Luis Bárcenas declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos del PP, entre los que mencionó a Francisco Álvarez Cascos, trataban con donantes de la caja B sobre adjudicaciones públicas.

El extesorero compareció ante el magistrado que investiga si las inyecciones de dinero que se hacían a la caja b tenían como objetivo lograr adjudicaciones concretas, y recordó un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos. Ese supuesto desencuentro entre Álvarez Cascos y Lapuerta habría sido el punto de inflexión. De acuerdo con Bárcenas, a partir de ese momento todas las gestiones relativas a esa cartera pasaron directamente por el que fuera titular de Fomento.

Bárcenas manifestó que los pagos a la contabilidad oficiosa tendrían como principal objetivo acceder a los responsables de las administraciones licitadoras. Bárcenas describió una dinámica en la que tendría como primer eslabón a los donantes y a los tesoreros, que se encargarían de recabar el dinero y las pretensiones. Se refirió a este entramado como un lobby donde él y Lapuerta harían de relaciones públicas. En el siguiente escalón, la maquinaría funcionaría con los ministros de Fomento y Medio Ambiente y con sus secretarios.

Además, Bárcenas diferenció dos estructuras: una nacional, de la que formarían parte los ministros y las empresas que contactaban con Génova para obtener adjudicaciones estatales, y otra autonómica donde estarían implicados los presidentes de las CCAA. Aquí, explicó que en el PP habría surgido una disputa interna entre el partido de Madrid y el nacional por las obras de una carretera al norte de la región. Lapuerta habría estado muy encima, hablando con Cospedal y otros dirigentes.

El extesorero justificó que esos datos estaban en la documentación que le habría robado la operación Kitchen. Esta vez culpó al comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo jefe de seguridad de Cospedal, de la desaparición de las supuestas pruebas sobre la caja b a causa del espionaje que se habría montado en 2013 en Interior.

Recordó que el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir tenía gran relación con Lapuerta, a quien entregaría el dinero donado. De ACS dijo que nunca fue donante; y sobre el dueño de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, declaró que era un pagador importante con interés por ADIF.