- La justicia española no se da por aludida ante los reveses procedentes desde Europa en la causa abierta contra Carles Puigdemont. Después de que la Corte de Sassari rechazara su extradición y le dejara en libertad, a expensas de que el tribunal europeo resuelva sobre su inmunidad, sumando así un quinto país que desoye al juez Pablo Llarena y se pone del lado de los dirigentes exiliados; el Constitucional (TC) avaló ayer por unanimidad la vigencia de las euroórdenes estatales, europeas e internacionales dictadas por el Supremo (TS). El TC rechazó los recursos del expresident, así como de los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, contra las resoluciones del TS que acordaron emitir las órdenes de detención, las referidas al 14 de octubre y 4 de noviembre de 2019.
La decisión de no suspender la vigencia de las órdenes de detención impugnadas en amparo se basa en una consolidada doctrina constitucional, que niega la suspensión cautelar en el procedimiento de amparo de las medidas provisionales privativas de libertad o que puedan tener un impacto en el derecho a la libertad personal. El TC sostiene que hacerlo supondría una resolución anticipada del fondo del recurso. De esta manera, concede un balón de oxígeno a la instrucción de Llarena y al propio Supremo tras los acontecimientos en Cerdeña. El juez del TS insistió hasta en dos ocasiones a la Corte de Sassari que la euroorden está activa y, por tanto, vigente ante “determinadas informaciones” que sostenían lo contrario.
La posición del Constitucional va en la línea de lo manifestado por Llarena, quien explicó al tribunal italiano que las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecen que la presentación de una cuestión prejudicial comporta la suspensión del procedimiento nacional hasta que el TJUE se pronuncie. Pero subrayó que esa misma recomendación añade que “la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria” por lo que aquí “se estará a lo que decida el órgano jurisdiccional nacional”, es decir, a lo que decida Llarena. Y añadió que la orden de prisión y la euroorden de Puigdemont “tienen una indiscutible naturaleza cautelar” porque “son decisiones que sirven para que el evadido quede a disposición de la Justicia y pueda abordarse un enjuiciamiento que hasta ahora ha estado impedido por la fuga”. Las autoridades judiciales transalpinas no dudaron de la vigencia de la orden de detención contra Puigdemont pese a que Italia no arrestó a Comín y Ponsatí. cuyas euroórdenes siguen vigentes, mientras arropaban al expresident en su vista judicial. Sin embargo, entienden que Puigdemont puede circular por “todos los Estados” sin limitación de movilidad. El proceso en Italia prosigue con unos plazos difusos ya que probablemente haya que aguardar a la primavera de 2022.
Entre tanto, el TC desestimó el recurso de súplica, confirmando la decisión que ya adoptó el pasado 16 de marzo, consistente en no suspender preventivamente las órdenes de detención sin escuchar al Supremo. Todos los magistrados que componen el pleno piensan que aquella decisión fue respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, y no vulneró su derecho a la tutela cautelar porque el alto Tribunal abrió, simultáneamente, una pieza separada de medidas cautelares sujeta a un procedimiento contradictorio.
El enredo impulsado por la justicia española para extraditar a Puigdemont tiene soliviantado al soberanismo. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, censuró el “ridículo internacional” de la justicia española tras lo sucedido en Cerdeña, por lo que pidió poner fin “a la represión” del Estado, dejando claro que lo exigirán las veces que sean necesarias y dónde sea para conseguirlo. En los mismos términos se pronunció el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, señalando que “cualquier jurista si se quita las gafas absurdas de patriota” se dará cuenta de que Puigdemont está “perfectamente localizado” porque es eurodiputado. Desde En Comú Podem se exhortó a Llanera a dejar de hacer el “ridículo”.
Por contra, la ministra de Justicia, Pilar Llop, respondió a Pablo Casado, que el Ejecutivo español no puede adoptar ninguna medida contra el expresident porque su situación se encuentra en manos de la Justicia, en este caso la italiana. “El Gobierno respeta los tiempos y el curso del procedimiento”, incidió tras la acusación del líder del PP a Pedro Sánchez de estar “cruzado de brazos”.
“Hay que poner fin a la represión tras el nuevo ridículo internacional de la justicia española”
Portavoz del Govern
