A punto de cumplirse cinco meses desde que, el pasado 1 de septiembre, el Gobierno de Navarra aprobara el proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, la norma continúa su debate en comisión parlamentaria sin que tenga garantizada su aprobación definitiva.

Presentada en su momento sin ningún consenso político previo, la iniciativa del Ejecutivo está siendo sometida a un profundo proceso de revisión por parte de los grupos parlamentarios. Prueba de ello es que el debate en comisión arrancó el 2 de diciembre con 285 enmiendas, que ya superan de largo las 300 con las que se han ido registrando in voce. Después de cinco sesiones de trabajo en comisión, todavía falta por negociarse aproximadamente la mitad de ellas. Una tarea que es probable que se concluya durante el mes de febrero, con lo cual ya solo quedaría un último debate en el pleno del Parlamento para su rechazo o aprobación.

Entre las más de 160 enmiendas debatidas de este proyecto de ley, ha habido votaciones con variadas alianzas transversales entre las seis siglas del arco parlamentario.

Ha quedado claro en estos debates que los partidos mantienen diferencias de calado en cuestiones fundamentales, como en la denominada fiscalidad verde. Las discrepancias en esta materia afectan incluso a los propios socios del Gobierno. Ejemplo de ello es la enmienda defendida por Geroa Bai para que en el plazo de un año el Ejecutivo foral presente un proyecto de ley de fiscalidad climática, que no salió adelante porque el PSN y Navarra Suma votaron en contra.

Otro tema importante es el referente a la posibilidad de instalar parques fotovoltaicos y eólicos en la Comunidad Foral. En el estado actual en que se encuentra la tramitación del proyecto de ley, se confeccionarían mapas que delimitarían zonas en las que pueden autorizarse instalaciones fotovoltaicas, pero en cambio no se extendería esta misma legislación en el caso de los parques eólicos.

Una de las aportaciones que sí ha salido adelante para incorporar a esta ley es la Asamblea Ciudadana Navarra del Cambio Climático gracias a una enmienda defendida por EH Bildu que solo ha encontrado la oposición de Navarra Suma.

Se trata de un órgano que solo puede dictar recomendacionesy, por lo tanto, sin capacidad vinculante, pero de una importancia incuestionable.

Este tipo de participación ciudadana está cobrando fuerza especialmente en Europa en todos los niveles de la Administración Pública.

Son asambleas seleccionadas para que representen demográficamente al conjunto de la población y dirigidas por expertos que han de escuchar sus acuerdos después de haber tenido tiempo suficiente para aprender y deliberar antes de exponer sus conclusiones en una materia tan sensible como es la amenaza del cambio climático y la necesidad de preservar el planeta.

Hacer frente a los efectos negativos del cambio climático fue precisamente la motivación que llevó al Gobierno a redactar esta ambiciosa ley.

En su presentación, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, confió en que esta ley proporcione “la herramienta más importante con la que contará Navarra para para encarar los retos climáticos presentes y futuros”, ya que “establece medidas concretas que afectan a las administraciones, las empresas y las personas para avanzar en la mitigación de gases de efecto invernadero, la articulación de un nuevo modelo energético en la Comunidad Foral y la adaptación al cambio climático”.