Navarra pondrá peaje a los vehículos pesados. El Parlamento foral tramita ya le ley que habilita el canon para camiones que transiten las vías de gran capacidad y que, pese a las dudas que había generado en el propio Ejecutivo foral, finalmente verá la luz antes de que acabe el actual periodo legislativo. Para verano está prevista la constitución de Nafarbide, la empresa pública que se encargará de la gestión de los peajes, que se podrían empezar a cobrar en algunas vías antes de fin de año.
Se desbloquea así una cuestión en la que el Departamento de Cohesión Territorial viene trabajando desde hace al menos dos años. Las carreteras exigen inversiones urgentes, algunas, como los túneles de Belate y Almandoz, apremiadas por la Unión Europea bajo amenaza de sanción. Descartados los peajes en sombra -una empresa asume el gasto de obra y mantenimiento y el Gobierno paga por su uso- y limitada la inversión directa vía presupuesto público, el peaje para camiones se ha considerado la opción más viable.
La medida cuenta con mayoría en el Parlamento, donde solo se opone Navarra Suma, que ayer volvió a criticar una ley que lleva la firma de PSN, EH Bildu, Podemos e I-E, y que Javier Esparza consideró un impuesto encubierto. Pero que saldrá adelante con el apoyo o la abstención de Geroa Bai, que no ha querido firmar la proposición, pero que finalmente la avalará cuando llegue al pleno.
La ley fija como fecha máxima para la implantación de los peajes el 31 de diciembre de 2023, aunque el objetivo es que sean efectivos lo antes posible. Al menos el de la A-1, que podría aprovechar el arco que actualmente se utiliza en Gipuzkoa, y que será el primero en cobrar a los vehículos pesados su tránsito por Navarra. El Gobierno, no obstante, se ha comprometido con los cinco grupos que apoyan la ley a negociar el momento más oportuno para su implantación, una vez obtenido el visto bueno de las autoridades europeas.
Las estimaciones del Gobierno apuntan a unos ingresos anuales cercanos a los 40 millones, que equivale prácticamente al gasto presupuestario destinado al mantenimiento de las carreteras. Como referencia, el canon anual del peaje en la sombra que el Gobierno de Navarra paga a las concesionarias de las autovías del Camino y del Pirineo asciende a 75 millones. Por su parte, el coste estimado de las obras de duplicación de los túneles de Belate y Almandoz será de 90 y 63 millones, respectivamente.
La proposición de ley fija así el marco normativo de los nuevos peajes. Su implantación se limitará a las vías de gran capacidad. En concreto a las autovías del Norte (A-1), de la Barranca (A-10), de Leitzaran (A-15) y del Ebro (A-68). También se incluye la N-121-A entre Pamplona y Behobia, y se habilita al Gobierno foral para que pueda modificar las vías y tramos “siempre que se trate de gran capacidad”.
La ley deja la gestión del canon bien en manos del Gobierno, bien en manos de una sociedad pública (Nafarbide), pero especifica que “la recaudación se destinará a la financiación de las actuaciones de conservación y explotación viaria, así como a la construcción de nuevas infraestructuras e implantación de servicios asociados en la Red de Carreteras de Navarra”.
El pago se abonará en el momento de acceder a la vía y será obligatorio para los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas. Quedan exentos los vehículos de la Administración pública. La ley no determina el precio del peaje, que dependerá de la distancia recorrida, del deterioro de la infraestructura y de la suficiencia financiera. Se cobrará a través de un sistema “abierto, de flujo libre y sin detención de vehículos”. l
“La ciudadanía no debe pagar con impuestos las carreteras que deterioran los transportistas de la UE”
Portavoz del PSN
