Republicanismo

¿Cuándo me toca?

31.01.2021 | 02:23
¿Cuándo me toca?

Casi todos quienes hemos tenido el honor de ejercer como consejeros de Salud del Gobierno de Navarra nos hemos dedicado, llegado el otoño, a promocionar la campaña de vacunación de la gripe. Si el titular de Educación daba una rueda de prensa para hablar de las novedades del curso escolar, lo que nos tocaba a nosotros era convocar otra, en un centro de salud, y escenificar en primera persona lo sencillo y útil que es ponerse el pinchacito. Los dos último responsables del Departamento, doctores Induráin y Domínguez, cumplieron con la tradición, y constan las fotografías que atestiguan la importancia que le otorgaron al asunto. En efecto, es muy relevante, habida cuenta que hasta que llegó el nuevo coronavirus el patógeno que más comprometía la tensión sanitaria y mayor mortalidad podía endosar era este. Cuando se proponía a la población la vacuna antigripal, siempre voluntaria, se hablaba de que se recomendaba a mayores de 65 años y a quienes tuvieran alguna patología previa de cierto riesgo. Pero también se añadía un tercer grupo, la llamada indicación social. Aquellos cuya labor pública no es conveniente que se vea interrumpida, caso de los maestros, los bomberos o los médicos, por poner sólo tres ejemplos. Que la vacuna se ofreciera tan ampliamente tenía una razón obvia: había más dosis que personas con ganas de que se la administraran. De hecho, todos los años sobraban y debían destruirse. De ahí que se publicitara la conveniencia de su uso amplio. Es todo lo contrario de lo que ocurre ahora con el SARS-CoV-2, en la escasez de viales que están llegando a los distintos países, porque fabricar una vacuna de nueva tecnología no es como imprimir fotocopias. En un escenario en el que el remedio para la infección ha de estar necesariamente priorizado, y que lo que eventualmente puede evitar es incluso la muerte, no cabe esa indicación social que sí rige para la gripe. Aquí, todos iguales. O, por precisarlo mejor, que la vacuna se aplique según el riesgo clínico relativo de las personas, combinación del factor edad con el factor estado previo de salud. No sería difícil hacer un ranking en el que todos ocupáramos un determinado orden de prelación, habida cuenta de que el sistema sanitario sabe de nosotros la edad que tenemos –la base de datos de la tarjeta sanitaria es un censo poblacional casi perfecto– y también dispone del historial de enfermedades. Quienes estos días se han saltado notoriamente su turno, me da igual el Jemad, que el consejero, que el obispo, que el alcalde, que el reponedor de la máquina de vending, son esencialmente malas personas. Ya no sólo por egoístas, sino por dispuestos a hurtar la vacuna a otros cuya probabilidad de muerte es mayor que la suya si contraen el virus. Representan la notoria transición de esta sociedad de pícaros hacia una corte de delincuentes.

No hay nada más importante en lo que deba trabajar el poder público que en asegurar el desarrollo de una eficaz campaña de vacunación frente al coronavirus. Nada hay tan prioritario para nuestra salud y nuestra economía. Por eso es escandaloso que el único referente de lo que se quiere hacer sea un documento de triste edición y 16 paginitas en su última versión, llamado Estrategia de vacunación frente a COVID19 (sic) en España. Cualquier acta de cualquiera reunión banal de cualquier ministerio ofrece más detalle y compromiso. Si eso es todo lo que corresponde hacer, es una muestra más de que estamos ante un Estado fallido, que no asume sus propias responsabilidades. El plan de vacunación debiera alojarse en una norma oficial, al menos un Decreto, en el que se establecieran garantías y obligaciones legales para que las cosas se hagan como es debido. Por ejemplo, para establecer estrictamente el orden de prelación de los 47 millones de españoles, que no es tan difícil. Y para concretar las obligaciones de las organizaciones sanitarias, y las garantías de los recursos necesarios, y del desempeño profesional. También, para sancionar incumplimientos y establecer una auditoría permanente, por muestreo, que garantice que cada dosis es aprovechada por quien más lo necesite. Nada de esto se ha puesto en claro, a título de norma legal, en el que es el mayor reto que nos ocupa. El Gobierno, con su fatuo presidente a la cabeza, mantiene que en verano estará vacunado el 70% de la población. Este es un asunto de tan enorme importancia que si se constatara el incumplimiento de la promesa se le debería exigir, con más motivo que nunca, que se marchara a su casa.

Nada es más importante que asegurar una eficaz campaña de vacunación, pero nada se ha puesto claro en norma legal

Quienes estos días se han saltado su turno, son malas personas. Hurtan la vacuna a otros con mayor probabilidad de muerte

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