En la incidencia radica buena parte de la eficacia de su organización. Esteban Beltrán (Madrid, 1961) sabe comunicar con un brío no exento de templanza, sin perder pegada en las cuestiones concretas. Este experto habló hace días en el Condestable en un curso veraniego de la UPNA en el que también intervinieron, entre otros, la guionista y directora Mabel Lozano o la filósofa Adela Cortina.
Habló en Pamplona del ‘reto de los derechos humanos’. Cuéntenos.
-Básicamente me centré en los retos en contexto de la pandemia, y cómo la covid está afectando a los derechos humanos. La pandemia ha puesto en evidencia el legado terrible de unas políticas divisivas y destructivas en muchos países, que perpetúan la desigualdad, la discriminación, la represión de la disidencia. Estas políticas han agravado todavía más las situación causada por la covid. Muchos gobiernos han utilizado la pandemia para sacar despiadadamente provecho de la crisis y redundar sus ataques a los derechos humanos. Por ejemplo, Orban, en Hungría, reformó el código penal para introducir penas de hasta cinco años de prisión por difundir información falsa. Duterte, en Filipinas, ordenó a la policía disparar a matar contra quienes protestaran o pudieran causar problemas durante el confinamiento. La policía en Brasil mató a 3.181 personas en todo el país de enero a junio del año pasado, con una media de 17 al día. El presidente de China aumentó su persecución del pueblo uigur, en campos de reeducación de varios millones de personas... La otra idea que expuse es que desgraciadamente tenemos un nacionalismo de vacunas.
Desarrolle esto, por favor.
-Los intereses nacionales han prevalecido sobre la cooperación internacional en las respuestas a la covid. Estamos viviendo una pandemia mundial, y sin embargo más de 90 países han introducido restricciones a la exportación que afectan a materiales médicos, equipos de protección individual, productos farmacéuticos, alimentos... Las empresas farmacéuticas se resisten a aceptar una exención de las patentes de las vacunas para que haya una mayor posibilidad de fabricarlas a muy bajo precio en varios lugares del mundo. Además, los pagos de la deuda son más elevados que los presupuestos anuales en Salud en muchos países africanos. Una crisis como esta requiere una respuesta coordinada internacional, y hasta ahora no se ha producido con toda la fuerza que debería. Quizá, el punto más positivo en este año de pandemia son los movimientos de protesta en todas partes del mundo. Ha habido muchísimas personas saliendo a la calle como una especie de freno a los abusos del poder. Es muy importante ver una sociedad civil en ebullición, movilizándose por diferentes razones. Ese ha sido un poco el contrapeso.
Cabía pensar que la pandemia había desactivado la movilización.
-Obviamente ha tenido otras formas, sobre todo en 2020, por los confinamientos y cuarentenas, pero no. Lo hemos visto en América Latina, por ejemplo, en Chile, la gente harta de un sistema sin educación pública ha logrado una nueva Constitución. En Colombia los jóvenes están movilizándose en un país que no les da ninguna esperanza de poder retomar sus vidas en los próximos años. O el feminismo, muy relevante en todo el mundo. Hoy no tenemos gobernantes como Mandela o Václav Havel, que eran un referente en derechos humanos, pero ahora el referente es la gente. Ese es el cambio.
¿Existe el riesgo de dispersarse entre tantas causas, y de que la opinión pública desconecte?
-Siendo esencial trabajar en relación a grupos vulnerables de la sociedad, es importante que la gente entienda que los derechos humanos son también de la mayoría de la población. Amnistía Internacional ha cumplido en mayo 60 años. Empezamos pidiendo la libertad de presos de conciencia, y continuamos haciéndolo, pero ahora estamos en una campaña global táctica sobre vacunas. Conseguir que la vacuna sea accesible en todo el mundo, eso son derechos humanos. Y ahora, en este momento, no hay un tema más importante. Aquellos que no creen en los derechos humanos tienen un discurso de que solo nos ocupamos de las minorías y no entendemos los problemas de la gente común. Y no, los derechos humanos son los problemas de la gente común. ¿O no son derechos humanos el acceso a la salud, a la educación, o que no te desalojen de tu vivienda?
