- La proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga nombramientos en funciones fue aprobada por el pleno del Congreso, donde la mayoría de grupos censuró al PP por el bloqueo al que somete a ese órgano.

El CGPJ lleva ya más de dos años y tres meses en funciones y hace dos semanas se rompió el último intento de cerrar una nueva composición, ante el veto del PP a la candidatura del juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel y que el Gobierno propone como vocal.

Ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones y el acuerdo entre PSOE y PP, necesario ya que los nuevos vocales necesitan un respaldo parlamentario de tres quintos, se aleja aún más ante el horizonte electoral abierto en la Comunidad de Madrid y Murcia.

Varios portavoces lo pusieron de manifiesto en un debate en el que Vox y Ciudadanos lideraron do las críticas a los dos partidos mayoritarios por mantener un sistema basado en un “reparto” de vocales para, según denunciaron, intentar controlar políticamente el órgano de gobierno de los jueces.

Competencia esencial de esa institución es nombrar cargos judiciales, desde los magistrados del Supremo a los presidentes de los tribunales superiores de justicia o las audiencias provinciales, y es la que busca suprimir en funciones la proposición de ley aprobada ayer por 196 votos a favor, 150 en contra y una abstención.

PSOE y Unidas Podemos presentaron esta iniciativa para presionar al PP a sentarse a negociar, pero la estrategia, por el momento, no ha funcionado.

El PSOE y Unidas Podemos presentaron su propuesta el pasado mes de diciembre, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, todo ello como alternativa a la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Desde entonces, la propuesta de los socios de Gobierno ha ido superando todos los escollos en la Cámara Baja en una tramitación urgente acordada por la Mesa del Congreso, que también habilitó el mes de enero con este fin. La Comisión de Justicia la dejó vista para su aprobación definitiva el pasado 16 de febrero, donde se rechazaron las dos enmiendas de supresión que el PP mantenía.

El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es “establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación”.

Proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial. En cambio, plantean que conserve “aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante” para evitar la “parálisis” de la Justicia.

Ahora, el texto pasará al Senado, donde, si no hay cambios, podría quedar aprobado definitivamente en el plazo de un mes y así poder entrar en vigor con su publicación en el BOE.

El PNV critica una reforma sin consenso. El PNV cuestionó la reforma “exprés” impulsada por PSOE y Podemos sin consenso y sin atacar la raíz del problema -la aplicación de “criterios sectarios y partidistas”, con cuotas y vetos, en la elección del CGPJ- pero su portavoz, Mikel Legarda, recordó que el responsable del bloqueo es el PP, que “instrumentaliza un proceso garantista en elección en beneficio propio y en perjuicio de la institución”.

Para EH Bildu la reforma se queda corta. Para Jon Iñarritu, de EH-Bildu, la reforma “se queda corta”: si los vocales el CGPJ no dimiten, habría que cesarlos una vez concluido el mandato, ha defendido.