pamplona - Defender la dignidad del médico como funcionario público ante una agresión fue el principal cometido de la jornada que reunió ayer en el Colegio de Médicos de Navarra a juristas, policías y facultativos colegiados en torno a la atención al médico agredido. Dicho evento fue coronado con la intervención del consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, quien resaltó que la organización colegial navarra “no es ajena a este lamentable fenómeno” y ofreció como datos más reseñables, por lo novedosos, que durante 2018 las denuncias de agresiones a médicos (en este concepto se engloban las lesiones físicas, insultos y amenazas) alcanzaron su récord en la Comunidad Foral y llegaron a un total de 105 incidentes violentos, según los datos recogidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

En el desglose de casos, llegaron a cinco los asuntos en los que se produjo una agresión física intencionada, fueron seis aquellos en los que hubo una agresión física no intencionada, las agresiones verbales con amenazas del usuario alcanzaron las 60, hubo 33 casos de agresión verbal a través de insultos al facultativo y también se dio un caso en el que la amenaza fue a través de un escrito remitido al médico. La tendencia alcista de las agresiones a nivel estatal se confirma en la Comunidad Foral, donde en los últimos dos años se han disparado las notificaciones en forma de denuncias. Si en 2013 solo sumaban 28 los casos notificados, en 2014 ascendieron a 37, en 2015 subieron a 64, al año siguiente se mantuvieron en 63 mientras que en 2017 ya se elevaron hasta los 87 asuntos, lejos aún de los 105 del pasado ejercicio.

En este sentido, el presidente del Consejo General de los Colegios de Médicos, Serafín Romero, presente ayer en Pamplona, habló de esta “lacra” que se corresponde con un “entorno social violento” y habló del recorrido de los programas de atención al médico agredido desde que en 2009 muriera asesinada a tiros por un paciente en un ambulatorio de Moratalla la doctora murciana María Eugenia Moreno. El trabajo en la materia dio sus frutos también con la incorporación en la reforma penal de 2015 de la figura del médico en cuanto a víctima del delito de atentado contra funcionario público que viene regulado en el Código Penal con penas de entre 6 meses a tres años de cárcel.

EL 87% EN LO PÚBLICO Romero reflejó que el 87% de las 3.429 denuncias interpuestas entre 2010 y 2017 a través de las organizaciones colegiales se producen en el ámbito público y el 13% en una consulta privada, lo que no viene protegido precisamente por el reproche penal, ya que solo afecta al funcionario en cuanto al desempeño de su servicio público. En cuanto al ámbito de actuación, Romero destacó que el 53% de las agresiones se producen en la Atención Primaria, seguida por orden de importancia por las Urgencias y las consultas hospitalarias. En el 59% de los casos el agresor es el propio paciente mientras que en un 41% de los mismos quien agrede, amenaza o insulta es un acompañante. Golpes o lesiones se producen en el 12% de los casos, en un 31% existen insultos y en un 57% se dan amenazas, en una estadística que detalla que en un 10% se producen daños materiales en la consulta y que el 13% de todas estas incidencias causan la baja del facultativo que es agredido.