Una deriva que comenzó en 2015 al grito de Navarra desaparece, y en la que UPN ha acabado renunciando al mínimo rigor exigible en la acción política. Resulta especialmente decepcionante ver a una exdirectora general de Política Económica como María Jesús Valdemoros plantear un incremento de gasto de 244 millones al mismo tiempo que defiende una rebaja de impuestos con el único argumento de que con una buena gestión cuadra todo. No es cierto, y la portavoz económica de Navarra Suma lo sabe perfectamente. Pero no importa.
El problema es que por el camino se han perdido también los escrúpulos. Ni siquiera hay margen para la tregua en una situación como la actual, con un millar de muertos solo en Navarra y con la sanidad pública agotada después de un año de exigencia máxima. Al contrario, cuanto peor, mejor. Hasta el punto de asegurar que el Gobierno “tira vacunas a la basura”, como ha hecho esta semana Cristina Ibarrola. Una acusación grave y malintencionada que siembra la sospecha sobre todo el proceso de vacunación y sobre en el propio sistema y sus profesionales. Que llega además de la mano de quien fue directora de Salud durante el Gobierno de Barcina. Ibarrola conoce bien qué supone gestionar en situaciones de dificultad. Los recortes de aquellos años todavía lastran hoy la sanidad pública navarra.
No parece sin embargo que esta estrategia de confrontación tenga efectos electorales, al menos a corto plazo. Los sondeos muestran una gran estabilidad política en Madrid, y el último Navarrómetro deja a la derecha estancada con los mismo escaños que tiene ahora, sin que los grupos que sostienen al Gobierno foral sufran mayor desgaste. Probablemente porque los ciudadanos han optado por vivir ajenos al ruido cada vez más estridente e improductivo que ofrece el debate político.
Lo que no parece llevar a la reflexión a UPN ni a su marca electoral, Navarra Suma, que más de cinco años después sigue apostando por la crispación política como la única vía para recuperar el poder. Aún a costa de dañar seriamente su propia credibilidad como alternativa de Gobierno.
Resulta decepcionante ver a toda una exdirectora general como Valdemoros defender una política presupuestaria sin ningún rigor económico
Por el camino se han perdido los escrúpulos, hasta el punto de acusar a Gobierno foral de “tirar vacunas a la basura”