En una batalla como las vacunas, quizás resulte más complicado encontrar culpables concretos como sucede en otros asuntos.
-No, no, hay dos colectivos responsables de que no tengamos vacunas accesibles todavía. Uno son las empresas farmacéuticas, todas las empresas que se resisten a compartir tecnología, conocimiento y a una exención temporal de las patentes. Y el segundo, la Unión Europea, que se niega a esa exención, con la excepción de algunos países como Francia. España parece que está cambiando su posición sobre la exención de patentes, pero Alemania, por ejemplo, se opone. Estamos ante un reto, efectivamente, en la tortura el torturador está claro, pero en las vacunas también hemos logrado identificar quiénes son los responsables.
Coincide esto con un momento de irrupción de discursos que abogan por recortes en derechos humanos.
-Todos los seres humanos nacemos libres e iguales. No hay unos superiores a otros. Este fue el gran avance y la respuesta en la humanidad al holocausto. Este discurso que considera que hay humanos que tienen menos derechos que otros, sean mujeres, inmigrantes, personas refugiadas, minorías... es el más peligroso porque cuestiona la esencia misma de los derechos humanos. Ahora gobiernos como Erdogan en Turquía, Orban en Hungría, Bolsonaro en Brasil o hasta hace poco Trump en Estados Unidos, han construido el liderazgo político sobre la base de un enemigo que hay que combatir, y que tiene menos derechos. Y eso lleva a prácticas de odio, y a una discriminación gravísima. Quizá ese es el punto de inflexión más grave en los últimos veinte años.
Amnistía en España ha iniciado una campaña contra la ‘ley mordaza’.
-En España por supuesto hay libertad de expresión, pero está amenazada. Fundamentalmente por esa ley de 2015, que responde al intento de desmovilizar a la gente que había empezado a movilizarse desde 2011. Esta amenaza se ha consolidado porque en nuestra opinión equivocadamente el Tribunal Constitucional ha aceptado varios de los supuestos de esta ley sin tener en cuenta el marco internacional de derechos humanos. Y se ha utilizado durante el estado de alarma, por lo menos durante los primeros meses. Tuvo hasta un millón veinticuatro mil propuestas de multas. Es una ley llena de ambigüedades, donde el control de los jueces es mínimo y donde la policía tiene un poder omnívoro. Es una amenaza muy clara, y no solo a la libertad de expresión para activistas sociales o artistas. Es una amenaza global nacional.
También están a favor de un cambio en la Ley de Secretos Oficiales.
-Esto es importantísimo para los derechos humanos y para este país.
Un tapón para la memoria, el reconocimiento y la reparación.
-Y para el día a día incluso. Esta es una ley del año 68, franquista, que ha sufrido alguna reforma, pero básicamente franquista, que busca que no haya información del Estado que sea desclasificada, a diferencia de Estados Unidos, de Inglaterra o de Francia, que van desclasificando información. Aquí no desclasifica nada, y esto es muy preocupante porque impide avanzar y es una tentación para que las cuestiones queden impunes. Por ejemplo en los asesinatos en la Transición por parte de grupos parapoliciales. No conocemos tampoco lo que ocurrió en el País Vasco y Navarra con el Estado en materia de torturas y malos tratos, importante durante años. Estamos intentando abrir las ventanas y las puertas, y que los ciudadanos puedan conocer información desclasificada que permita entender violaciones de derechos humanos y en su caso combatirlas si es posible. Es como si aquí se considerara a la población menor de edad, incapaz de obtener claridad de lo que ha ocurrido en este país.
Su organización ha celebrado el indulto de los Jordis.
