altsasu - Ainara Urjiko, la única joven de los ocho procesados en la calle con dos años de condena, fue la última en intervenir en el acto con el que finalizó la multitudinaria manifestación de ayer. Y fue para dar voz a los otros siete, a Jokin, Adur, Oihan, Jonan, Aratz, Iñaki y Julen con la lectura de un comunicado enviado desde la prisión de Zaballa. Comenzaba con unas palabras de sentido agradecimiento a todas las personas que se habían acercado ayer hasta Altsasu, en especial a aquellas procedentes de diferentes puntos del Estado. “Todas estas muestras de solidaridad y apoyo nos ayudan a hacerle frente a la cárcel. Eskerrik asko”.

Los jóvenes lamentaban que el tiempo corre, con más de dos años y medio de prisión para tres de ellos, y que seguían en la misma situación. “La sentencia de apelación continúa con el relato oficial y desoye nuestros recursos, sin siquiera entrar a discutirlos, y hace otra vez caso omiso a todas las pruebas y testigos que presentamos”, se lamentaban. “Hemos sido condenados por todos los delitos que se nos imputaban, sin haber probado ni nuestra participación en los hechos, ni siquiera nuestra presencia en el bar, más allá de los testimonios de los denunciantes”, incidían.

PRECEDENTE Los jóvenes de Altsasu muestran en la misiva su preocupación por “el precedente que están intentado crear y ser utilizados para lograr los objetivos políticos que algunos buscan con esta causa. Nos cabrea”, apostillan.

También se refieren al “peligroso uso que se hace del agravante de odio”, que “se debería utilizar para proteger y defender a minorías y grupos vulnerables, así como a personas que son atacadas por su ideología”. Según los jóvenes de Altsasu, “la Guardia Civil no es un grupo vulnerable”, así que a su juicio para justificar el uso del agravante “dan la vuelta a la norma para castigarnos con la máxima pena, retorciendo la ley al máximo”. Y es que a los jóvenes les impusieron penas de entre 13 y 2 años, confirmadas el pasado 7 de marzo por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Si bien no consideró terrorismo como pedía la Fiscalía, sí apreció los delitos de atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas con el agravante de discriminación ideológica.

Por otro lado, los firmantes de la carta advierten de que “en un futuro se corre el riesgo de que haya personas que se enfrenten a causas parecidas a la nuestra, gracias a nuestro precedente, y dependiendo de las consideraciones políticas de la acusación y de los jueces”. Asimismo, denuncian el uso abusivo de la prisión preventiva. “Entre todos, llevamos ya algo más de diez años pagados, bastante más de lo que consideramos que cualquier cumpliría en un caso similar”. También lamentan que, de llegar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “habremos cumplido de forma íntegra la condena”.

RECURSO AL SUPREMO “Sólo nos queda una oportunidad y es la del Tribunal Supremo. La pena que de ahí salga es la que tendremos que cumplir”, destacaban los jóvenes en su misiva. “Tenemos muy poca confianza en este tribunal, ya que no hay que olvidar que observó terrorismo y fue el causante de que fuéramos juzgados en la Audiencia Nacional, quitándonos el derecho al juez natural”, recuerdan.

Por ello, animan a la ciudadanía a denunciar este caso y otros a los que muestran su apoyo y solidaridad. Para finalizar con “un fuerte abrazo desde los barrotes de Zaballa” entre grandes aplausos, mientras que la palabra aske que se leía en el escenario se trasformó en un gran Eskerrik asko.