Manu Ayerdi ha convocado una rueda de prensa este mediodía para anunciar su dimisión tras el procedimiento abierto por el Supremo en torno al caso Davalor, una vez recibida notificación del Alto Tribunal para que declare como querellado. Mikel Irujo Amezaga sustituirá al consejero al frente del departamento de Desarrollo Económico. El Gobierno foral ha venido manifestando en los últimos días que cuando el consejero recibiera la notificación del auto, renunciaría al cargo en cumplimiento de la ley foral del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, que prevé que los altos cargos que sean investigados cesen en sus responsabilidades.

La salida de Manu Ayerdi se había convertido en una cuestión de tiempo. Más allá de el debate sobre si el consejero está o no siendo formalmente investigado -los servicios jurídicos del Gobierno habían venido sosteniendo hasta ahora que no-, la situación política se había vuelto difícilmente sostenible. La presión de la derecha apuntaba ya a la presidenta y el proceso en el Supremo se podía alargar todavía varios meses. Con el relevo anunciado y el foco puesto sobre el consejero de Desarrollo Economico, la decisión se acabó de tomar, de forma consensuada, a última hora de ayer.

La polémica de Davalor no es nueva. Una operación fallida de Sodena sobre la que ha habido ruedas de prensa, comparecencias parlamentarias, una comisión de investigación, un informe de Comptos y hasta un proceso judicial contra el administrador de Davalor, que acabó con condena en el Juzgado de lo Mercantil por no declarar a tiempo el concurso de acreedores, pero sin consecuencias penales. Hasta ahora no se han observado actuaciones delictivas por parte del Gobierno de Navarra.

Ha sido UPN quien ha puesto sobre la mesa la acusación de "prevaricación" y "malversación" con una querella en el Supremo. Y no de forma casual. Ambos delitos están recogidos en la ley que regula las incompatibilidades de los miembros del Gobierno, por lo que la mera admisión a trámite, más allá de su resultado final, forzaba la dimisión del consejero.

Una operación política que ha vuelto a quedar en evidencia esta semana con las urgencias mostradas por el presidente de UPN, Javier Esparza, que ha llegado a amenazar a María Chivite con otra querella por prevaricación si no cesaba a Ayerdi. Solo Enrique Maya, el único de los dirigentes imputados por el cobro irregular de dietas en Caja Navarra que sigue en activo, se ha desmarcado de la línea oficial de UPN, calificando la posible dimisión del consejero como “desmesurada” en este punto del proceso judicial.

Renunciando al cargo, el consejero renuncia también a su aforamiento, por lo que el Supremo deberá delegar ahora en la Audiencia Provincial las diligencias del caso. Será otro juez el que asuma la causa y decida sobre las diligencias a seguir, lo que aboca a Ayerdi a un largo peregrinaje judicial si finalmente es acusado. Porque incluso en el caso de salir absuelto, la acusación podrá recurrir hasta el Supremo y pocas dudas quedan de cuál será la actitud de la derecha navarra, ya tuvo a Uxue Barkos de tribunal en tribunal durante cinco años.