-Es un caso en el que una parte de españoles piensa que nos hemos metido hasta el fondo donde no deberíamos, y otra parte independentista piensa que nos hemos metido muy poco. Fuimos la única organización que estuvo en las 52 sesiones del juicio. Para nosotros lo fundamental es que el Tribunal Supremo les condenó por delito de sedición, muy ambiguamente redactado en el Código Penal. Y lo interpretó de una forma muy peligrosa para los derechos humanos, lo cual llevaría a que personas que protestan por desalojos pudieran ser objeto de sedición. Esa condena a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la sociedad civil, no personas que estaban manejando presupuestos, por manifestarse pacíficamente en relación a una orden judicial, viola en nuestra opinión su derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Y por eso, Amnistía Internacional desde el primer día pidió la libertad de ambos.
El indulto es un alivio para ellos.
-Es importante. Hace poco estuve con ellos en la prisión, días antes de que fueran indultados. Es importante para ellos y sus familias, y porque ninguna persona debe estar en prisión injustamente. Pero no cancela la condena. En nuestra opinión, la condena fue injusta, y no deberían haber pasado ni un día en la cárcel.
¿Y en cuanto al resto?
-El resto eran autoridades, no es lo mismo la libertad de expresión de un miembro de la sociedad civil que de una autoridad.
¿Qué piensan de los indultos?
-Estamos claramente a favor de los indultos de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
¿Y sobre el resto?
-La ambigüedad y mala interpretación del Tribunal Supremo del delito de sedición afecta también a varias autoridades. Por lo tanto, lo que hemos en su caso desde el principio es que revisaran su juicio, porque pensamos que el delito tampoco debería ser aplicado a ellos por lo ambiguo y por cómo lo plantea el Tribunal Supremo. Pero nuestra trabajo se ha centrado en los miembros de la sociedad civil.
"AL ESTADO LE INCOMODA RECONOCER QUE LA TORTURA FUE GENERALIZA"
“Al Estado le incomoda reconocer que la tortura llegó a estar generalizada”, dijo Esteban Beltrán a este periódico en 2017. Casi cuatro años después, recuperamos este asunto.
¿Hay una ventana oportunidad para reconocer el pasado? ¿La tortura está erradicada?
-No es un tema que esté en el debate público. Los avances son provocados por las autoridades autonómicas del País Vasco y de Navarra, pero no ha habido avances en el Gobierno central. Es verdad que también quedan una parte de los crímenes de ETA sin resolver. Pero en el tema de torturas quiero recordar que el forense Paco Etxeberria en el País Vasco a través del protocolo de Estambul, que es la herramienta para juzgar casos de tortura, ha documentado y grabado casi tres mil testimonios. Ahora la tortura no es digamos tan grave, o los malos tratos. Pero queda por ejemplo toda la legislación antiterrorista con el régimen de incomunicación vigente, aunque no se esté aplicando. Nosotros siempre hemos dicho que debería haber en relación a la ‘ley mordaza’ y a otros abusos policiales, lo que tienen Reino Unido y Holanda, que es un mecanismo independiente de investigación. En España no lo hemos conseguido ni en la Guardia Civil, ni en la Policía Nacional ni en la Ertzaintza.
El Gobierno de coalición tiene muchísimo trabajo por hacer, y hay dudas sobre su voluntad para abordarlo.
-Hay una agenda legislativa importante por confirmarse. Desde la ley de memoria democrática, sobre verdad, justicia y reparación a víctimas del franquismo, hasta la ley sobre violencia sexual, importante, porque la violencia sexual ha quedado en segundo plano, y al menos cinco mujeres al día son violadas en España. Estamos además en riesgo de que Canarias se convierta en una nueva isla griega donde la gente quede varada y sin derechos. Hemos visto en cuanto a inmigración y personas refugiadas miles de devoluciones en caliente en Ceuta muy recientemente. Y otro aspecto importante: Hemos vivido una década perdida en cuanto al sistema nacional de salud.
Pasar de las palabras a los hechos, y que ello se proyecte socialmente factible.
-Los derechos humanos hacen las sociedades estables. Los países nórdicos invierten en derechos. Si no tienes una agenda ambiciosa en esta materia vas a hacer inestable a tu país a medio y corto plazo.
