- Tras ocho meses de interinidad, desde la inhabilitación de Quim Torra, el recién investido presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, se encontrará nada más llegar a su despacho un cúmulo de urgencias por resolver, en una legislatura llena de incertidumbres y con una reválida en 2023. Aragonès tras tomar hoy posesión de su cargo -un acto en el que el ministro Miquel Iceta representará al Ejecutivo español- deberá afrontar cinco grandes retos que tiene por delante.

Con casi medio millón de parados en el arranque del primer trimestre del año y una tasa de desempleo del 12,9% en Cataluña, el Govern afronta el reto de reactivar la economía, lastrada por la pandemia, y evitar que los ERTE de 2020 deriven en una extinción de contratos en cascada. Sectores como el turismo, la hostelería o la cultura, golpeados por la covid, así como el cierre de Nissan, necesitarán soluciones urgentes, y para ello el Govern confía en los fondos europeos, para los que ha presentado 27 proyectos.

La pandemia ha agravado la situación de pobreza, precariedad y exclusión en la sociedad catalana, una alarmante realidad ante la que el pacto ERC-JxCat plantea un "plan de rescate social" en el que "se movilizarán de forma inmediata 700 millones de euros". La agrupación Entidades Catalanas de Acción Social ya ha instado al nuevo Govern que estos 700 millones "no se queden tan solo en una declaración de intenciones, sino que se concreten en políticas y actuaciones estructurales".

El pasado miércoles, el exministro de Sanidad y actual líder del PSC, Salvador Illa, pasó por el recinto de Fira de Barcelona para ser vacunado; el proceso de vacunación avanza y va camino de cumplir su predicción de tener en verano el 70% de la población vacunada en todo el Estado. "Consellera, esto está funcionando bien, y también usted tiene mérito", afirmó Illa al día siguiente, en un gesto de cortesía hacia Alba Vergés, que tendrá que ceder la cartera de Salud a un conseller designado por JxCat, y todo apunta a que será el actual secretario de Salud Pública, Josep Argimon.

Uno de los principales compromisos de Aragonès es retomar cuanto antes la mesa de diálogo con el Estado, fruto de un acuerdo ERC-PSOE y que solo se llegó a reunir una vez, el 26 de febrero de 2020. JxCat, que nunca vio con buenos ojos una mesa con el sello de ERC y sin presencia de un mediador, y la CUP, también muy escéptica con la vía del diálogo con el Estado, han aceptado darle dos años de margen y evaluar entonces si ha habido avances en amnistía y autodeterminación. En su investidura, Aragonès prometió trabajar para "culminar la independencia", invocando la vía escocesa de un referéndum pactado, una aspiración que en la Moncloa ven inasumible e inconstitucional, igual que una amnistía, aunque en cambio sí pueden tener recorrido los indultos a los presos o una reforma del delito de sedición.

¿Cómo reaccionará el soberanismo si dentro de dos años estima insuficientes los resultados del diálogo? La respuesta deberá debatirla la nueva dirección estratégica unitaria que constituirán las fuerzas independentistas. Se trata de un núcleo estratégico en la sombra -integrado por ERC, JxCat, CUP, ANC y Òmnium Cultural-, que Esquerra insistió en desvincular del Consejo por la República, espacio parainstitucional liderado desde Bélgica por Carles Puigdemont. El acuerdo entre ERC y JxCat no habla de vía unilateral, pero sí de "embate" y "confrontación democrática" con el Estado, para "forzarlo a una resolución del conflicto" catalán que implique una posible "intervención de los organismos europeos".