En el pleno de política general del Parlamento Vasco que abrió ayer el curso político, el segundo año de la legislatura, el lehendakari inició el viaje hacia una nueva etapa. Tras una fase de resistencia contra la pandemia, el coronavirus remite, y el foco se situará ahora en la recuperación económica, el “renacimiento” de Euskadi, con una inversión nueva de 250 millones este año, y que llegará hasta los 1.600 el próximo a través de los Presupuestos y fondos europeos.
PNV y PSE tienen la mayoría absoluta necesaria para que el coche no se detenga. Pero Iñigo Urkullu tendió la mano a la colaboración para contar con algún copiloto en los Presupuestos o pactos de país como la Ley de Educación que se adelantará a 2022, y también planteó recuperar la soberanía previa a 1839 si los grupos apuestan por retomar la Ponencia de Autogobierno. No obstante, las posiciones los partidos siguen igual. En la gestión, primaron las críticas y las visiones negativas, con una voluntad más clara en un Podemos que desafinó con sus aliados de IU. Y, en el caso del estatus, siguen los vetos cruzados entre el PSE y la izquierda abertzale.
Urkullu comenzó con un recuerdo a las víctimas de la pandemia y con un ejercicio de “autocrítica en primera persona”. Pero no quiso menospreciar que Euskadi ha liderado la realización de tests, o que se ha garantizado la educación presencial con el 99% de las aulas abiertas. Ahora ve un punto de inflexión y apuesta por el “renacimiento” económico, sin conformarse con volver a la etapa prepandemia. Valoró que la cifra del paro del segundo trimestre es del 10,3%, cerca del objetivo de bajarlo del 10%.
El lehendakari, en la línea de abrir la puerta a otros debates en esta etapa, desarrolló la idea de la nación foral. El vaciamiento del Estatuto de Gernika por las invasiones competenciales, las limitaciones para gestionar la pandemia por los vetos judiciales y las sentencias del Constitucional alimentan este planteamiento. “Da la sensación de que asistimos a una mutación progresiva de las reglas políticas de relación entre Euskadi y el Estado que parecen perseguir una nueva relación uniformizadora”, censuró.
La Constitución española tiene letra pequeña y puede servir de enganche. Y el lehendakari la puso sobre la mesa. Recordó que, tras el proceso que comenzó con el Convenio de Bergara de 1839 y que culminó en la abolición de los fueros de 1876, a las instituciones vascas solo les queda como vestigio de su soberanía el Concierto Económico. Pero, en realidad, la Constitución española, al menos sobre el papel, recoge en su disposición derogatoria segunda que las leyes de 1839 y 1876 han perdido todos sus efectos. Por ello, la propia Constitución permite, sin necesidad de reformarla, regresar a un sistema de garantías similar al que existía entonces, con una bilateralidad efectiva y lealtad a lo pactado. A todo ello se suman las disposiciones adicionales del Estatuto de Gernika y la Constitución que permiten actualizar el autogobierno en virtud de los derechos históricos.
“Abogo por una extensión del mecanismo de éxito del Concierto Económico a una nueva fórmula de Concierto Político Vasco. Es decir, lealtad recíproca y seguridad jurídica en el ejercicio de un autogobierno actualizado con el objetivo del desarrollo y bienestar individual y colectivo”, dijo. Su intención es promover una fórmula que contribuya a “resolver el denominado problema vasco”. “Una fórmula de Concierto que nos permita la reintegración foral plena. Una fórmula de Concierto que consolide un sistema político de convivencia”, defendió. Planteó una “soberanía compartida” en un Estado compuesto.
“Se puede abrir paso en el orden constitucional, estableciendo un instrumento que preserve la bilateralidad con garantías de cumplimiento de lo acordado”, para que nadie pueda incumplirlo de manera unilateral. En otras ocasiones, el PNV ha citado también el pase foral, no aplicar una decisión de España que chocara con la singularidad vasca.
El lehendakari dejó la decisión en manos de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento. El PNV ha apostado por reactivar los trabajos del nuevo estatus, pero no se ha encontrado a unos socialistas receptivos y, al otro lado, EH Bildu plantea una reflexión sin tener tanto en cuenta el ordenamiento jurídico, lo que hace pensar a los jeltzales que busca marcar perfil y no alcanzar un acuerdo.
Pero el lehendakari puso el foco en la reactivación y anunció que el plan de inversión pública se adelanta a este año con 250 millones, con remanentes de tesorería y traspaso de cantidades en los Presupuestos de 2021. Las Cuentas de 2022 recogerán más de mil millones, y se sumarán los fondos europeos. En total, habrá 1.600 millones. El 50% irá a las infraestructuras sociales, educativas, culturales y de vivienda; y el resto a industria, digitalización, energías renovables y retos ferroviarios y portuarios.
Elkarrekin Podemos-IU no habló con una sola voz. Miren Gorrotxategi fue crítica y pidió un cambio de rumbo, pero mostró su disposición a explorar acuerdos en la Ley de Salud y las relacionadas con el medio ambiente como ocurrió con la Ley Antipandemia: “No somos socios externos, pero tampoco oposición de postureo”. Pero Jon Hernández, uno de los dos escaños de IU, descartó de antemano el pacto y dijo que su grupo ni puede ni quiere ser su socio. EH Bildu se centró en desmontar una por una las cuestiones planteadas por Urkullu. El lehendakari lamentó en su réplica las valoraciones negativas. Lanzó un mensaje tanto a Podemos como a Bildu. A los primeros les recordó que Podemos en el Estado pone como referencia las políticas vascas, y a los segundos les afeó que apoyen el techo de gasto español “a cambio de nada” y les resulte más fácil pactar en Navarra y Madrid.
El estatus sigue en medio de una sokatira. Por un lado, sus socios del PSE, por boca de Eneko Andueza, reconocieron que la recentralización de competencias es real (del que culparon al PP, no a gobiernos españoles socialistas) y tendieron la mano para buscar foros de cooperación, pero cargaron contra el informe de erosiones de la consejera Garamendi al ver sesgo ideológico, avisaron de que no van a mirar al siglo XIX, y rechazaron el derecho a decidir. Maddalen Iriarte, de EH Bildu, lo acusó de lo contrario: de renunciar al derecho a decidir. Volvió a ceñirse a las bases pactadas con el PNV y en parte con Podemos, en una fase ya superada. Desde PP+Cs, Iturgaiz pareció descolocado por la autocrítica de Urkullu e introdujo con calzador un neologismo: “la triunfalhumildad”. Casi no se detuvo en la gestión vasca y se situó a 500 kilómetros, cargando contra Sánchez. Condicionó un acuerdo a que el PNV rompa con el socialista. Vox, fuera de órbita, habló de sus recursos al Constitucional.
“Planteo alcanzar en esta Cámara un consenso sólido en torno a un gran proyecto de autogobierno”
“Reitero una vez más nuestra disposición a avanzar desde el diálogo y la colaboración”
Lehendakari
