Nada ha cambiado entre el 8 de marzo de 2018 y el de 2019, a excepción de la mayor conciencia social de la desigualdad, una realidad que ha abocado a las mujeres a reivindicar de nuevo el fin de la discriminación y de las violencias que padecen. Persiguen un proyecto de máximos, de igualdad plena, no quieren contentarse con las “migajas” ni politizar el movimiento, a pesar del avance reaccionario de parte de la derecha: todas las mujeres están llamadas a protestar contra la discriminación por género. El próximo viernes , día 8, el movimiento feminista vuelve a secundar la huelga y sale a la calle para visibilizar que, si ellas paran, se para el mundo.

“Nuestras reivindicaciones son una urgencia para las mujeres, porque estamos cansadas de sufrir violencias y desigualdades en todos los ámbitos de nuestra vida”, explica la portavoz de la Comisión 8M de Madrid, Inés Gutiérrez. Violencia sexual, violencia íntima, discriminación laboral, reparto desigual de tareas... Los motivos para parar el 8-M son los mismos que en 2018. En estos últimos doce meses, las reivindicaciones feministas han entrado en la agenda pública, y han sido cuestionadas por movimientos reaccionarios que utilizan la expresión “ideología de género” para poner en entredicho la lucha por la igualdad.

Aborto, prostitución, gestación subrogada y violencias machistas: el cuerpo de la mujer vuelve a constituir un espacio de batalla política y reivindicación. El debate sobre derechos sexuales y reproductivos parecía más o menos zanjado hace años, pero el discurso de Vox y del líder del PP, Pablo Casado, ha resucitado la polémica del aborto. Entre los objetivos de Vox está eliminar la cobertura sanitaria del aborto y derogar la ley de violencia de género. Además, la formación critica las ayudas que reciben las asociaciones de mujeres.

Amenazas ante las que el movimiento feminista se ha movilizado para recordar que la seguridad de las mujeres es la más urgente de las medidas que hay que adoptar. Desde 2003, año en el que empezaron a elaborarse las estadísticas, 984 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Solo en 2018, fueron 47 las víctimas, dejando a 39 menores huérfanos y, en lo que va de 2019, han sido asesinadas otras 9. A estas cifras hay que sumar los 27 menores asesinados desde 2013 -cuando empezaron a contabilizarse como víctimas de violencia machista- por sus padres o por las parejas de sus madres. Hay otros cuatro casos en investigación. En cuanto a la violencia sexual, uno de los principales asuntos que vertebraron las protestas del 8-M tras el caso de La Manada, en 2018 las denuncias por violación aumentaron un 22,7% hasta un total de 1.701, más de cuatro por día, si bien el número de violaciones es mucho mayor, según los expertos.

UNA MARCHA SIN SIGLAS POLÍTICAS El pasado año, el movimiento feminista marchó sin asociarse a ninguna sigla política, pese al intento de distintos partidos de apropiarse de las reivindicaciones de las mujeres. En un ejercicio con tantas citas electorales, es de esperar que las formaciones políticas traten de sacar rédito de las movilizaciones, pretensión a la que las feministas no van a acceder para proteger la transversalidad de las protestas.

“Lo que proponemos es otra forma de funcionar completamente distinta. Frente a lo excluyente, nosotras defendemos la diversidad; frente a las políticas que ponen en valor lo individualista, nosotras ponemos en valor lo colectivo; frente a la destrucción del planeta, nosotras ponemos encima de la mesa el cuidado y la defensa de lo común”, expone Gutiérrez. “Vamos tejiendo una alianza internacional que dé la vuelta a todo esto”, añade, si bien no es capaz de prever si este movimiento se traducirá de alguna manera en el panorama electoral.

Nada más llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez definió a su Gobierno como feminista, y conformó un gabinete mayoritariamente femenino: once ministras frente a seis ministros. Entre ellos, en primera línea, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, que había acompañado a las feministas el 8 de marzo. A pesar de prometer que el combate de la desigualdad iba a dirigir las acciones de su Ejecutivo, la intención no se ha traducido en cambios.

Aunque los socialistas se han mostrado partidarios de prohibir el acceso a la gestación subrogada y de trasladar al Parlamento el debate de la abolición de la prostitución, lo cierto es que el Ejecutivo no ha llevado a las Cámaras ninguna propuesta en este sentido, ni tampoco ninguna de las prometidas para hacer posible la conciliación. Y la coyuntura política, con la inminente cita electoral, ha jugado en contra de la reforma del Código Penal sobre la tipificación de delitos sexuales, una petición clamorosa del movimiento feminista. El proyecto de ley se estaba elaborando, después de que una comisión de expertos asesorara al Gobierno, pero no se ha ultimado y parece poco probable que llegue al Congreso antes de que se disuelvan las Cortes.

LAS RAZONES PERSISTEN “Es muy importante que todo este movimiento y todas estas propuestas se traduzcan en leyes. No solamente el Código Penal, también otras normas muy importantes como la de extranjería, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para la reconocer los derechos laborales de las trabajadoras”, enumera Gutiérrez. “Necesitamos cambios que vayan más allá en todas las esferas de nuestra vida: caminar libres por la calle, tener empleos más dignos, o que haya un reparto igualitario de las tareas”, agrega.

La portavoz de la Comisión 8M enfatiza que son “más de mil” los motivos por los que las mujeres deben salir a la calle el próximo viernes, 8 de marzo: la violencia, el cuestionamiento del sistema judicial, la inseguridad, la desigualdad laboral, la precariedad, la cosificación y el desigual reparto de los cuidados y las cargas familiares son algunos de ellos.