Trece diputados del PP cargan al Congreso un viaje a Palma para un acto del partido

Acudieron a la proclamación de Marga Prohens como presidenta de la formación de Pablo Casado en las Islas Baleares

13.08.2021 | 16:50
Marga Prohens, presidenta del PP balear

Una vez más, el PP. Trece diputados de la formación que preside Pablo Casado viajaron a Palma de Mallorca el pasado julio para un acto del partido y cargaron los gastos a cuenta del Congreso de los Diputados. Una prueba más de que la transparencia sigue sin llegar a las Cortes españolas, ya que diputados y senadores continúan tirando de chequera ajena, las de sendas Cámaras, sus desplazamiento sin necesidad de justificación, ya sea en avión, tren, barco, autobús o coche particular. Todo ello pese al revuelo público que aconteció en 2014 cuando se supo que el expresidente de Extremadura, José Antonio Monago, viajó en año y medio 16 veces como senador a Canarias, donde residía su pareja. Solo entonces las Cortes empezaron a ofrecer algo más de información. Por aquella época, el que fuera portavoz del PP en la Cámara baja, Alfonso Alonso, soltó aquello de que "esto no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad".

En concreto, el pasado 24 de julio, la diputada Marga Prohens fue elegida presidenta del PP balear, y hasta una docena de sus compañeros quisieron compartir con ella ese momento: Eduarte Uriarte (diputada por Madrid), Pepe Ortiz (Cádiz), Eduardo Carazo (Valladolid), María de la O Redondo (Córdoba), Óscar Gamazo (Valencia), Andrés Lorite (Córdoba), Paloma Gázquez (Asturias), Alicia García (Ávila), Vicente Betoret (Valencia), Ana Zurita (Tenerife), Rosa Romero (Ciudad Real), Elena Castillo (Cantabria), José Ángel Alonso (Valladolid) y Sol Cruz-Guzmán (Sevilla). No fueron los únicos. Allí también se encontraron, por cargo orgánico, los también diputados el propio Pablo Casado; el secretario general, Teodoro García Egea; la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra; el vicesecretario general, Antonio González Terol; Alberto Casero, de la secretaría de organización, así como la presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul.

Varios de los protagonistas reconocieron los hechos a Diario de Mallorca, e incluso una portavoz del grupo parlamentario ha recordado que disponían de esa opción, puesto que hay una partida para viajes de "naturaleza política" y la asistencia a un mitin es el acto político por antonomasia. Otros dirigentes del PP que no viajaron hasta la isla sí que mostraron su crítica con este proceder. "Menos viajes y más currar, algunos se están especializando en los congresos de fin de semana" o "fueron a calentar una silla, hacerse la foto y a estar cerca de los jefes". Estas han sido algunas de sus quejas sin revelar su identidad. Desde Génova sostienen que la partida presupuestaria del Congreso solo sufraga el desplazamiento, en este caso el avión, mientras que el alojamiento es costeado por el partido o bien por cada parlamentario. Respecto a si es necesario que un número tan elevado de parlamentarios acuda a un acto de ese tipo si no ostentan responsabilidad orgánica ni participan de ninguna manera en el cónclave, Cuca Gamarra desistió de hacer algún tipo de comentario.


El Tribunal Supremo, cuando archivó una querella contra Monago por malversación de caudales públicos (gracias a que el PP alegó que le había encargado que pusiera especial atención en Canarias), sugirió al legislativo que regulara mejor los desplazamientos para evitar "toda confusión" entre "desplazamientos privados y oficiales, dado que la confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento del sistema de representación política constituye la base del Estado de derecho". Pero todo ha quedado como una tormenta de verano. El marco vigente tiene su origen en aquel momento, cuando las mesas del Congreso y el Senado, presididas entonces por el PP, que contaba con mayoría absoluta, aprobaron una resolución en la que se comprometieron a dar cada trimestre el gasto total en viajes. Eso sí, se desconoce el número y el motivo de los desplazamientos de cada parlamentario porque las Cortes no obligaron a hacerlo bajo el argumento de que "el ejercicio de la labor política y parlamentaria debe ser libre" sin "ningún tipo de censura o control previo, en forma de autorización, sobre la misma, más allá de los límites ya establecidos en nuestro ordenamiento jurídico".

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