La crónica de la semana

Europa toma la iniciativa

La Comisión Europea suspende hasta 2023 los límites de la austeridad presupuestaria. No habrá recortes y se abre el grifo del gasto público mientras crece el ruido político por la gestión de los fondos europeos

07.03.2021 | 02:06
Pedro Sánchez con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: Pool (Europa Press)

Ha pasado en cierto modo desapercibida, pero ha sido una de las noticias más importantes de la semana. El miércoles la Comisión Europea acordaba ampliar hasta 2023 la suspensión de las reglas de estabilidad presupuestaria. Una decisión clave para España, que podrá seguir emitiendo deuda pública sin necesidad de ajustes dramáticos. Y también para Navarra, que pese a la caída de la recaudación podrá mantener el nivel de inversión presupuestaria. De esta crisis saldremos con el déficit disparado y la deuda en máximos históricos, pero eso no será un problema al menos hasta 2023. Y antes hay que apagar el incendio.

Europa, tan cuestionada en la crisis anterior por su dogmática política presupuestaria, esta vez ha tomado la iniciativa. Ha abierto el grifo del gasto público y ha asumido el liderazgo en dos asuntos clave que pueden sentar las bases de la Europa del futuro: la estrategia de vacunación y los fondos de reactivación económica.

Con el mundo sumido en un sálvese quien pueda y las farmacéuticas vendidas al mejor postor, la compra conjunta de vacunas ha evitado una competencia entre los estados miembros que hubiera sido letal para la propia Unión Europea. Al mismo tiempo, se ha movilizado un paquete de estímulo de 750.000 millones para reactivar la economía desde un prisma verde y digital, y que por primera vez se va a financiar mediante la emisión de deuda mancomunada. Una decisión estratégica que puede ser la primera piedra sobre la que construir una unión fiscal que vaya más de la meramente monetaria.

el cálculo político Ambas apuestas sin embargo han puesto en evidencia las propias carencias de la Unión Europea, lastrada por una estructura burocrática en la que nunca está claro ni quién ni cómo se toman las decisiones. Y han generado una expectativa desorbitada que corre el riesgo de acabar generando frustración en la sociedad si el resultado no es tan satisfactorio como les han prometido unos gobernantes necesitados de buenas noticias.

Así se ha visto con el proceso de vacunación, más lento de lo previsto, y que la derecha está aprovechando en España para poner en duda toda la estrategia. Un anticipo de lo que va a ocurrir con los fondos europeos, donde se vislumbra ya una dura batalla, tanto en Navarra como en Madrid, entre el Gobierno y la oposición. La mayor inversión pública de los últimos años es un activo electoral que unos querrán rentabilizar, y los otros tratarán de evitar.

Hay evidentemente argumentos para la crítica. El Consejo de Estado ha puesto en duda algunas reformas legales planteadas para agilizar todo el trámite administrativo, abonando la sospecha de discrecionalidad en el reparto del dinero. Dudas que la derecha trata de extender también en Navarra, donde UPN ha recurrido al Consejo de Transparencia porque no se le facilita información sobre inversiones anunciadas por el Gobierno foral: 125 proyectos por valor de más de 3.400 millones a ejecutar antes de 2026.

En realidad, no es tanto un problema de transparencia como de inconcreción. El Gobierno de Navarra no detalla sus proyectos por el mismo motivo por el que no lo hace el Gobierno central, porque todo está sin definir. No está claro el criterio que se va a seguir para un complejo reparto en el que se van a mezclar los criterios técnicos con el equilibrio territorial y el cálculo político. Tampoco se sabe cuál va a ser el papel de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, ni cómo se va a gestionar la colaboración público-privada, clave de una operación que quiere movilizar mucha inversión empresarial, y que tiene a los fondos de inversión extranjeros al acecho.

Cuestiones que habrá que concretar antes del 30 de abril, fecha límite fijada por la UE para presentar todo el plan de inversiones, y habrá que hacerlo con detalle. Porque las inversiones no solo van a ser fiscalizadas por la Comisión Europea, también por aquellos socios más reacios a compartir las cargas, y que internamente no se pueden permitir un uso irresponsable o fraudulento del fondo común. Está en juego la credibilidad de la propia Unión Europea, que va a exigir también algunas reformas estructurales que pueden afectar a las pensiones y al mercado laboral, y de las que nadie ha querido decir nada por ahora.

Es el reto que asume ahora el Gobierno de Sánchez, responsable último de reparto del dinero, y también el de María Chivite, que deberá defender los intereses de Navarra por encima de los de su propio partido en un escenario marcado por la disputa política y la competencia entre territorios. El debate abierto en torno a la ubicación de la fábrica de baterías para el coche eléctrico es un primero anticipo.

Son en cualquier caso decisiones estratégicas que ambos gobiernos deben afrontar con transparencia y rigor. Pero también con su propio criterio. Querer externalizar las decisiones en una agencia independiente, como propone Ciudadanos, o tratar de imponer su propio criterio con el argumento del consenso, como reclama Navarra Suma, no solo es improductivo, también supone cuestionar el propio sistema institucional. Para bien o para mal, son los gobiernos quienes toman las decisiones. Entre otras cosas, porque así lo han decidido los electores. Algo que a la derecha algunas veces le cuesta aceptar.

A los gobiernos se les debe exigir rigor y transparencia, pero no se les puede negar la legitimidad en la gestión de los fondos europeos

La enorme expectativa creada en torno a la mayor inversión pública en décadas puede acabar en decepción