pamplona - El Consejo Navarro de Bienestar Social dio el pasado jueves luz verde al nuevo decreto de financiación para las entidades locales titulares de servicios sociales de base. La norma, una vez efectuada la propuesta técnica por parte del Departamento de Derechos sociales, se ha trabajado con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con objeto de darla a conocer y recoger sus aportaciones, así como con personal técnico y político de las diferentes áreas de servicios sociales de base.

Entre sus principales novedades la norma establece “un sistema equitativo de financiación asegurando unos mínimos a todos los servicios sociales de base, teniendo en cuenta las necesidades sociales específicas de cada territorio”. Asimismo, “también se fortalece la dotación de los equipos profesionales básicos para el desarrollo de las funciones de los cuatro programas y se garantiza la estabilidad en la financiación, incluyendo dentro de la misma figuras profesionales que hasta ahora se contrataban a través de convocatorias de subvención anuales como son los perfiles profesionales de apoyo del programa de empleo social protegido y del Plan Foral de Drogodependencias”. El nuevo decreto también “garantiza que las entidades locales puedan destinar parte de la financiación a la cobertura de situaciones de apoyo a procesos de inclusión o de emergencia social”.

ejes de financiación Respecto a los costes estructurales, se contemplan los gastos para el desarrollo de las funciones que los servicios sociales de base tienen encomendadas, abarcando los costes del equipo profesional básico, los de funcionamiento, así como los derivados de la dispersión territorial. En este sentido, se estratifica la población en diez tramos determinándose por cada uno de ellos el equipo profesional básico con el que debe contar cada entidad local.

Además, se incrementa la ratio de profesionales del trabajo y la educación social para los programas de infancia y familia e incorporación social, así como los perfiles de trabajo familiar en el programa de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes y de personal administrativo. El Gobierno foral financiará la mitad del coste estimado del personal del equipo básico y el 80% en las zonas consideradas de especial actuación. Por otra parte, son considerados costes de funcionamiento los gastos corrientes y de personal, a excepción de los ya contemplados en el equipo profesional básico.

Por último, también se incluye la dispersión geográfica, entendiendo que supone un incremento de los gastos que tienen que afrontar los servicios sociales de base. Para ello, se ha definido un índice de dispersión territorial específico. Tanto los gastos de funcionamiento como los de dispersión serán financiados íntegramente por Gobierno foral.

El segundo concepto incluido en la norma, los costes específicos, parte de la premisa de dar respuesta a las necesidades sociales de cada entidad local. La norma plantea el uso de indicadores ponderados de forma equitativa que respondan a la realidad local, entre los que se encuentran las de personas demandantes de empleo, la población igual o mayor de 65 años y los menores de 18 años. También se tendrán en cuenta las atenciones totales realizadas en cada servicio social de base, las personas con reconocimiento oficial de dependencia, los menores atendidos en riesgo o situación de desprotección y el número de unidades familiares perceptoras de renta garantizada. La financiación de este apartado será asumida por el Gobierno foral. - D.N.

Periodo de exposición pública. El periodo de exposición pública del nuevo decreto y la recogida de sugerencias a la ciudadanía se ha realizado a través del portal de Gobierno Abierto en el periodo comprendido entre el 16 abril y el 10 de mayo.