madrid - El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares (Madrid) investigará si se incurrió en un delito de descubrimiento y revelación de secretos en el caso relativo al suicidio de una trabajadora de Iveco después de que sus compañeros compartieran varios vídeos sexuales. El presunto autor de la difusión del vídeo se entregó ayer tarde y prestó anoche declaración en la Jefatura Superior de Policía de Madrid tras lo que quedó en libertad sin cargos.
El hombre, que tuvo una relación previa con la víctima del vídeo y que supuestamente habría difundido el vídeo hace alrededor de un mes, se ha personado a las cuatro de la tarde en el cuartel de la Guardia Civil en Mejorada del Campo, en Madrid, localidad en la que reside.
La decisión judicial de abrir diligencias se produje después de que la Policía Nacional investigara la autoría, difusión y reenvío de varios vídeos sexuales que llevaron a Verónica, trabajadora de Iveco de 32 años y madre de dos hijos, a suicidarse el pasado sábado. Según informa El Mundo, el cerco policial se está estrechando en torno a un exnovio de Verónica con el que mantuvo una relación hace seis años, momento en el que había roto con su anterior novio y hasta ahora marido.
Según las primeras averiguaciones, la semana pasada una veintena de compañeros recibió una grabación en la que aparecía la mujer sola y que se habría filmado hace cinco años. Al parecer, se trata de un total de cinco grabaciones de contenido íntimo y fueron enviadas a un grupo de WhatsApp de compañeros de trabajo por el exnovio.
Las primeras indagaciones de la Policía apuntan a que este hombre amenazó a Verónica con difundir esas imágenes si no volvía a retomar una relación sentimental con él, a lo que ella se negó, ya que estaba casada y tenía dos hijos de nueves meses y cuatro años.
Todo hace indicar que el hombre finalmente cumplió su amenaza. El vídeo llegó a una veintena de personas y desde ahí se distribuyó entre otros compañeros de trabajo. En menos de un día, las imágenes íntimas de Verónica ya habían sido compartidas por unas 200 personas. El viernes su marido, que también trabaja en la empresa, tuvo conocimiento de los vídeos, algo que ella trató de evitar en todo momento. Verónica no pudo soportar la presión y el sábado se quitó la vida en Alcalá de Henares.
La Fiscalía de Criminalidad Informática ha tomado cartas en el asunto y ha pedido a la Policía un informe sobre las circunstancias que rodearon el suicidio. También la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto de oficio una actuación ante “la posible difusión sin consentimiento” de las imágenes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó ayer tarde que el Juzgado de Alcalá número 5 ha acordado incoar diligencias previas una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le han remitido el atestado con las diligencias realizadas hasta este momento. La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla de su empresa.
Hasta ahora, la Policía investigaba quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo de contenido sexual que fue difundido entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares.
Unos hechos que ya se han judicializado y sobre los que se indagará si se incurrió en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Se trata del mismo juzgado que se encargó del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo el fallecimiento y que ha decretado el secreto de las actuaciones.
El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
Según explicó CGT Iveco, cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo. - D.N.
cambio tras el caso olvido hormigos
No hay detenidos. De momento, no hay detenidos y se investiga si fue una antigua pareja de la fallecida la que propagó por primera vez esas imágenes íntimas. Tras la reforma del Código Penal de 2015, a raíz del caso de Olvido Hormigos, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, “sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”.
La empresa aconsejó denunciar. Según CGT Iveco, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo.
Protocolos. Los Protocolos de Prevención del Acoso Sexual en el trabajo deben ser conocidos por todos los empleados y han de contemplar tanto medidas para evitarlo como de intervención en el caso de que se produzca, sin olvidar que deben proteger la confidencialidad de la víctima, según Encarna Abascal, secretaria técnica de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF. Para este sindicato, es necesario crear la figura del Delegado Sindical en materia de Igualdad, similar al de Prevención de Riesgos Laborales.
Un mes de acoso. La trabajadora de Iveco que se suicidó llevaba más de un mes recibiendo presiones de su expareja.
5 vídeos. Fuentes del caso informaron a Efe de que no existe un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde “dentro de la propia empresa”.
